El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 reanudará el próximo 5 de febrero el juicio oral en el cual se investiga el presunto pago de sobornos para votar una ley de flexilibilización laboral en el gobierno de la Alianza, donde están imputados, entre otros, el expresidente Fernando De la Rúa y Mario Pontaquarto.
El cuerpo, integrado por los jueces Gerardo Felipe Larrambebere, Miguel Guillermo Pons y Guillermo Andrés Gordo, dispuso esa fecha para proseguir el debate oral que se lleva adelante en la causa 857/07, «Cantarero, Emilio Marcelo y otros s/ cohecho», para lograr la aprobación de la ley 25.250 de reforma laboral.
En el proceso, que comenzó el 14 de agosto pasado, se encuentran imputados por el delito de «cohecho activo agravado», que prevé hasta diez años de prisión, el exsecretario parlamentario Mario Pontaquarto, el expresidente Fernando De la Rúa, el extitular de la Side Fernando de Santibañes y el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique.
De la Rúa quedó implicado y fue procesado a raíz de darse por probado que hubo una reunión previa en la Casa de Gobierno donde se lo había informado de la intención de realizar un hecho ilegal para lograr la aprobación de la ley, y el entonces presidente habría dicho «eso arréglenlo con De Santibañes».
También están imputados por «cohecho pasivo agravado» los exlegisladores Augusto Alasino, Ricardo Branda, Alberto Tell, Remo Constanzo y Emilio Marcelo Cantarero, cuyo proceso está suspendido por cuestiones de salud.
El juicio tiene como fin investigar si efectivamente existió el pago de unos 5 millones de pesos/dólares entre senadores para «facilitar la sanción de la ley de Reforma Laboral», una norma «existencial para el Gobierno» de De la Rúa, según la acusación leída en el inicio del juicio.
De acuerdo a la causa judicial, la Side entregó cinco millones de pesos para repartir a senadores del bloque justicialista por su voto favorable a la sanción de la ley, dinero que habría manejado Pontaquarto en persona, guardado en su casa y luego llevado a la de Cantarero para el reparto.
Pontaquarto reiteró en su declaración ante el Tribunal que fue el propio De la Rúa quien ordenó, durante una reunión en su despacho en la Casa de Gobierno, pagar los 4,3 millones de pesos pedidos por un grupo de senadores justicialistas para aprobar las Ley de Flexibilidad Laboral en el 2000.
En tanto, en su declaración, De la Rúa se proclamó inocente, negó el pago de sobornos y no sólo calificó de absurda la acusación en su contra, sino que, dijo, está basada en «groseras mentiras» y «contradicciones».
A su turno, De Santibañes negó que los fondos de la Side hayan sido usados para pagar coimas y señaló que «fueron usados en forma legal y estaba debidamente documentados”.
En tanto, el exministro Falamarique tildó a Pontaquarto de “mentiroso fabulador” por implicarlo en el caso.
Durante las audiencias, ya testimoniaron el exvicepresidente Carlos «Chacho» Alvarez, quien dijo tener «certeza política absoluta» del pago de sobornos.
También declaró el por entonces líder de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, quien ratificó que el exministro de Trabajo Alberto Flamarique le dijo que «para los senadores tenía la Banelco», habida cuenta de que la ley ya había sido aprobada en Diputados y era resistida en la Cámara Alta.
En tanto, en su declaración ante el Tribunal, el entonces titular del bloque de senadores justicialistas, Augusto Alasino, negó haber cobrado coima para aprobar la ley de Reforma Laboral y aseguró que con la denuncia anónima de que hubo sobornos “buscaban demolerlo a De la Rúa”.
En el mismo sentido se manifestó el exsenador justicialista Alberto Tell, quien aseguró que “no hay pruebas de nada” en la causa.
Por su parte, el también exsenador del PJ Remo Constanzo se proclamó víctima de un «abuso institucional de extrema gravedad» y sostuvo que «fue una exitosa operación político-mediática», en alusión a la denuncia que luego se completó «con la aparición del arrepentido» Pontaquarto.
A su turno, tres ministros del gobierno de De la Rúa, Graciela Fernández Meijide, José Luis Machinea y Federico Storani, fueron unánimes al declarar que no tenían “constancias” de que los sobornos hubieran existido.
En tanto, el exjefe de Gabinete del gobierno de la Alianza, Rodolfo Terragno, afirmó que De la Rúa «desestimó» las denuncias por el pago de sobornos.
Finalmente, el exsecretario general de la presidencia Jorge de la Rua declaró que su hermano increpó a su entonces vicepresidente, “Chacho” Alvarez, ordenándole: “Como presidente del Senado sos el responsable, andá ya mismo a la Justicia a realizar la denuncia”.
