Los legisladores de Frente de Todos buscarán emitir esta semana dictamen en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de blanqueo, denominado «Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado», con el objetivo de sancionar la iniciativa en una sesión especial que se podría llevar a cabo en la segunda quincena de septiembre.
Para poder avanzar en el tratamiento del proyecto el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, convocó para este martes, a las 18, para emitir los respectivos dictámenes.
La intención del oficialismo es realizar una sesión especial en la segunda quincena de septiembre para analizar los proyectos de blanqueo, de protección de las acciones de YPF y de licencias parentales, informaron fuentes parlamentarias.
Para aprobar el proyecto en el recinto el oficialismo deberá buscar acuerdos con bloques provinciales, debido a la extrema paridad que existe entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ya que tienen 117 votos cada uno esos bloques.
El FDT tiene 118 integrantes pero la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau solo vota en caso de desempate y JXC que tenía 116 hace poco sumó al diputado de Avanza la Libertad, José Luis Espert.
En eso contexto será clave conocer este martes cuál será la posición que tendrán los interbloques de Provincias Unidas, que tiene cuatro miembros, y el Interbloque Federal, con ocho integrantes, ya que la posición de esos espacios le podría garantizar la sanción al oficialismo.
La diputada de JXC, Germana Figueroa Casas, adelantó que la coalición opositora presentará un dictamen de minoría al objetar que el Ejecutivo «pueda decidir perdonar o no una deuda en materia tributaria», y planteo la necesidad de «analizar en serio los beneficios a cumplidores sino parece que la Argentina es el país de no pagues, total después se arregla todo».
La comisión de Presupuesto fue citada para este martes tras el informe que brindaron Carlos Castagneto, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), y Guillermo Michel, director general de Aduanas, la semana pasada.
En esa oportunidad, Castagneto dijo que «lo recaudado se destinará a la realización de viviendas y obras públicas, y al Tesoro Nacional. Este tipo de declaraciones refuerza la idea del Estado presente, combatiendo maniobras de gran evasión que atentan contra la gobernabilidad y desmantelamiento del Estado».
Por su parte, Michel puso de relieve que «la política de transparencia fiscal internacional es una política de Estado que debemos seguir sosteniendo» y dijo que se trata de un proyecto que, aclaró, «no es novedoso porque es algo que el Congreso ha discutido» en varias oportunidades.
El proyecto que se debatirá este martes estipula un blanqueo que comprendería a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas con bienes y activos financieros no declarados ante el fisco, que contará con una alícuota de 5% para quienes se registren en los primeros 120 días desde la entrada en vigencia de la iniciativa.
Transcurridos los cuatro meses, los bienes detectados en el exterior y no declarados pagarán una tasa del 10 ciento; luego de esa fecha pagarán un 20 por ciento hasta el fin de vigencia de la ley de 360 días.
Se establecerá un régimen simplificado con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera, y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos tres períodos fiscales y con un tope de hasta US$ 50 mil.
Para acceder al régimen, la declaración voluntaria de la tenencia de moneda nacional o de moneda extranjera requerirá la confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado.
Se entenderá por repatriación de bienes cuando el monto ingresado al país en concepto de tenencia en moneda extranjera y los importes generados por los activos financieros representen como mínimo un porcentaje a determinar por la reglamentación del valor total de los bienes en el exterior que se declaren; el que no podrá ser inferior al 10 por ciento.
El proyecto prevé que quedarán excluidos únicamente del Régimen Simplificado los contribuyentes alcanzados por el Aporte Solidario.
Tampoco podrán ingresar al blanqueo de capitales ningún presidente o vicepresidente, ministros del Poder Ejecutivo Nacional o provincial, gobernadores, intendentes, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, legisladores nacionales y provinciales, así como los jueces del Poder Judicial de la Nación que hayan asumido sus funciones a partir del 1 de enero de 2010.
Además, estarán excluidos los síndicos de entes de servicios, de la Auditoria, los embajadores, cónsules, personal de las Fuerzas Armadas o de seguridad, así como rectores de universidades nacionales, entre otros.
En esta condición también estarán los cónyuges, convivientes, padres e hijos de autoridades nacionales o provinciales que se hubieran desempeñado desde enero de 2010 hasta la fecha.
También quedarán excluidos sujetos declarados en estado de quiebra sin posibilidad de continuar con la explotación en cuestión, como también a los condenados por delitos frente a incumplimiento tributarios en la medida que exista sentencia firme y que la condena no estuviera cumplida.
Tampoco podrán ser objeto de la declaración voluntaria y excepcional las tenencias en el exterior que estuvieran depositadas en entidades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) como de alto riesgo o no cooperantes.
El proyecto establece que no considerará incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados y liberará a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiario, penal aduanero e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados en el marco del proceso de exteriorización.
Por último, establece un acuerdo de colaboración para que la AFIP obtenga información y pueda localizar y detectar bienes no declarados tanto en el país como en el exterior.
