Los tres casinos de Santa Fe –City Center de Rosario, y los de la capital provincial y Melincué, del grupo Boldt– quedaron este jueves autorizados por ley para el suculento negocio de las apuestas online, que ya venían explotando gracias a un cuestionado decreto. La norma que terminó de sancionar la Legislatura habilita otro rubro: las apuestas deportivas, también por internet y un nicho lúdico de rápida expansión, en un rubro cuestionado por la ludopatía que, sin controles adecuados, llega hasta niños y adolescentes. Sin embargo, esas concesiones no serán directamente para las tres casas de juego, sino que se otorgarán mediante una nueva licitación.
El juego online, en rigor, operaba hasta ahora gracias al decreto 1451 que el 20 de noviembre de 2020, en plena pandemia y tras la queja de los casinos por el negocio presencial vedado, firmó el ex gobernador Omar Perotti. El rafaelino argumentó que no hacía falta un instrumento superior porque se trataba de añadir apenas una “modalidad” de juego –virtual– a una habilitación por ley que ya estaba vigente.
En ese momento, el vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Acción Social de Santa Fe, Rodolfo Cattaneo, argumentó que “no se puede desconocer que la tecnología en materia de juego ha tenido una evolución sustancial” y que la modalidad de juegos online “es una tendencia que se ha afianzado progresivamente”. El entonces funcionario agregó que había un “interés social comprometido” por la “inusual proliferación” de actividades ilegales que explotan juegos de azar clandestinos.
Claro, eran épocas de gran revuelo a causa de la investigación sobre juego ilegal llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación, que destapó una abanico de complicidades judiciales y políticas. De hecho, terminó con las detenciones de los en ese momento fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, y su subordinado Gustavo Ponce Asahad, el primero como organizador y el otro como miembro de una organización destinada a encubrir el negocio ilícito a cambio de coimas. El inicio de esa causa fue la detención del empresario del juego clandestino Leonardo Peiti, quien pujó sin éxito por quedarse con el negocio legal y se transformó luego en imputado colaborador y, entre otros, complicó al senador provincial por el departamento San Lorenzo, reelecto en los comicios de este años, Armando Traferri.
Con el decreto de Perotti, uno de los beneficiarios del juego online legalizado fue el casino de Santa Fe, inaugurado en 2008 en el dique 1 del puerto de la capital provincial, dentro de un complejo que incluye hotel, centro de convenciones y shopping. El propietario es el Grupo Boldt Peralada, que conforman la española Grup Perelada y la argentina Boldt SA, que a la vez es propietaria del casino de Melincué.
El tercero es el City Center de Rosario, en principio una sociedad entre la española Cirsa e Inverclub que integraban Cristóbal López (30 por ciento de las acciones), Ricardo Benedicto (30), Juan Castellanos (30) y Héctor Cruz (10 por ciento). A mediados de 2016, el primero de los socios, dueño de Indalo, se desprendió de la firma y le transfirió su parte a Benedicto, su aliado histórico.
No obstante, hubo ruido. Desde la Legislatura se quejaron por el «puenteo» de Perotti que consideraban al menos irregular, y de máxima inconstitucional. Fue entonces que los entonces diputados Maximiliano Pullaro y Fabián Bastia, hoy gobernador y ministro de Gobierno, respectivamente, le iniciaron un juicio al jefe de la Casa Gris que ahora pierde sentido porque, al final, el juego online tiene el respaldo de una ley.
La norma que ahora termina con los entredichos fue presentada en Diputados por el radical del sector Evolución Marcelo González, y contaba con el respaldo de Bastía. El proyecto obtuvo una veloz media sanción por amplia mayoría a fines de noviembre, fogoneado por el entonces gobernador electo Pullaro. La Cámara alta lo terminó de aprobar el jueves último por unanimidad, o sea con el aval del ahora bloque minoritario del peronismo.
La flamante ley –queda pendiente su descontada promulgación– eleva el cánon que fijaba el decreto de Perotti, del 12%, a «un mínimo» del 15% de la ganancia bruta, lo que habilita al Ejecutivo a elevarlo sin pasar por la Legislatura. La mitad del dinero que se recaude deberá destinarse a financiar campañas de prevención y concientización de la ludopatía.
La norma contempla además una suerte de compensación a los agencieros, para quienes irá destinada una parte de los beneficios por la merma de ingresos que les produce el avance de la tecnología virtual como soporte de las apuestas.
El juego online queda restringido a los grupos económicos que ya lo venían explotando, Boldt y la sociedad del City Center, por continuidad jurídica de las licencias vigentes. Respecto de las apuestas deportivas, otro es el cantar: la ley ordena una licitación nueva para esas concesiones. Pero, a la vez, habilita a la Lotería de Santa Fe para que, si el Ejecutivo lo cree necesario, desarrolle su propia plataforma de juegos.
