Alejandro Marinelli/ eldiarioar.com
Antes recorrían pasillos, con algunas carpetas en la mano, subían en ascensor hasta el segundo piso y caminaban hasta el ala que da al río, en la oficina de sorteos de la Cámara. Ahora ni siquiera. Desde abril, por la pandemia, con solo mandar un correo, el proceso se pone en marcha de inmediato. En Comodoro Py en particular, pero también en los distintos fueros y juzgados del país, hay decenas de personajes que se dedican a presentar denuncias de manera sostenida. Hay quienes lo hacen una vez al mes, otros, una por semana y algunos casi todos los días. En general se apoyan en una nota de un diario, en un informe televisivo y, otras tantas, en una versión que les llegó. Así piden investigar a un funcionario actual, a uno de la gestión anterior o a personajes públicos. Los denunciadores seriales inician muchas de las investigaciones preliminares. La mayoría de ellas son archivadas, pero hasta entonces, los medios las levantan, los entrevistan y ponen en foco a los apuntados por sus escritos.
Santiago Dupuy de Lome se presenta como abogado. En los tribunales de Retiro todos lo conocen porque, previo al Covid-19, se pasaba largas horas en el edificio. Un rato en la sala de prensa, otro en una fiscalía, en el bar, luego en algún juzgado. Salvo en una época que estuvo vinculado a la denuncia de la mafia de los contenedores, nadie supo que llevara un caso que ameritara sus recorridas por Py. Tiene más de cien denuncias presentadas que básicamente apuntaron a funcionarios de los dos mandatos de Cristina Kirchner y del gobierno actual. En su lista aparecen la vicepresidenta, Alberto Fernández, Axel Kicillof, Sergio Massa, Héctor Timerman, los sindicalistas Hugo Moyano, Roberto Baradel, Hugo Yasky, dirigentes de La Cámpora, Eugenio Zaffaroni, entre muchos otros. A algunos de ellos los denunció más de una vez con resultados parecidos: la falta de mérito o el sobreseimiento. Igual, no es algo que lo desaliente. Este año, por ejemplo, presentó una denuncia contra Dady Brieva por “incitación a la violencia colectiva”, por un comentario en el que dijo que “el campo no va a estar contento cuando la muchachada vaya a buscar comida”. La causa fue desestimada. El año pasado, María Servini de Cubría hizo lo mismo con una denuncia suya contra Massa por abuso de autoridad, el día que la oposición exigió las sesiones presenciales. También pasó lo mismo con otra contra Alberto Fernández, luego de que se difundiera la foto sin barbijo junto a la familia Moyano, en Olivos.
“Es una denuncia estúpida, no hay nada, quién fue el papanatas que presentó esto. Porque el juez no puede desestimar esto y tiene que librar oficios, consultar. Estoy analizando hacerle una denuncia a este señor, porque ya me ocasionó un perjuicio. El tipo tira denuncias como quien canta a la mañana en la ducha», dijo sobre Dupuy de Lome un enojado Axel Kicillof, luego de que lo denunciara por enriquecimiento ilícito.
Otro de los abogados que acumulan denuncias es José Lucas Magioncalda, presidente de la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, también habitual apuntador de dirigentes del espectro kirchnerista. En la página de esa ONG, que estuvo activa hasta abril del año pasado, se puede ver una seguidilla de presentaciones judiciales contra Alberto por las colas en los cobros de las jubilaciones durante la cuarentena, contra Scioli por votar en el Congreso cuando ya había sido designado embajador. Esta semana, con los reflejos intactos, metió la primera denuncia contra Gildo Insfrán por la represión y su cuestionada política de prevención en la pandemia. Lo hizo desde el espacio Republicanos Unidos, que comparte con el ex funcionario del PRO en la Ciudad, Yamil Santoro, quien también le encontró el gusto a las denuncias contra el oficialismo nacional. Magioncalda estuvo en los medios por pedir a la Secretaría de Derechos Humanos que confirmara el número desaparecidos durante la dictadura. Lo hizo luego de argumentar que solo eran 6.000, en consonancia con la posición de Darío Lopérfido.
Si bien son mayoría los denunciantes anti K, también hubo quienes denunciaron al macrismo casi de manera crónica. El abogado Daniel Jaime Igolnikov fue uno de los que impulsó varias presentaciones contra Macri, su Gabinete y cercanías. Hizo pedidos de investigación contra el empresario y primo del ex presidente Ángelo Calcaterra, el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, y a los entonces funcionarios de esa cartera vinculándolos con supuestas coimas de Odebrecht. También denunció a la ex ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley al ex jefe de los espías Gustavo Arribas. Interpuso un amparo contra un DNU de Macri por las ART y lo denunció por no convocar a una paritaria nacional docente. Fue también quien denunció al ex presidente y al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino. Lo curioso es que una vez cambiado el gobierno, Igolnikov siguió apuntando al oficialismo. Por ejemplo, denunció al Estado por las negociaciones para comprar la vacuna Sputnik V. El abogado denunció “un presunto negociado en la adquisición de la vacuna soviética (sic), para su aplicación cuando aún no culmina la fase tres de los estudios”. Para eso se presentó como querellante argumentando que tenía 70 años, era hipertenso y por haber padecido un accidente cerebrovascular. Sin presentar pruebas que sostuvieran su denuncia, Igolnikov entendió la existencia de “dolo”, que es la voluntad deliberada de cometer un delito. “Me encuentro ofendido porque yo estaría entre los destinatarios de esa vacuna”, argumentó.
