La pandemia atravesó y alteró las variables del mundo laboral a nivel global y Argentina lógicamente no estuvo exenta. Con el agravante de la crisis económica preexistente, el coronavirus expuso las vulnerabilidades de trabajadoras y trabajadores no registrados. A fines de 2020, el nivel de pobreza en el ámbito informal, triplicó al registrado entre quienes se desempeñan amparados por la formalidad.
Esta diferencia expone, por un lado, las desventajas que sufren quienes trabajan sin un marco regulatorio que los ampare y les garantice mejores condiciones. Mientras que por otra parte deja en evidencia lo indispensable que resulta el cumplimiento de los derechos laborales como mecanismo de protección para amortiguar el impacto de una crisis económica sin precedentes.
Un informe publicado hace algunos días por el centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd), dependiente de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), graficó cómo se presentan los niveles de pobreza en el universo de personas ocupadas.
Los datos indican que el porcentaje de empleados y empleadas que no llegan a cubrir la canasta básica total entre los cuentapropistas y asalariados informales alcanza el 41% y 43% respectivamente, mientras que entre los asalariados formales hay apenas un 15% que no logran superar ese umbral.
Esta comparación radiografió las vulnerabilidades que sufren aquellos sectores que no cuentan con el total respaldo de un marco regulatorio para desempeñar su actividad laboral, o que directamente no la tienen. El porcentaje de trabajadores bajo la línea de pobreza en este sector, triplica a los que sufren esa condición entre los formales.
En diálogo con El Ciudadano, el economista del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate), Lavih Abraham, analizó esa brecha en el empleo privado. Consideró que la diferencia está determinada por las “reglas de juego” que existen entre las distintas ramas laborales. Explicó que aquellos sectores con mayor índice de informalidad suelen ofrecer los peores sueldos, o medias jornadas que empobrecen a los trabajadores.
En cuanto al sector público, la secretaria de Gestión Pública y Empleo de la Nación, Ana Castellani, evaluó que si bien el año de pandemia no permitió reconstruir los ingresos que se destruyeron durante los cuatro años previos, priorizaron sostener los puestos y garantizar los derechos laborales en la Administración Pública Nacional.
Trabajadores pobres
Si bien incluso entre quienes tienen un trabajo registrado hay personas con ingresos que no les permite superar la línea de pobreza, la posibilidad es mucho menor en comparación a quienes no están resguardados bajo un marco regulatorio formal. Esto denota que tener un empleo precario en Argentina incrementa las posibilidades de caer en la pobreza.
El informe de centro Cetyd también le asigna números a la situación de ingresos para cada caso en 2020. Durante el primer año de pandemia el 84% de asalariados formales mantuvo su ingreso, mientras que entre los informales la proporción disminuye al 67% y entre los cuentapropistas, al 36%.
Es otra evidencia de los efectos que tiene la precarización en el mercado laboral. Esa condición de informalidad incrementa las posibilidades de pérdida de ingresos que a su vez determinan el empobrecimiento de trabajadores.
Los datos oficiales correspondientes al último trimestre de 2020 mostraron una caída del 15% en el empleo informal respecto al mismo período de 2019, mientras que para el sector cuentapropista se registró una mejora del 11%. Desde Unsam asociaron esa evolución a la posibilidad de que quien quedó sin trabajo “se haya reinsertado a lo largo del año en ocupaciones más precarias, como trabajadores por cuenta propia”.
Estos datos ponen la lupa sobre las diferencias entre argentinas y argentinos con “el privilegio” de contar con un empleo. El informe destaca como elemento gravitante en esa brecha “el rol clave que tienen las instituciones laborales a nivel global cuando se orientan a proteger los puestos de trabajo y amortiguar el impacto de la parálisis económica sobre el tejido social”.
La formalidad según el rubro laboral
Para profundizar el análisis sobre motivos que explican esa brecha entre el sector formal e informal, el economista del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, Lavih Abraham, aseguró a este diario que la diferencia radica en los derechos que puede garantizar cada sector. Es decir, existen empleados de ciertos rubros que históricamente cobran poco por desempeñarse bajo la informalidad o por no reunir las horas semanales suficientes.
