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El oficialismo busca convertir en ley el proyecto de blanqueo de capitales

La sesión en Diputados está prevista para el mediodía. Se espera un duro debate, tras el que el kirchnerismo lograría aprobar con lo justo el proyecto. Regirá desde el 1 de junio.

Blanqueo-dentroiEl kirchnerismo encerró anoche a su bloque de Diputados para garantizarse el número y convertir en ley el proyecto de blanqueo en la sesión de hoy. El mecanismo es habitual: Agustín Rossi invitó a toda la bancada a un asado donde habrá también retiro espiritual. Es lo esperable: en la última sesión el oficialismo llegó a reunir 130 diputados para iniciar el debate, sólo uno más de lo necesario. El propio kirchnerismo reconoce que, aunque podrá convertir en ley el proyecto, hoy irá al recinto con lo justo

La votación se dará en una sesión especial convocada para el mediodía. Ayer el Gobierno logró emitir el dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Finanzas y Legislación General que se diferenció del Senado en que esta vez no hubo ronda de funcionarios para exponer.

De todas formas, el debate llevó unas cuatro horas.»El proyecto es una forma más con la que el Gobierno busca mantener la sustentabilidad en su sector externo y fiscal», dijo el presidente de Presupuesto y Hacienda, Roberto Feletti, tras arrancar con la defensa del blanqueo.

Luego resumió el mensaje oficial sobre el tema: «La movilización del ahorro en moneda extranjera hacia activos productivos e inmuebles dentro del país».

La oposición se quejó por la falta de funcionarios para dar explicaciones (en el Senado estuvieron Hernán Lorenzino, Axel Kicillof, Mercedes Marcó del Pont, Guillermo Moreno y Ricardo Echagaray).

Desde el inicio de la discusión, Feletti incursionó en una curiosa explicación: dejó en claro que había optado por no convocar a las autoridades económicas por entender que las opiniones de los opositores «no abren el debate sino que lo cierran» y que sólo apuntan «a la descalificación» de los proyectos oficialistas.

Feletti les pidió a los opositores, entonces, precisar «cómo imaginan el financiamiento del sector público y el financiamiento de la economía del país». Y explicó que el Gobierno intenta «no depreciar activos argentinos a través de la devaluación”. “La tenacidad sobre el tipo de cambio tiene que ver con impedir ciclos recurrentes de devaluación de los activos en el país», dijo.

Por la oposición, el radical Miguel Bazze le contestó: «Esta ley es una clara demostración del fracaso del Gobierno en las cuestiones económicas, pero además es un aporte más al fracaso de la economía porque el principal problema que tenemos en la Argentina es la caída de la inversión que se produce por la falta de confianza y previsibilidad que impide la planificación en el desarrollo de los negocios, elemento imprescindible para cualquier inversor serio. En este sentido, una ley de esta naturaleza es un aporte más a la desconfianza».

Eduardo Amadeo, del Frente Peronista, razonó que el proyecto busca una «movilización del ahorro malhabido» y le respondió a Feletti sosteniendo que el financiamiento de la economía «debe lograrse con buena política económica y no con dinero en negro».

Fue uno de los momentos más duros de la discusión. Poco después, Carlos Kunkel y Carlos «Cuto» Moreno le gritaron: «Devolvé lo que te llevaste del Banco Provincia».

Felipe Solá fue igualmente crítico: «Se ha perdido la batalla por la pesificación», y sostuvo que «todo blanqueo siempre va a tener cuestionamientos desde la ética».

En tanto, la socialista Alicia Ciciliani cerró definiendo su rechazo «al financiamiento con dinero del delito».

El proyecto de exteriorización de divisas no declaradas autoriza al Ministerio de Economía a emitir el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade) y el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico que estarán denominados en dólares.

Los fondos originados en su emisión serán destinados, exclusivamente, a la financiación de proyectos de inversión pública en infraestructura e hidrocarburos.

Asimismo, autoriza al Banco Central a emitir el Certificado de Depósito para Inversión (Cedin) en dólares, que será endosable, como un medio para la cancelación de obligaciones de dar sumas de dinero en la moneda norteamericana.

El Cedin será cancelado en la misma moneda de su emisión por el Banco Central, o la institución que éste indique, sólo si se acredita la compraventa de inmuebles, su remodelación o la construcción de nuevas unidades habitacionales.

Cuando se trata de sucesiones la normalización será válida aún cuando la moneda que se pretenda exteriorizar esté registrada a nombre del cónyuge del contribuyente o de sus derechohabientes.

Los sujetos que realicen el blanqueo de su dinero no estarán obligados a informar a la Afip la fecha de compra de las tenencias, ni el origen de los fondos con las que fueron adquiridas.

Asimismo, quedan liberados de toda acción civil, comercial, penal-tributaria y penal-cambiaria; del pago del Impuesto a las Ganancia; a la transferencia de Inmuebles; del Cheque y cualquier otro impuesto interno, así como el Impuesto al Valor Agregado, a la Ganancia Mínima Presunta y sobre los Bienes Personales.

Será requisito para el usufructo de estos beneficios que los contribuyentes hayan cumplido con la presentación y pago, al 31 de mayo de 2013, del Impuesto a la Ganancia, a la Ganancia Mínima Presunta y a los Bienes Personales de 2012.

El blanqueo de capitales no liberará a las entidades financieras de las obligaciones de reportar la procedencia sospechosa de moneda de operaciones como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos, excepto de la figura de evasión impositiva.

En ese sentido, quedan excluidos de la exteriorización de divisas aquellos individuos y empresas declarados en estado de quiebra o denunciados por la ex DGI o por la actual Afip por delitos comunes conectados con el incumplimiento de obligaciones tributarias con sentencia firme; los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo; y los que ejerzan o hayan ejercido la función pública, sus cónyuges y parientes en el segundo grado de consanguinidad en cualquiera de los poderes del Estado Nacional, las provincias o los municipios.

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