El gobierno propondrá que el “blanqueo” sea aprobado por ley y, de sancionarse, deberá ser el resultado de un acuerdo político con parte de la oposición. Además, el envío de este proyecto al Congreso Nacional para su debate –aún está sin debate– es relevante ya que dentro mismo del oficialismo no hay acuerdo sobre el contenido exacto y la profundidad del llamado a reconocer capitales fuera del sistema financiero y económico legal argentino.
“Por ahora no es el momento político”. Un alto representante del “ala política” del macrismo, definía así el viernes la celeridad, o no, que el proyecto de blanqueo pueda tener para el gobierno. Si bien afirmaba que la decisión de implementarlo está tomada, reconocía que aún no es el tiempo político para acelerar la idea. “Quedará para bien avanzado el segundo semestre; o, incluso, para el próximo año”.
Los números mandan
Todo dependerá en realidad de la situación fiscal y financiera de que el país disponga desde julio, cuando ya empiece a escasear el ingreso de dólares de los sojeros y los vencimientos de deuda comiencen a afectar las cuentas públicas.
Según los primeros cálculos, tanto del Ministerio de Hacienda como del Banco Central, por ahora la situación es más que manejable, a partir de los 4.000 millones de dólares extras que ingresaron por la última colocación de deuda; el bono por 3.000 millones de dólares que el secretario de Finanzas, Luis Caputo, les prometió a los banqueros locales para captar el “dólar colchón” y como compensación por las quejas de los operadores argentinos que en su mayoría quedaron fuera de la colocación de los Global emitidos para los fondos buitre; más unos 5.000 millones que aún se aguarda que se liquide de parte de los sojeros.
¿Y las inversiones externas?
Lo que faltaría en realidad, para fortalecer las reservas, es que en el segundo semestre comiencen a ingresar los postergados dólares de inversiones extranjeras, que en algún momento fueron la base de la promesa en campaña presidencial para garantizar la estabilidad económico-financiera del inicio del macrismo en el poder. Sin embargo, o a consecuencia de la ausencia de esto último (al menos hasta el momento), la cantidad de dólares para cerrar 2016 puede fallar, y la posibilidad de volver a recurrir a la colocación de deuda se volverá escasa para este año.
Empieza, entonces, a tallar la presión del ala financiero-económica del Gabinete por sobre la tributaria-política.
El ala financiera
La primera defiende la idea del blanqueo, y lo propone como la garantía de un segundo semestre sin presiones cambiarias y con solidez financiera para cerrar 2016 sin alteraciones bruscas y con “poder de fuego”. La especulación desde este costado del Gabinete es que podrían ingresar no menos de 5.000 millones de dólares, y un total de 7.000 o hasta 10.000 millones de empresas y particulares que desde la implantación del cepo se fugaron del sistema financiero local y que estarían interesados en operar en el mercado local.
Se menciona que en las charlas por la colocación del bono para el “dólar colchón” se percibió muchísimo interés entre los bancos y el público local (más teniendo en cuenta que la tasa sería similar a la de los Global para pagarles a los fondos buitre y holdouts) por apoyar la operación; pero se agrega que la captación de dólares sería mucho mayor si además hubiera un blanqueo de capitales antes.
El “ala política” reconoce esas necesidades, pero tiene otras inquietudes. La fuente consultada lo dice sin eufemismos: “¿Cómo se explica ante la oposición, en medio de las acusaciones a Lázaro Báez por lavado de dinero, en tiempos en los que el narcotráfico se muestra como el enemigo más poderoso, con el kirchnerismo blandiendo los Panamá Papers donde hay varios nombres cercanos, y con los apellidos que están en el listado del dólar futuro, que lancemos un blanqueo para que todos esos delitos queden impunes en lo financiero?”.
Se recuerda, además, que el propio radicalismo fue el principal azote del proyecto de los Baade y los Cedin lanzados y defendidos por el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno en el Congreso; que incluso prometió perseguir con la Justicia a todos los que ejercieron el derecho a aceptar el último blanqueo que propuso el kirchnerismo.
Se afirma que, de avanzar la idea, ésta debe ser muy costosa para los interesados; aún más de lo que se tiene en mente entre sus defensores. Esto es, aproximadamente un 8 por ciento para los que elijan depositar el dinero fuera del país, y entre 3 y 5 por ciento para los que decidan ingresar el dinero al sistema financiero argentino.
