“Cuantitativamente, la principal víctima de la dictadura fue el movimiento obrero”, afirmó Alejandro Jasinski, el historiador que forma parte del colectivo de trabajo Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, que investiga las responsabilidades civiles en el terrorismo de Estado y analiza el rol de los cuadros empresariales, desde dueños, miembros de dirección y otros jerárquicos, en la comisión de delitos de lesa humanidad sufridos por trabajadores y trabajadoras. Antes de la conferencia que brindará en Rosario para mostrar los avances de su investigación, el viernes próximo, a las 19, en el IES Nº 29 “Galileo Galilei” (Oroño 1145), el investigador social dialogó con El Ciudadano.
Los empresarios
“El movimiento de derechos humanos, la sociedad en su conjunto, ha denunciado, investigado y logrado que los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas represivas durante el terrorismo de Estado encontraran justicia en los tribunales. Esto ha llevado mucho tiempo y esfuerzo. De hecho, hay muchas deudas pendientes en este sentido, pero los logros han sido enormes. Y siempre que un paso se consolidaba se subía otro peldaño de justicia”, explica Jasinski las razones que llevaron al Programa a investigar a civiles.
“Así, pasaron de ser condenados los altos mandos, a ser condenados oficiales de mejor jerarquía, se encontraron nuevas responsabilidades cada vez más abajo. Este largo proceso permitió que algo que se había denunciado desde el mismo proceso de transición democrática empezara a tomar más cuerpo: la investigación de los crímenes de los civiles, entre ellos, los empresarios”, expresó.
“Cuantitativamente, la principal víctima de la dictadura fue el movimiento obrero. En términos de efectos y reestructuración de la sociedad, el pueblo trabajador sufrió las peores consecuencias sociales y económicas. ¿Cómo puede pensarse que los empresarios no tuvieron nada que ver o que fueron apenas cómplices? De mínima, nos teníamos que plantear una hipótesis contraria”, lanzó Jasinski.
Al mismo tiempo, el historiador aclaró: “No estamos hablando de todos los empresarios, sino de un grupo específico, que en su alianza con las fuerzas represivas tuvo el manejo de la economía y que además participó activamente –y esta fue nuestra principal preocupación– en los crímenes cometidos contra los trabajadores. Este es el aporte que hacemos a partir del estudio de 25 casos de empresas nacionales y extranjeras, de distintas regiones y ramas de actividad, de todo el país. Más allá de lo específico del dictamen, que haya sido recientemente condenado el primer empresario por estos crímenes, el dueño de La Veloz del Norte, es muy significativo y ha llegado justo a tiempo”.
Investigación y hallazgos
“Nosotros partimos de las premisas de cómo se reestructuró globalmente y en forma muy regresiva la economía y la sociedad en el país, del beneficio que esto implicó para muchos grandes empresarios que cometieron delitos, por ejemplo a través del perverso circuito de la deuda externa, como quedó demostrado en la Causa Olmos, y como por ejemplo recientemente quedó demostrado en el análisis que se hizo de la Comisión Nacional de Valores o del Banco Nación”, recuerda Jasinski sobre las directrices que guiaron su investigación.
“También analizamos con mucha profundidad la trama, los motivos del golpe, buscando en la conflictividad previa, en las luchas obreras y sus conquistas, en el obstáculo que representaba el poder obrero para la acumulación del capital, la decisión de ciertos empresarios de participar activamente en la represión. Pero es esto último lo que demostramos centralmente: quiénes y cómo lo hicieron”, señala el historiador entre los descubrimientos del equipo de trabajo.
“Demostramos la existencia de una estrategia de disciplinamiento y movilización militar de la fuerza de trabajo que contó con numerosas prácticas empresariales represivas y que estuvo anclada en el terrorismo de Estado. Pudimos detectar a través del estudio de 25 casos un patrón común, que iba desde variadas formas de militarización de los espacios laborales hasta la provisión de insumos esenciales que habilitaron, facilitaron y exacerbaron la represión. Encontramos a los empresarios, mandos altos, medios y bajos, desde accionistas y dueños hasta capataces, pasando por gerentes de áreas de Personal y Vigilancia, en posición de franca iniciativa. Secuestros en fábrica, vinculación entre secuestros y despidos, supervisión militar de la producción, aporte de legajos laborales y fotos, militares en cargos claves en las empresas, infiltración de agentes en las fábricas”, sostuvo Jasinski acerca de los patrones de conducta encontrados.
Por último, el investigador agregó datos sobre la violencia terrorista desatada al interior de las fábricas: “La práctica más violenta fue la instalación de centros clandestinos de represión dentro de los predios fabriles, como sucedió en La Fronterita, Acindar o Ford. Lo central es que, más allá de la represión contra las dirigencias sindicales y la intervención de sindicatos, la represión llegó a la médula del poder obrero, a las comisiones internas, cuerpos de delegados y al colectivo de trabajadores gracias a la responsabilidad de estos empresarios”.
Equipo de trabajo
“Formamos un equipo de 20 investigadores, de cuatro instituciones, estatales y civiles, lo que nos permitió abordar tantos casos y trabajar sobre distintos archivos. El Archivo Nacional de la Memoria, expedientes y testimonios judiciales, entrevistas orales, expedientes del Ministerio de Trabajo, Archivos de inteligencia policial, documentos militares y fuentes empresariales, nos permitieron una minuciosa reconstrucción de los procesos”, relató Jasinski sobre el equipo de trabajo, y agregó: “El cruce de datos de distinta importancia cualitativa fue fundamental. Este trabajo archivístico se acopló sobre un relevamiento previo de todo lo acumulado y disperso, sobre todo material judicial del Juicio a las Juntas, los primeros juicios de los años 80, los Juicios por la Verdad y las presentaciones de la CTA ante el juez Baltazar Garzón, además de estudios de historiadores y cientistas y trabajos locales que en algunos casos aportaban mucho material sobre la historia de las luchas en las fábricas”.
Objetivos
En cuanto a los objetivos fijados por el colectivo de investigadores, Jasinski expresó: “Nosotros nos propusimos objetivos en el plano de la justicia, la verdad y la memoria. La propia publicación del informe y su accesibilidad gratuita de los dos tomos que se pueden descargar de internet, las presentaciones que hacemos en todo el país, apuntan a lo último. La aceptación del mismo por parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también. Respecto de la Justicia, presentamos el informe ante la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, del Ministerio Público Fiscal, para que sea útil si corresponde a las distintas instancias de investigación judicial. La Fiscalía federal utilizó el informe para el juicio contra Levín, de La Veloz del Norte. Esperamos que pueda ser de utilidad en otros casos. Pronto debería comenzar el juicio por Ford y el caso Acindar pareciera estar pronto a cerrar su instrucción, veremos qué resultados puede producir en este terreno tan difícil. Nosotros funcionamos de arranque a base de optimismo y no vamos a perderlo justo ahora”.