“Hay una asociación de que los trabajadores formales están en industrias con sueldos mejores al promedio general, mientras que hay otras ramas que tienen alta tasa de informalidad” explicó. Entre los primeros mencionó a la industria petrolera o minera, y agregó: “Tienen los mejores sueldos de Argentina y eso en general implica una alta tasa de formalización”.
Entre los rubros con altos índices de informalidad mencionó al textil, la gastronomía y hotelería. “Hay ramas que tienen su formalización muy baja, por ejemplo, las trabajadoras de empleo doméstico suele tener altos índices de trabajo informal y sueldos bastante bajos, lo que implica que hay gente que aún teniendo un empleo, muy probablemente vivan en hogares pobres”, sostuvo.
Por otra parte, el economista que integra el centro de estudio rosarino encabezado por Sergio Arelovich, hizo hincapié en el factor subocupación. “Muchas veces también pasa que trabajadores informales no tienen horario completo y cumplen 20 horas semanales, lógicamente ese salario a fin de mes es menor que el de quienes cumplen 40 horas semanales, entonces los primeros son pobres y los segundos no”, ahondó.
Por último reparó en la influencia que pueden tener los gremios sobre el tema y relativizó: “El grado de sindicalización puede influir, pero también aquellas ramas que tienen alto grado de sindicalización en general tienden a tener a sus trabajadores registrados, es algo redundante, las dos variables dicen lo mismo”.
Las dos caras del sector público
Consultada por este diario, la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, consideró que “Argentina, en comparación con otros países de la región, aún cuenta con un amplio mecanismo de protección social y de empleo”. En ese sentido repasó una serie de medidas que se tomaron desde el Estado directamente para proteger a sus trabajadores ante el impacto de la crisis económica, y aquellas dispuestas para generar impacto positivo en el sector privado.
En ese sentido, recordó que el Estado promovió el apoyo para distintos sectores a partir de una serie de medidas en el marco de la pandemia. “Se prohibieron los despidos, se establecieron programas de pago parcial de salarios (ATP y REPRO I yII) y se armaron programas de emergencia para apuntalar los ingresos de los sectores más vulnerables (IFE, refuerzos en Alimentar y AUH, Potenciar Trabajo y Progresar)”, enumeró.
Respecto a la situación de los trabajadores de la Administración Pública Nacional (APN), destacó que los esfuerzos se concentraron en garantizar la continuidad de los contratos. Reconoció que aún no se pudo recomponer la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron durante la etapa macrista, pero la lógica va detrás de esa premisa.
En ese sentido, analizó: “Se les garantizó no sólo su puesto de trabajo sino la integralidad en el cobro de sus haberes con todos los componentes que tenían al 1º de marzo. Los acuerdos paritarios establecieron incrementos que no lograron aumentar el salario real pero que fueron acompañados y rubricados por ambos gremios reconociendo que el mayor esfuerzo fiscal durante la pandemia se hizo sobre los millones de compatriotas más afectados por la crisis económica”.
Incluso en el marco de pandemia y a pesar de la pérdida de ingresos, desde la secretaría dependiente de Gestión y Empleo Público buscaron garantizar el cuidado de sus trabajadores. Al respecto, Castellani enumeró una serie de disposiciones tendientes a poner en valor el marco regulatorio laboral a partir de marzo de 2020.
Entre ellas mencionó las licencias para cuidado de hijos menores escolarizados, encuesta a los trabajadores para conocer las implicancias de la modalidad de trabajo remoto, o protocolos de cuidado y readecuación para quienes siguieron desempeñando sus tareas en modalidad presencial.
Si bien Castellani reconoció que los esfuerzos todavía no fueron suficientes para recuperar la pérdida de ingresos entre trabajadores de la Administración Pública Nacional, el Estado intentó garantizar las mejores condiciones posibles para cumplir con los derechos laborales en un marco excepcional.
