Finalmente, el juez federal Daniel Rafecas quedó a cargo de la causa Hotesur, luego de que ayer la Sala I de la Cámara Federal removiera al magistrado Claudio Bonadio por serias irregularidades en el manejo del expediente y por no garantizar el derecho a defensa de los involucrados.
El nuevo magistrado fue quien en primera instancia había decidido desestimar la denuncia formulada por el fallecido fiscal Alberto Nisman acusando a la Presidente por encubrimiento en el caso AMIA, lo que luego fue confirmado en instancias superiores.
Rafecas resultó sorteado a primera hora de hoy entre seis jueces de la Cámara Federal: María Servini de Cubría, Sebastián Ramos, Ariel Lijo, Norberto Oyarbide, Rodolfo Canicoba Corral y el propio Rafecas, quien finalmente queda a cargo de la investigación.
Los que fueron a sorteo son los magistrados que se encuentran de turno en la Cámara Federal durante la segunda quincena de julio.
Ayer, la Sala I de la Cámara Federal, tras apartar a Bonadio por irregularidades, entre los que figura el polémico allanamiento que ordenó en las oficinas de la empresa en Río Gallegos, con el uso de la Policía Metropolitana.
La Cámara Federal analizó que el hecho de que el Gobierno porteño haya pagado el desplazamiento de los efectivos de la Metropolitana, encierra una serie de irregularidades. Si un juez federal o nacional tiene que realizar un procedimiento en otra jurisdicción que requiera de gastos, debe pedir fondos al Administrador General del Poder Judicial, que es un órgano del Consejo de la Magistratura de la Nación.
El Administrador General es quien administra el Presupuesto del Poder Judicial, de acuerdo a la ley de creación, Nº 24.937, y por lo tanto dispone de las sumas requeridas por los Juzgados para esta clase de situaciones especiales.
El Consejo de la Magistratura tiene un reglamento de viáticos, en donde están tabulados expresamente los montos diarios que corresponden asignar a los funcionarios judiciales que se trasladan a otra jurisdicción, de acuerdo a la distancia y la jerarquía de los funcionarios.
Sólo se otorgan viáticos a funcionarios judiciales. El Consejo de la Magistratura no solventa gastos o viáticos de las fuerzas de seguridad que acompañan a los funcionarios judiciales.
Para casos de urgencia, en los que no es posible gestionar con carácter previo los viáticos, los funcionarios judiciales realizan el procedimiento y luego presentan la rendición de cuentas requiriendo la restitución de las sumas de dinero correspondientes.
En este caso, el juez Claudio Bonadio no solicitó estos gastos. Entonces, se produce la primera irregularidad porque no se sabe con qué fondos viajaron los funcionarios judiciales.
Las fuerzas de seguridad que concurren en auxilio de la Justicia destinan recursos y movilizan a su tropa. Es decir, es la propia fuerza con sus recursos la que debe pagar el traslado, y no un Ejecutivo como lo hizo el Gobierno porteño de Mauricio Macri.
En este caso hay un desplazamiento irregular ya que la Metropolitana no tiene dentro de sus funciones la potestad de intervenir en Santa Cruz. Además el gasto salió de la administración central del Gobierno porteño, es decir un gasto irregular que podría configurar el delito de malversación de fondos públicos.
