Aunque se conoció ayer, la decisión fue tomada la semana pasada por el camarista Guillermo Llaudet Mazza: el juicio por la explosión del edificio de Salta al 2100 que dejó 22 muertos, heridos, daños materiales y un nuevo escenario de la prestación del servicio de gas en la ciudad, se hará de forma oral.
El magistrado desestimó el pedido del gasista imputado para que fuera de forma escrita.
Según la fiscal que lleva la causa, Graciela Argüelles, de este modo será más rápido y “la sociedad podrá ver las consecuencias de la negligencia que tuvo la empresa Litoral Gas”.
“Es un precedente sobre cómo juzgar a una empresa privatizada que nuca renovó la estructura de servicios. Eso trae resultado fatales o menos trágicos pero también sancionables”, indicó la funcionaria judicial en diálogo con El Ciudadano.
Si bien no hay fecha de inicio del juicio, ahora es tiempo de que la defensa prepare el caso. Luego llegará la apertura de pruebas, audiencias y, finalmente, la sentencia. El antecedente inmediato por un caso con características similares, y del que se conocieron sentencias aunque todavía no los argumentos, fue la Tragedia de Once. El choque de trenes dejó 51 muertos, 789 heridos y como resultado fueron condenados no sólo trabajadores de la empresa sino autoridades políticas.
La explosión del edificio que estaba en Salta 2141 hasta el 6 de agosto de 2013 causó 22 muertes. Por el momento en que ingresó a los Tribunales provinciales y la carátula –estrago culposo– el juicio debía ser escrito y no público. Es que aún estaba vigente el viejo sistema procesal, donde los casos que se tramitaban con la modalidad de oral y público eran, por ejemplo, un incendio doloso seguido de muerte, homicidio calificado, robo seguido de muerte y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, entre otros.
La fiscal que entiende en la causa, Graciela Argüelles, pidió junto a varios querellantes que el juicio de calle Salta fuera oral y público, como en el nuevo sistema. La defensa del gasista acusado de desatar la tragedia lo había rechazado. Entonces, Argüelles echó mano a un antecedente –un fallo de la Corte Suprema de Santa Fe de 2010– y argumentó en su presentación ante la Cámara que el impacto social lo ameritaba.
“La trascendencia social de la causa afectó gravemente a la sociedad entera, no sólo a las familias de los víctimas y damnificados en lo material, entre otros. No podía hacerse a puerta cerrada. El debate debe ser abierto para que la sociedad pueda conocer los pormenores”, indicó ayer a este medio, Argüelles, quien agregó que el proceso también ganará en celeridad.
Para la fiscal, el juicio sentará un precedente en la provincia. “Es un antes y un después para la provincia, al igual que fue el juicio por la tragedia de Once, donde no sólo hubo penas para los ejecutores sino los responsables empresariales y políticos. Acá, ya sean los administradores del edificio como garantes del lugar o Litoral Gas como garante de la instalación, hay responsabilidades”, detalló Argüelles.
En diálogo con <El Ciudadano<, Marcela Nisorria, familiar de una de las 22 víctimas fatales de la explosión, celebró: “Es la forma más transparente de llegar a la verdad y a la justicia. No es lo mismo presentar un papel. Necesitamos (por los familiares de las víctimas) verles las caras a las personas que tuvieron responsabilidad y escuchar sus argumentos”.
Según Nissoria, ayudará a familiares y amigos a sobrellevar el duelo que mantienen desde 2013. “Tenemos una historia recortada en la cabeza. Esto va ayudar a aclarar. Nos preguntamos por qué nos pasó a nosotros y por qué explotó un edificio”, agregó.
Consultada por el paralelismo con el juicio que terminó hace poco más de dos meses por el choque en la estación Once, Nissoria rescató la lucha que mantuvieron los familiares en Buenos Aires. “Son un ejemplo. Hoy estamos cosechando una lucha que, de no ser colectiva, es imposible. Si no se insiste, la Justicia no avanza. En una causa grupal lo que pasa es que cuando uno se cae el otro sigue”, reflexionó la mujer. Y más, dijo que el paralelismo con el proceso en Buenos Aires puede llevar a cambiar problemas propios de la falta de control estatal en servicios concesionados o privatizados. “Once destapó la corrupción. Acá hay mucha gente que sabe y debe dar un paso adelante y denunciar. De nada sirve quejarnos de corrupción y cuando nos toca callarnos”, explicó, y agregó que la situación en la ciudad respecto al servicio de gas sigue siendo irregular.
Por la explosión del edificio la jueza Patricia Irma Bilotta imputó de estrago culposo a los inspectores de la empresa Litoral Gas Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica Viviana Leegstra. También al gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño, quien trabajó días antes de la explosión.
Lo mismo hizo con José Allala; y los tres integrantes de la administración del edificio siniestrado, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli. El delito prevé penas de hasta cinco años de prisión.
Un caso como antecedente
El choque de trenes en la estación Once en 2012, donde murieron 51 personas y hubo 789 heridos, derivó en un proceso de juicio oral de casi dos años. Fue comparable con el incendio en el boliche Cromagnon, la caída del avión de la empresa Lapa o el atentado a la Amia. Tuvo 29 imputados. Uno, el ex subsecretario de Transporte Ferroviario de la Nación, Guillermo Antonio Luna, quien murió en el proceso. Por los tribunales pasaron más de 200 testigos en 67 semanas. En más de 130 audiencias se repasaron casi 16 mil fojas, entre pericias técnicas y contables. Hubo condenas para 21 de los 28 imputados, entre ellos, los ex secretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime. La mayoría de los empresarios vinculados a la causa fueron condenados con penas de entre ocho y cuatro años de prisión. Los jueces coincidieron en que eran responsables de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional y estrago culposo.
