Jorge Elizondo*
El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fue reclamado por los grandes bancos, las corporaciones transnacionales y la gran burguesía argentina –por entonces nucleada en la Asamblea Permanente de Empresarios (APEGE), hoy, en la Asociación de Empresarios de Argentina (AEA)– y anunciado y celebrado con grandes titulares por los mismos medios hegemónicos que actualmente proclaman su amor eterno a la República y a la Constitución.
Las fuerzas armadas no tuvieron demasiadas dificultades para tomar el control absoluto del Estado, ya que buena parte estaba ya bajo su control. Cabe destacar que durante el mandato de María Estela Martínez de Perón se dictaron los decretos 1368/74, que estableció el estado de sitio en todo el país; 261/75, que dispuso la intervención del Ejército en Tucumán en el llamado “Operativo Independencia”, y 2770, 2771 y 2772/75, por los que se crearon el Consejo de Seguridad, el Consejo de Defensa, la subordinación a este último de la Policía Federal y del Servicio Penitenciario y se ordenaba el “aniquilamiento de la subversión”. También, bajo su mandato, las fuerzas parapoliciales de las Tres A (Alianza Anticomunista Argentina) asesinaron a miles de militantes políticos, sindicales y estudiantiles.
El plan económico de Martínez de Hoz ya se había diseñado poco después del fallecimiento de Perón. Su aplicación desató una veloz concentración y crecimiento de ganancias en las clases dominantes, y una enorme reducción de la participación de los trabajadores en la renta nacional.
A un año del golpe Rodolfo Walsh, en su Carta Abierta a la Junta, sintetizaba los efectos inmediatos del plan de Martínez de Hoz: “Dictada por el Fondo Monetario Internacional (…) la política económica de esa Junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales (…) al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete».
Como consecuencia del definido realineamiento internacional con el imperialismo norteamericano, en el marco del “Plan Cóndor”, la dictadura profundizó la represión contra la militancia popular y los sectores de vanguardia de la clase obrera. Miles de detenidos, cesanteados, torturados y perseguidos, además de los 30 mil desaparecidos, demuestran que existía un perfecto acuerdo entre las tres fuerzas armadas, los grandes bancos, las corporaciones transnacionales y la gran burguesía argentina en desatar un genocidio contra el movimiento obrero y popular.
La mayoría de las víctimas de la represión fueron trabajadores conscientes, miembros de comisiones internas, cuerpos de delegados y organizaciones políticas del campo popular, muchos de ellos entregados por las patronales, entre las que cabe mencionar a Acindar, Siderar, Ford, Mercedes Benz, Molinos Río de la Plata, Vicentin, Loma Negra, Ingenio Ledesma, La Veloz del Norte.
La mutilación de la Ley de Contrato de Trabajo
Pocos días después del golpe, en abril de 1976, la llamada ley 21.297 derogó 25 artículos y reformó otros 97 (sobre un total de 301) de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, sancionada en 1974. Sus objetivos eran “restablecer la autoridad del empleador en la empresa”, eliminando restricciones; “prescindir de innecesarios procedimientos de contralor”; “eliminar disposiciones que establecen el aumento automático y proporcional de salarios de convenio en caso de modificaciones al salario mínimo vital y móvil”; “eliminar las normas referentes al pago de los días de huelga”.
El capítulo VI, “Efectos de la huelga y otras medidas de acción directa”; fue eliminado totalmente. Algunos de los artículos suprimidos protegían el derecho de los trabajadores reafirmando el carácter suspensivo de la huelga sobre los efectos de la relación laboral; afirmando que la participación en ella no podía ser causa de despido; consideraban trato discriminatorio incorporar a algunos trabajadores y dejar afuera a otros luego de una huelga; prohibían contratar “carneros” para sustituir a los trabajadores en huelga; determinaban que correspondía pagar los días de huelga cuando las medidas de fuerza obedecieran a culpa del empleador.
La supresión de estas garantías –no recuperadas hasta hoy– convierte el ejercicio del derecho de huelga, herramienta de resistencia de los trabajadores, en un riesgo para la subsistencia de sus puestos de trabajo.