Fernando Míguez se presenta como periodista independiente, aunque no se le conozca trabajo en medios. Dice que “denuncia casos de corrupción”. Fue quien pidió investigar el título de abogada de Cristina Kirchner, contra la productora del Indio Solari luego del show en Olavarría e inició causas contra Lionel Messi y su padre. También, en su carácter de titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, impulsó la causa que terminó con las imputaciones del tenista Gastón Gaudio, el ex presidente Macri y varios de sus funcionarios por un acuerdo de negocios con Qatar. Esa denuncia luego fue ampliada por diputados del entonces Frente para la Victoria.
El procedimiento es simple. Los denunciantes hacen una breve descripción de los hechos que creen que se deben investigar y la presentan. Luego se sortea un juzgado, que actuará junto a la fiscalía que sea asignada. El juez deberá convocar al denunciante para que lo ratifique y se lo pasará al fiscal, que deberá decidir si hay un delito para investigar.
La proliferación de denunciadores seriales provocó que varias veces la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura discutiera y aprobara dictámenes que regularan las denuncias de particulares. En noviembre de 2011, por ejemplo, un dictamen que luego no prosperó, impulsaba la idea de que los ciudadanos que hacían una denuncia debían contar con asistencia letrada, pagar una tasa de justicia y que, si el accionar del interviniente fuera “temerario” o “malicioso”, podría ser sancionado en consecuencia. Luego se entendió que esos obstáculos podían restringir el acceso a la Justicia y la iniciativa quedó en el camino.
En otras épocas, estos roles los ocupaban abogados como Ricardo Monner Sans, Enrique Piragini, Daniel Sarwer. Cada uno con su tono, pero eran también muy activos entregando escritos. Monner Sanz hizo la denuncia que provocó la causa de venta de armas durante el menemismo. Luego tuvo decenas de presentaciones más contra funcionarios de ese gobierno. Las de Sarwer, en cambio, eran desopilantes. Una vez terminó imputado por el fiscal Federico Delgado en una causa por estafa, que él mismo había iniciado. Muchas veces se dudó de su sanidad mental. Sostenía que mantenía encuentros con el Chapo Guzmán en la Patagonia y que Osama Bin Laden, le había escrito adelantándole unos ataques que iba a cometer.
Durante la época de oro de Jaime Stiuso en la SIDE, muchos abogados se presentaban con información que salía del edificio de 25 de mayo número 11. Era la manera que la Secretaría de Inteligencia tenía de marcar territorio. Viejos recorredores de los pasillos del edificio de Retiro, recuerdan por ejemplo, a un abogado que solo hacía presentaciones sobre la interna de la Policía Federal, todas con datos muy precisos.
Dentro de la esfera política también las denuncias aparecen en serie. Las que llevan la delantera allí son las diputadas de la Coalición Cívica, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, y la gran referente del espacio, Elisa Carrió. Apenas tres días después de que, en mayo de 2019, se anunciara la candidatura a presidente de Alberto Fernández, Zuvic ya anunciaba que lo denunciaría como «organizador de una asociación ilícita». Luego también le apuntó judicialmente por incluir, en el Consejo que evalúa los cambios en la Justicia, al abogado de Cristina, Carlos Beraldi. Carrió, por ejemplo, fue quien encabezó el pedido de investigación contra el Presidente por envenenamiento, tras el acuerdo por la vacuna Sputnik V, que fue desestimada por el fiscal Marijuá y por la que terminó denunciada el viernes. También ellas denunciaron el denominado “Operativo Puf”, un supuesto plan de ex funcionarios kirchneristas presos para entorpecer la causa “Cuadernos” y complicar al fiscal Carlos Stornelli, a cargo de esa investigación. En ese caso, el pedido fue desestimado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi.
Uno de los casos más curiosos es el de Verónica Aragón de Feller. Si uno hace el simple ejercicio de buscar por fecha las denuncias en la página del Centro de Información Judicial (CIJ), se encuentra que, solo en el último año, la mujer hizo múltiples denuncias cada semana. De hecho hay días en los que presentó más de una. Todas vía correo electrónico. En noviembre, denunció en Comodoro Py, por “inventar el coronavirus” al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al argentino Macri, al actual chino, Xi Jinping, a Martín Loustau, a Patricia Bullrich, a Jorge Macri. En el escrito decía que si el virus existiese, ella habría muerto. La causa le cayó al juez Lijo y al fiscal Picardi, que, por supuesto entendieron que no había delito que investigar. También presentó otra similar en el juzgado de Daniel Rafecas, en el que pedía investigar a funcionarios macristas, entre los que estaban “Emilio Monsón (sic), Laurita Alfonso (sic)” y en el que menciona las muertes de Santiago Maldonado, Facundo Castro, el ARA San Juan y la masacre de Once. El periodista de judiciales Omar Lavieri explica que hay una palabra que describe a personajes con conductas como éstas y que es el término “querulante”. Según la enciclopedia, “se trata de quien sufre un delirio paranoico que lo lleva a sentirse ofendido y tener la necesidad de exigir a la reparación de las injusticias o perjuicios que cree haber sufrido”.
