Como toda negociación en la que están en juego las urgencias del Ejecutivo y las necesidades de las provincias, las transacciones fueron difíciles. La fragmentación en los sectores dialoguistas, cada uno con sus demandas, las complejizaron todavía más.
Después de dos meses de idas y venidas finalmente hubo fumata. El Gobierno, no obstante, se equivocaría si canta victoria antes de tiempo: los opositores llevarán más reclamos al debate en el recinto este lunes, cuando arranque la sesión maratónica. Los votos se contarán de a uno: serán los momentos de mayor tensión que arrojará el espectáculo legislativo.
Con la Ley de Bases, de aprobarse, tendrá facultades para ordenar e incluso suprimir un amplio listado de organismos públicos y someter a privatización a una decena de empresas del Estado; también se asegurará el control de los millonarios fondos fiduciarios y, en una señal a los grandes sectores empresarios y corporaciones, habilitará un régimen para grandes inversiones, aunque para unos pocos: solo aquellos que presenten proyectos superiores a los U$S 200 millones.
De yapa, incluyó una módica reforma laboral que deliberadamente excluyó les aspectos más espinosos para la CGT pero que incorpora las demandas de las PyME para una mayor flexibilidad en la contratación de empleo en blanco.
Una demanda de la UCR que podría traerle al oficialismo algún dolor de cabeza en el recinto cuando la UCR, con el apoyo transversal de un puñado de diputados, reclame la eliminación de las llamadas “cuotas sindicales” que se descuentan de los salarios de afiliados y no afiliados para financiar las cajas gremiales.
Hacemos Coalición Federal, de Miguel Pichetto, buscará doblegar la intransigencia del Gobierno para que el RIGI no se ciña solo a los grandes inversores; insistirá en que las PyME puedan ingresar al régimen aunque claro, con un piso más bajo.
Los de Pichetto tampoco dejarán de achacarle al Ejecutivo su renuencia a revisar los gastos tributarios, que le privan al Estado de recaudar miles de millones de pesos que podrían aminorar la dureza del ajuste y, en cambio, favorecen a determinados grupos empresarios, entre ellos los emplazados en Tierra del Fuego.
A la hora de discutir el paquete fiscal, no serán pocas las voces que plantearán cambios en la reversión del impuesto a las Ganancias (que alcanzará a los sueldos de 1,8 millones para los trabajadores solteros y 2,3 millones para los casados con dos hijos).
Varios bloques insistirán en que queden fuera de su alcance las guardias médicas y las horas extra de las fuerzas de seguridad. Los patagónicos, por su parte, clamarán por un párrafo especial que exima a los trabajadores de esa región por enfrentar costos de vida más altos.
Tampoco faltarán las voces que adviertan sobre la fuerte regresividad en el planteo de Bienes Personales. Además de acotar drásticamente el universo de personas alcanzadas (por la suba del mínimo no imponible) y reducirse las alícuotas a pagar, el proyecto sorprende con un régimen que le permite al contribuyente tributar 5 años en forma unificada y adelantada una única tasa, con garantía de estabilidad fiscal en cualquier impuesto sobre el patrimonio hasta el año 2038.
En la vorágine de un debate maratónico todo puede suceder, aunque previo a convocar a la sesión oficialistas y opositores dialoguistas se tomaron el trabajo de hacer un conteo fino de los votos sobre los puntos más conflictivos. El veredicto fue favorable, aunque admiten que todavía puede haber lugar a sorpresas.
Las concesiones
Reforma Laboral. El oficialismo acordó introducir una reforma acotada que contempla, entre sus ejes centrales, la eliminación de las multas por trabajo mal registrado; la creación de un fondo de cese laboral para el pago de indemnizaciones (a acordarse entre las partes en convenios colectivos) y la extensión del período de prueba a seis u ocho meses según el tamaño de la empresa, plazo que podría extenderse en algunos casos a un año.
Privatizaciones. De las 41 empresas a ser sujetas de privatización en el proyecto original de Bases, quedó solo una decena. Fue excluida del listado el Banco Nación y sus empresas subsidiarias por presión opositora.
Se eliminó un artículo que le otorgaba al PEN amplias facultades en materia de desregulación económica y disponer la derogación o modificación de leyes que, de forma manifiesta, generen distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente.
A la eliminación de la moratoria previsional, contemplada en la nueva versión de la Ley de Bases, se accedió incorporar una Prestación Previsional Proporcional en función de los aportes realizados por los trabajadores que no cumplieron con los 30 años que exige la ley.
Se acortó el margen de acción del PEN sobre los fondos fiduciarios. Si dispusiera la eliminación de aquellos que son financiados por una asignación específica de un impuesto coparticipable, esos recursos vuelvan a la masa de coparticipación. Además, los patagónicos lograron mantener como programa el Fondo Fiduciario de zona fría para garantizar la continuidad de la tarifa diferenciada de gas en la Patagonia.
Organismos públicos a ser disueltos. La oposición logró ampliar el listado a varias entidades públicas originalmente no incluidas, entre ellas el Conicet, el Anmat, el Incaa, el Incucai, el CNEA, entre otros.