La impunidad de los cómplices civiles
Pese a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dictadas durante el gobierno de Alfonsín, y a los indultos de Menem, anulados luego por el Congreso de la Nación, por decisión de Néstor Kirchner, gran parte de los responsables militares y policiales del genocidio han sido juzgados y condenados, otros procesos se hallan en trámite, lo que constituye un ejemplo para nuestro continente y para toda la humanidad.
Pero las causas judiciales contra los responsables civiles y eclesiásticos de las desapariciones y otros delitos se desarrollan con dificultades inmensas, ya que parte del Poder Judicial nunca dejó de poner trabas a su juzgamiento y condena. En particular, han sido beneficiados los empresarios autores y cómplices de delitos cuyas víctimas fueron trabajadores de sus empresas. Un caso paradigmático es el de Ingenio Ledesma, donde se utilizaron vehículos de la empresa para secuestrar y hacer desaparecer trabajadores, hubo operativos dentro de la fábrica, confección de listas de trabajadores y habilitación de las instalaciones para el funcionamiento de las fuerzas represivas.
Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos fueron procesados en noviembre de 2012 por privación ilegal de la libertad en virtud del secuestro de 29 trabajadores y referentes sociales entre marzo y julio de 1976. En la llamada “noche del apagón”, en las localidades de Calilegua, El Talar y Libertador General San Martín, se produjo el secuestro de cientos de trabajadores del Ingenio, estudiantes y militantes.
La Sala IV de la Cámara de Casación Penal dictó falta de mérito, revocando los procesamientos, aun cuando se ha probado que se utilizaron vehículos de la empresa para los secuestros. Recién en julio de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el sobreseimiento, habilitando la continuidad del proceso. Pero como era de esperar, el proceso se paralizó en la provincia gobernada por Gerardo Morales, y Blaquier falleció impune el 13 de marzo de 2023.
La impunidad de los autores y cómplices civiles se halla garantizada por la resistencia de un Poder Judicial reactivo al juzgamiento de los dueños del poder económico. Hace unos días, el diputado provincial santafesino del Frente Social y Popular Carlos del Frade nos recordó que actualmente “4.300 civiles están imputados de haber colaborado con los delitos de lesa humanidad” y que solo 297 civiles han sido juzgados.
Recordó además las palabras de Juan Alemann, secretario de Hacienda de la dictadura: “Con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical (…). La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte, frente al cual era imposible el florecimiento de cualquier partido político” (citado por Martin Andersen, Dossier Secreto, Editorial Planeta, 1993).
Gran parte de los dirigentes políticos de la derecha local –Juntos por el Cambio y fascistas “libertarios”– persiguen los mismos objetivos: debilitar o destruir a las organizaciones sindicales.
Las leyes de la dictadura aún vigentes
Hay 417 reglas estatales dictadas entre 1976 y 1983 que aún se encuentran vigentes.
En nombre de la “continuidad jurídica” del Estado, nunca se planteó en nuestro país la nulidad de la legislación de la dictadura.
Entre otras, cabe mencionar la ley de Entidades Financieras 21.526, la ley de Inversiones Extranjeras 21.382 –que otorga beneficios a las empresas extranjeras equiparándolas con el capital nacional y sin obligación de reinvertir en el país–, la ley de Expropiaciones 21.499 y el Código Aduanero, además de la mencionada 21.297 modificatoria de la Ley de Contrato de Trabajo.
La mayor parte de estas normas reestructuraron al Estado argentino a la medida de los intereses de la gran burguesía y los grupos económicos nacionales y transnacionales que se alzaron contra la Constitución, diseñaron el plan económico que destruyó la industria nacional, colonizó y endeudó al país.
Entre marzo de 1976 y diciembre de 1983, la deuda externa escaló de 7.800 a 45.100 millones de dólares (un 364 %).
