El espacio Juicio y Castigo Rosario, conformado por organismos de derechos humanos, sobrevivientes de la dictadura, testigos y querellantes de las causas contra el terrorismo de estado y organizaciones sociales y gremiales, repudió “al Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario (que iniciará en abril el juicio por la denominada causa Feced) por ningunear el pedido de los organismos y víctimas de la dictadura para que la sala donde se desarrollen las audiencias sea un lugar donde realmente el juicio sea público”.
El TOF2 emitió una resolución donde explica que “ya ha resuelto que el juicio oral y público se realizará en la sala de audiencias de este tribunal”, cuando desde el espacio Juicio y Castigo se habían hecho públicas sus tratativas con el municipio para buscar un lugar donde realizar el juicio adecuado a la magnitud del mismo.
Los organismos, que habían presentado al propio TOF2 la resolución del Concejo Municipal que ofrecía ese recinto para que se lleve adelante allí el juicio oral por la causa Feced, se notificaron esta semana que ese tribunal resolvió que el proceso se lleve adelante en su sala de audiencias ubicada en el edificio de Oroño 940.
“Otra vez nos toman el pelo y vuelven a desoír el reclamo de testigos, víctimas y organismos que pedimos que el juicio sea verdaderamente público y que la sala de audiencias permita que las víctimas, sus familiares y el público en general pueda ingresar sin restricciones de espacio”, expresaron desde Juicio y Castigo en su comunicado de repudio.
“Hay que tener en cuenta que este juicio es más numeroso en cantidad de víctimas (87) y testigos (193) que el iniciado el pasado 31 de agosto (la causa denominada Guerrieri-Amelong). Con sólo pensar que víctimas y testigos puedan ir acompañados por sus familiares ya nos damos cuenta la perversa restricción que nos está imponiendo el tribunal, con esta sala que también es muy pequeña”, señalaron, para agregar que “por esta razón queremos hacer pública nuestra indignación y repudio a la actitud del tribunal que parece no enderezar su actitud, luego de que en el juicio Guerrieri también nos impusiera una sala pequeñísima y nos censurara la posibilidad de llevar fotos de nuestros desaparecidos, entre otras actitudes reprobables”.
Cabe recordar que el juicio oral por la causa Guerrieri-Amelong, que retomará sus tramos finales el 2 de febrero, estuvo a cargo de los jueces del Tribunal Oral Federal N°1, integrado por Beatriz Caballero, Otmar Paulucci y Jorge Venegas; y que la causa Díaz Bessone (más conocida como Feced) se realizará en el TOF 2 que estará integrado por la misma terna de magistrados.
Los organismos denunciaron además “el ninguneo manifestado por el TOF2 para con las víctimas y testigos, ya que la forma en que nos enteramos que no habían aceptado nuestra propuesta del recinto del Concejo Municipal, ni de ningún otro lugar, fue a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, quien había también solicitado al TOF2 información sobre el lugar y las características que tendrá el juicio oral por la causa Feced. A los organismos y a los querellantes nunca nos contestaron nuestro pedido”.
El espacio Juicio y Castigo se reunió este viernes para analizar la contestación que el TOF 2 le había mandado a una comisión de apoyo a los juicios conformada por la Secretaría de Derechos Humanos, y que la propia titular del área, Rosa Acosta, envió a los integrantes de Juicio y Castigo, debido a que desde ese espacio habían solicitado al gobierno de Santa Fe su compromiso de ofrecer un lugar al TOF 2, para que este tenga más opciones de lugares amplios disponibles para la realización del juicio, que finalmente el tribunal ya decidió realizar en su propia sala.
Antes del inicio del anterior juicio oral (correspondiente a la causa Guerrieri-Amelong), el TOF1 había “escrachado” a los gobiernos municipal y provincial ante los organismos, y había hecho público que ninguno de los dos niveles del Estado había respondido a la solicitud realizada por el propio tribunal para que ofrezcan espacios alternativos a la Sala 1 del edificio de calle Oroño. Ahora, sin embargo, es la propia Justicia Federal rosarina la que desecha la posibilidad de realizar un juicio “auténticamente público
Deniegan excarcelación a Carlos Somoza
El juez federal Ariel Lijo denegó la excarcelación de Carlos Somoza, un ex agente de Inteligencia del Ejército detenido el martes imputado de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Fuentes tribunalicias confirmaron que el magistrado se negó a concederle el beneficio ante la posibilidad de que el represor intentara fugarse o eludir la acción de la Justicia.
En este expediente –que tramita por el “viejo” Código de Procedimientos– se investiga la responsabilidad de los integrantes del Batallón 601 en los secuestros y desaparición de miembros de la agrupación Montoneros en el período que abarcó la denominada “Contraofensiva”, en 1980.
Somoza, ex integrante del Batallón de Inteligencia 601, actualmente se encuentra en el hospital de la cárcel de Ezeiza aquejado de afecciones coronarias y está imputado en la causa desde el 26 de junio de 2009 cuando la Secretaría de Derechos Humanos, encabezada por Eduardo Luis Duhalde, amplió la querella.
