El final del juicio a dos sacerdotes y a un ex jardinero imputados por violaciones y corrupción de menores que asistían al Instituto Antonio Próvolo, previsto para este lunes en Mendoza, es esperado con mucha expectativa en la comunidad y distintos organismos que aguardan fallos condenatorios que puedan convertirse en “un ejemplo y referencia en el mundo”.
Así lo señaló en diálogo con Télam la senadora provincial radical Daniela García, una de las primeras en escuchar las denuncias de los vejámenes en la Legislatura mendocina y quien llevó el caso a la Justicia.
“Mendoza será un ejemplo y referencia en el mundo”, auguró García, al recordar denuncias similares por abusos sexuales cometidos por sacerdotes en ciudades como Verona, en Italia; o en La Plata, donde nunca se llegó a una instancia de juicio oral.
Tras tres años de investigación, la Justicia decidirá la culpabilidad o no de los curas Nicola Corradi, de 83 años, y Horacio Corbacho, de 59 años, y al jardinero Armando Gómez, de 51 años, acusados de “abuso sexuales con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores contra niños hipoacúsicos” cometidos en el Instituto Próvolo de la localidad mendocina de Luján de Cuyo.
García fue quien en 2017 escuchó por primera vez a Luis Batistelli, profesor de Lengua de Señas, quien ayudado por un intérprete de señas le contó en la propia Legislatura los hechos aberrantes que ocurrían en el Próvolo.
Fue un 18 de noviembre de 2016, en medio de una charla sobre los Derechos del Niño en la Legislatura de Mendoza, cuando la senadora, tomó coraje y llevó la denuncia a la Justicia.
“No me siento protagonista, los protagonistas son ellos”, aseguró y llamó a “mantener esa escucha activa y creer en estas personas porque lo que vivieron fue durísimo”.
García recordó que la fiscalía pidió una pena de 45 años para los sacerdotes, mientras que los querellantes solicitaron la pena máxima, de 50 años.
La senadora valoró la fuerza que tomaron las víctimas para decir lo que les paso allí dentro y si bien “la reparación nunca será completa para ellos, que al menos exista justicia les va a aliviar un poco el daño”.
“Hay padres que hasta que surgieron las denuncias no sabían qué les pasaba a sus hijos. Decían esto es imposible. El espacio físico del Próvolo era muy lindo pero internamente era de terror”, recordó.
Por eso, señaló que así como muchas instituciones estatales confían en que la sentencia debe “ser ejemplar para Mendoza, para el país y para países vecinos y del mundo, y que esto sea el puntapié inicial para generar este tipo de prevención”.
El fiscal Gustavo Stroppiana, quien encabezó la mayoría de la instrucción, imputó a Corbacho por 16 hechos de abuso, de los cuales ocho son por abuso sexual agravado con acceso carnal (violaciones); y a Corradi y a Gómez por seis hechos de abuso sexual a cada uno, aunque finalmente quedaron 25 casos y no 28.
Otra de las acusaciones es por corrupción de menores, ya que la acusación indica que las víctimas eran obligadas a ver videos y revistas pornográficas.