El Banco Central fue dirigido por un joven Domingo Cavallo, de la Fundación Mediterránea. Su mecenas fue Fulvio Pagani, dueño de Arcor. Cavallo fue el promotor de la estatización de la deuda privada de los grupos económicos nacionales, entre los que se contaban Socma, Bridas, Perez Companc, Bulgheroni, Renault Argentina, Grupo Clarín, Diario La Nación, Papel Prensa, por un monto total de 23.000 millones de dólares. El Grupo Macri se benefició con una deuda estatizada de 236 millones de dólares.
La deuda de la totalidad de los grupos económicos pasó a ser deuda de todo el pueblo argentino
Una de las más antinacionales y retrógradas derechas del mundo –la de nuestro país– es hoy garantía de los mismos intereses económicos que gestaron y respaldaron a la dictadura. En nombre de la “propiedad privada”, sostiene que el comercio exterior siga en manos de los oligopolios exportadores de granos y que no existan las retenciones ni limitaciones a la exportación de parte del Estado nacional.
La derecha no encarna en realidad “otro proyecto de país”; solo el reflejo de intereses antinacionales y antipopulares, y no vacilará en reprivatizar y favorecer la apropiación de todo lo público por parte de los grupos económicos nacionales y transnacionales.
La sentencia condenatoria y proscriptiva dictada contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Vialidad” es el eje político más importante de los grupos económicos dominantes, locales y multinacionales. Para ello se ha garantizado –a través de sentencias de la Corte Suprema–, con el control del Consejo de la Magistratura y su virtual parálisis, la continuidad de los fiscales y jueces militantes del lawfare que la han condenado y los que deben confirmar su condena.
El III Foro Mundial de Derechos Humanos realizado en Buenos Aires, con la presencia de ex Presidentes de América Latina y de España, denunció el lawfare y la proscripción de la actual Vicepresidenta. Algunas intervenciones señalaron que la sentencia de la causa “Vialidad”, dictada sin prueba alguna, violando el principio de inocencia, es una clara manifestación de la aplicación del derecho penal del enemigo.
Cristina Kirchner acusó al Poder Judicial de no reparar en los verdaderos problemas de la sociedad argentina: «Hay profundos y numerosos segmentos de la sociedad que sufren la falta de un sistema judicial. Este neoliberalismo que finalmente desplaza al Estado permite el ingreso del otro gran drama de nuestro tiempo, nuestra región, de nuestras sociedades, que es el narcotráfico»(…). Cuando desaparece el Estado aparece el narco, que ocupa el lugar del Estado. (…) Si tenemos que luchar contra el narcotráfico primero tenemos que desarmar el sistema financiero que es el que lava la guita del narco».
Cuando se duda o se desecha totalmente recrear una Junta Nacional de Granos o el control estatal del comercio exterior de granos que –como los puertos– se hallan en manos de agroexportadoras extranjeras; cuando se deja de lado la creación de una empresa estatal para recuperar el control del Río Paraná; cuando gran parte de los servicios públicos privatizados en los 90 –entre ellos Edesur, hoy intervenido por 180 días– siguen aún en manos de corporaciones que durante más de 30 años –sin asumir riesgos ni realizar inversiones de importancia– tuvieron ganancias extraordinarias; cuando los exportadores y la burguesía agropecuaria pretenden la eliminación de las retenciones, advertimos que la herencia económica, política e ideológica de la dictadura sigue viva.
Las opciones son, por un lado, aceptar el papel de semi-colonia exportadora de productos primarios (agropecuarios y mineros) y de territorio libre para la especulación financiera –que nos asignan el imperialismo y los organismos multilaterales de crédito– o, por el otro, liberarnos definitivamente de esa herencia discutiendo y acordando las bases de las medidas que el país necesita para un mayor crecimiento con justicia social.
Así, la nacionalización de los depósitos bancarios; la creación de un organismo estatal de control del comercio exterior; un plan agrario nacional que planifique la producción y el uso racional de la tierra; la defensa de YPF, Aerolíneas Argentinas y demás empresas estatales; la recuperación de los servicios públicos privatizados en la década del 90 y en particular la estatización del litio, como lo ha hecho recientemente México, son algunas de las medidas emancipadoras que podrían tomarse en este último sentido.
*Abogado laboralista
