La Junta Provincial de Seguridad se reunió este martes en la sede de la Fiscalía General del MPA en la ciudad de Santa Fe. El debatido por las autoridades fue la posibilidad de que la provincia de Santa Fe cuente con una ley de narcomenudeo. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, sostuvo: “Escuchamos opiniones divergentes y el tema fue discutido en profundidad”, afirmó el funcionario. También hizo hincapié en que “quedó claro que cualquier tipo de adhesión no implicaría perseguir al consumidor, sino a las personas que tienen bunker de drogas”.
Silberstein se refirió al planteo acerca de los recursos humanos y económicos necesarios para la implementación de la ley. “Los fiscales manifestaron la necesidad de tener más recursos”, sostuvo. “La aplicación de la ley sería progresiva y se iría evaluando la cantidad de recursos necesarios. La decisión del gobierno provincial es que si hacen falta recursos, se otorgarán”, respondió.
Acerca de la creación de juzgados federales, el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos opinó que “no es una solución. El juzgado federal de Venado Tuerto tardó cuatro años en crearse, y el problema de violencia vinculada al narcotráfico es de hoy”. No obstante, reconoció que “sin perjuicio de los tiempos, es una buena decisión del gobierno nacional la creación de más juzgados y fiscales federales”.
Por último, el ministro dijo que “fiscales federales y fiscales provinciales ya están trabajando conjuntamente en el tema. Y esta labor que vienen realizando se ampliará”. Además, valoró “el sistema penal de la provincia” y aseguró que “permite realizar una persecución centralizada que no permite el sistema nacional”.
Opinión del Fiscal General
El titular del MPA, Jorge Baclini, entregó a los presentes un documento titulado “Desfederalización y el narcotráfico” en el que manifiesta su opinión acerca del tema.
Baclini sostiene que “si se analiza el mapa de las provincias que desfederalizaron la investigación penal de algunos delitos relacionados con los estupefacientes, inmediatamente se observa que Santa Fe ha quedado como una isla, puesto que adhirieron las provincias de Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero”. En tal sentido, agrega que “se infiere como viable que la provincia de Santa Fe adhiera a la ley”.
“Esto no es nuevo, en tanto hoy la ley ya regula la punición para estos delitos, no obstante lo que se propone es optimizar esta persecución de microtráfico para dejar el camino despejado –por la reducción notable del trabajo– para que la justicia federal pueda focalizar su persecución en el narcotráfico y en el lavado de activos”, entiende Baclini.
También afirmó que “no se pretende perseguir al consumidor ni mucho menos al microtráfico, sino que se considera útil desbaratar todo el comercio que gira en torno al microtráfico, por cuanto cuando se ataque en cantidad ello repercutirá en la economía delictiva, más allá que la investigación puede ser la llave para abrir la puerta para llegar a la cocina e incluso al narcotráficante, hipótesis en las cuales se dará intervención a la justicia federal”.
“Desde el punto de vista constitucional y práctico, es conveniente que la jurisdicción provincial se encargue en forma completa de todo lo relacionado con los delitos vinculados con el narcotráfico y el tráfico al menudeo de estupefacientes”, sostiene. En tal sentido, reconoce que “ninguna ley penal disminuye la comisión de delitos, mucho menos delitos que están relacionados con contextos sociales, educativos, culturales y económicos con serias deficiencias estructurales. Trabajando estos temas sí se podría comenzar a conversar de soluciones”.
Baclini también refiere a los recursos necesarios para una posible implementación y puesta en marcha de la ley. “Es menester que se dispongan nuevos recursos humanos (designación de jueces, fiscales y empleados para toda la provincia) que sean asignados en forma específica para esta nueva labor”, concluye.
Del Frade
El diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, participó de la reunión y presentó el tercer informe sobre narcotráfico: “Los Monos, narcomenudeo y control social”. La iniciativa del legislador busca justificar su oposición a la ley de Narcomenudeo impulsada por el gobierno provincial.
El informe que aborda el accionar de la banda Los Monos y el juicio desarrollado en su contra, la ley de narcomenudeo y el presente del narcotráfico en Argentina, la muerte de jóvenes y su vínculo con la pobreza. Tras la presentación, Del Frade sostuvo: “Lo que cuestionamos es el gran fracaso y la hipocrecía de tres años de una ley de narcomenudeo que en los lugares donde está aplicada colapsaron las cárceles de chicos empobrecidos con la ganancia de los que construyen cárceles”.
“Por otra lado–planteó– el crecimiento que exponen del narcotráfico con barbaridades, como que se detuvieron 7 mil narcos en el año cuando sabemos que la mayoría con consumidores individuales”. En este marco reveló que la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, le mandó un audio por Whatsapp durante la mañana: “ “En un mensaje de vos me dice que hay que separar las cosas, que una cosa es la corrupción policial y otra el narcomenudeo”, destacó.
Y le respondió: “Yo le digo que esa ley (de narcomenudeo) le genera dinero fresco a las cajas negras de la Policía como pasa en Buenos Aires. Acá va a servir para eso”, remarcó.
