La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, plantó una denuncia penal contra los gremialistas que encabezaron el paro general del pasado 30 de abril. Y como dato sugestivo, en lugar de formalizar la presentación en Capital Federal, donde gremios y federaciones tienen la mayor parte de sus sedes centrales –y donde se convocó la huelga nacional–lo hizo en un juzgado de la ciudad bonaerense de Morón.
Los denunciados son el titular de La Bancaria y la Corriente Federal de Trabajadores, Sergio Palazzo; el diputado nacional y jefe de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; el titular nacional del gremio de Canillitas, Omar Plaini, y los líderes de la Federación Nacional de Camioneros y del Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN), Hugo Moyano y su hijo Pablo. En paralelo, el fiscal que investiga presuntas irregularidades en el club Independiente de Avellaneda volvió a mencionar el posible encarcelamiento de Pablo Moyano. La ofensiva coincide con apertura al sindicalismo de la convocatoria a un diálogo que lanzó el presidente Mauricio Macri.
“Nos involucra en 23 hechos delictivos bajo la figura de una asociación ilícita para ser coercitivos en el pensamiento de la gente”, se indignó con Bullrich el jefe de los bancarios. La presentación se consideró un total disparate como forma jurídica, pero a la par como una clara señal de apriete frente a los diez mandamientos que el presidente Macri intenta imponer para aquietar las turbulencias que no acierta a resolver el gobierno. Estos diez puntos son considerados por la oposición también un disparate, pero político.
De igual modo, la denuncia de Bullrich también sembró suspicacias. “La hizo en un juzgado de Morón en lugar de denunciarnos en Capital. No sé por qué”, dijo Palazzo en declaraciones a El Destape Radio. Y explicó que no le sorprende la determinación del gobierno “porque va en línea con atacar a los que protestan”.
“Está claro que el gobierno en vez de hablarle a la gente le habla a los mercados y les habla reprimiendo en la calle o por vía judicial”, concluyó el titular de La Bancaria.
En paralelo, y por una causa alejada del sindicalismo –en lo formal– el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, no descartó volver a pedir la detención del vicepresidente de Independiente, Pablo Moyano, por la causa de asociación ilícita que involucra a su gestión en el club y sus vínculos con el barrabrava Pablo “Bebote” Álvarez.
Se trata del mismo pedido que el funcionario judicial ya había cursado, pero el juez del caso, Luis Carzoglio, consideró que ni había pruebas suficientes ni ameritaba detención. Y denunció presiones políticas para avanzar en un encarcelamiento que no consideraba jurídicamente válido. El resultado, pese que identificó a quienes lo habían visitado ofreciéndole dinero como funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, fue que lo suspendieron a él, con un pedido de juicio político en su contra.
Corrido en forma cuanto menos escandalosa el juez, el fiscal avanzó sin reparo alguno con nueve allanamientos a sedes sindicales de Camioneros, aprobados por la nueva jueza de la causa, Brenda Madrid.
“No descartamos insistir con el pedido de detención, pero tenemos que esperar el resultado total de los allanamientos para evaluar si corresponde”, marcó esta vez el fiscal Scalera.
“Espero que no quiera cobrarnos el gasoil”
“Espero que esta señora no quiera cobrarnos ahora el gasoil y los gastos que implicaron la llegada de estos 150 gendarmes que lo único que hicieron fue incomodar a la gente que venía a atenderse por la obra social”, jaqueó Hugo Moyano al abanico de allanamientos que tuvieron como blanco a distintas sedes de Camioneros.
El dirigente fue prístino en cuanto al resultado del operativo: dijo que los gendarmes “han venido al pedo” y pidió al presidente Macri “que deje de hacer gansadas y estupideces”.
Así atribuyó ciento por ciento al gobierno nacional y a la pelea política y sindical la responsabilidad por el operativo en una causa donde se investigan supuestos delitos en el club Independiente, que Moyano preside. “Esto es una demostración de la incapacidad de un gobierno que no sabe qué hacer”, sostuvo.
En tanto, su hijo Pablo, número dos de la Federación de Camioneros, volvió a quejarse con una advertencia grave: “Esta es la vigésimoquinta vez que allanan Camioneros; si nos quieren meter miedo no lo van a conseguir, no vamos a firmar la reforma a la ley laboral”.
Hugo Moyano agradeció también a los militantes y afiliados que fueron hasta la sede gremial, ante quienes habló unos minutos después del allanamiento, que duró unas siete horas y en el que se desplegaron uos 150 efectivos de la Gendarmería Nacional.
Los Moyano relacionaron el operativo con el paro nacional de la semana pasada, y Hugo volvió a replicar a la ministra Bullrich, quien anunció que le cobraría a los organizadores del paro del 30 de abril los “gastos extras” por el operativo policial que desplegó para cubrir la protesta.
