El juez Marcelo Martín Bailaque, titular del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, fue designado como subrogante del Juzgado Federal de Rafaela. La designación fue el jueves pasado y estuvo a cargo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en pleno.
La resolución de los camaristas rosarinos implicó una rotación de magistrados para los juzgados que están vacantes, lo que incluye las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela y San Nicolás. Si bien estas rotaciones no incluyen sólo a Bailaque, sino a varios magistrados y fue hecha hace una semana, genera polémica ya que Bailaque fue imputado este miércoles en Rosario por tres complejas causas y el juez le dictó la prisión preventiva que no puede ser materializada porque tiene inmunidad de arresto.
En Rosario, la renuncia por jubilación de Sylvia Raquel Aramberri, quien hasta el 30 de abril ejerció en el Juzgado Federal Nº 2, la compensa la incorporación del juez federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, quien desde el 1º de marzo pasó a depender de la Cámara rosarina con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el norte provincial.
Bailaque
Este miércoles Bailaque fue imputado por los fiscales Federico Reynares Solari, Matias Scilabra y Juan Argibay Molina. La jornada terminó con la solicitud de prisión preventiva por parte de la Procelac y la decisión del juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz de dictarla, aunque con la salvación de la inmunidad constitucional
A Bailaque lo imputaron por:
- La conexión con los contadores Gabriel Mizzau y Eduardo Semino, en el marco de una causa por lavado de activos de la narcobanda de Esteban Alvarado. Resulta llamativo que el juez compartiera contador, Gabriel Mizzau, con un convicto por comercialización de drogas.
- Su relación con Fernando Whpei, titular de una entidad financiera, por el desbloqueo de fondos de la Cooperativa Portuaria de Puerto San Martín en tiempos del sindicalista Herme «Vino Caliente» Juárez a favor de una mutual vinculada con este empresario. La acusación del fiscal Reynares Solari sobre la falta de tratamiento de la recusación presentada por los estibadores, quienes alegaban un trato de favor hacia un «amigo», añade un elemento de irregularidad en la decisión de Bailaque de transferir una cifra millonaria.
- El presunto «armado» de causas contra el ejecutivo Claudio Iglesias y el empresario Jorge Oneto, ambos ahora procesados por lavado pero en su momento beneficiados por fallos de Bailaque. La declaración como arrepentido del ex titular de la Afip de Santa Fe y Rosario, Carlos Vaudagna, quien implica a Bailaque y Whpei en esta maniobra, es un punto crucial en esta investigación.
Bailaque se defendió de las acusaciones, negando vínculos con el narcotráfico, justificando sus decisiones en las causas y admitiendo una relación pasada y distante con el contador Mizzau. Su énfasis en los procesamientos que dictó contra Alvarado busca contrarrestar las acusaciones de inacción en ese sentido.
La inhibición de bienes y la inmovilización de cuentas, junto con la prohibición de salir del país, son medidas cautelares significativas dictadas por el juez Rodrigues Da Cruz. Habrá que ver cómo evoluciona la situación en el Consejo de la Magistratura y cuál será el desenlace de este caso que sin duda genera mucha atención en la provincia.
El choque de fondo
El allanamiento en Rafaela al estudio jurídico del tributarista Guillermo Zenklusen en Rafaela por el caso Vaudagna-Bailaque-Whpei, el 11 de abril pasado, acrecentó los rumores de un enfrentamiento de fondo en la Corte Suprema de la Nación protagonizado por Ricardo Lorenzetti, rafaelino también y a quien ubican como muy cercano a Zenklusen, y por Horacio Rosatti, santafesino al que relacionan con muy buen diálogo con el Ministerio Público Fiscal, que en el caso de Rosario tomó las riendas de las investigaciones al cambiarse al sistema acusatorio hace ya un año.
«La Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó su domicilio particular y también sus oficinas. Lo que más lo compromete es el permanente intercambio de mensajes que tiene con Vaudagna. Algo raro porque Vaudagna era la máxima jerarquía de la AFIP y Zenklusen litigaba permanentemente contra el órgano tributario», publicó el sitio especializado La Política Online un día después del procedimiento.
Según consta en la causa, Whpei -según contó Iglesias-, le exigía a este ejecutivo de la firma San Cristóbal que el abogado en la causa por lavado que enfrentaba junto con el desarrollador inmobiliario Oneto –que según dicen los fiscales habían «armado» Vaudagna y Bailaque- fuera Zenklusen. Iglesias tenía en Rosario otros letrados, que cuestionaron la causa que investigaba Bailaque.
De acuerdo con la investigación, Zenklusen estuvo en una reunión en Rosario de la que participaron también Whpei, Iglesias y uno de sus abogados rosarinos. Según dejaron trascender desde el entorno de Iglesias, el letrado de Rafaela, que tiene oficinas en Santa Fe y en Buenos Aires, no habría participado de la maniobra extorsiva.