Tras ser detenido el sábado en Córdoba, el ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, será indagado hoy en los tribunales de Comodoro Py por el juez Julián Ercolini en una causa en la que se investiga la compra de material ferroviario usado a España y Portugal.
Jaime llegó en la medianoche del sábado a Buenos Aires tras entregarse horas antes en una sede de la Policía Federal en Córdoba.
Desde allí fue trasladado a Retiro, al igual que su ex asesor y mano derecha Manuel Vázquez, quien fue detenido el sábado cuando estaba escondido dentro de un ropero en una vivienda de la localidad de Acassuso, en el partido de San Isidro, según fuentes judiciales.
Jaime y Vázquez se encuentran alojados en la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, dentro del porteño edificio Centinela, y hoy serán indagados por el juez Ercolini por malversación de caudales en la compra de trenes inservibles a España y Portugal.
Luego de la declaración, ambos quedarán detenidos en un pabellón común de la cárcel de Ezeiza, según confirmó ayer el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación y quien conduce el Servicio Penitenciario Federal (SPF), Juan Mahiques, en declaraciones al portal Infobae.com.
“El gobierno no va a darle ninguna clase de privilegios. Irá a un pabellón común con el resto de los presos, salvo que el juez disponga alguna medida especial”, precisó el funcionario.
A primera hora de la mañana del sábado pasado, el escrito del juez federal Julián Ercolini alborotó la escena política, ya que el magistrado dispuso que el cordobés sea detenido y “trasladado en carácter de incomunicado de forma inmediata”.
La causa
Según consta en la causa, unos 100 millones de euros fueron erogados para la compra de vagones y locomotoras para el ramal Belgrano Cargas que, según el juez, “no sirvieron ni siquiera como repuestos”.
En la historia reciente del sistema ferroviario argentino, Jaime, de 61 años, ocupa un rol protagónico al haber sido uno de los responsables políticos de la tragedia de Once, de acuerdo a la Justicia que lo condenó en diciembre de 2015 –sin sentencia firme– a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer como funcionario público por administración fraudulenta contra el Estado.
Además, sobre el ex funcionario también recaen otras dos condenas: en 2014, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba lo sentenció a seis meses de prisión por haber intentado robar pruebas durante un allanamiento en su casa en el marco de la investigación de la causa por enriquecimiento ilícito.
