El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará sesionar este miércoles para tratar el proyecto de ley «Bases», que contempla una delegación de facultades al Poder Ejecutivo, una amplia reforma del Estado y la privatización de unas 40 empresas públicas, mientras continúa avanzando en conversaciones con los bloques dialoguistas para ordenar el debate.
«Vamos a intentar sesionar el miércoles», aseguró una fuente allegada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que anticipó que mañana se realizará la reunión de Labor Parlamentaria para «ordenar» el debate de la ley «Bases» con los presidentes de bloques, que demandará unas «40 horas» aproximadamente.
Si bien la sesión especial no fue aún solicitada por La Libertad Avanza (LLA), el gobierno espera para oficializar la convocatoria que avancen por la tarde las conversaciones que se efectuarán con las bancadas que firmaron con disidencias el dictamen de mayoría.
En ese marco, Menem buscará en las próximas horas ultimar los detalles de la sesión con las autoridades de los bloques del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal para pulir la iniciativa y ordenar el debate en el recinto, luego del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de retirar del proyecto el paquete fiscal.
De esta manera, no se tratarán los capítulos del dictamen de mayoría que establecían una aumento de las retenciones agropecuarias, un nuevo mecanismo de actualización de las jubilaciones desde abril, el blanqueo de capitales, los cambios en el Impuesto a los Bienes Personales y la moratoria.
Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) y el de Córdoba, Martín Llaryora, y los legisladores de la UCR, el PRO, Hacemos e Innovación habían rechazado de plano el aumento de las retenciones agropecuarias y el nuevo mecanismo de ajuste de los haberes previsionales.
Los mandatarios de JxC mantuvieron en las últimas horas reuniones por Zoom y tendrán nuevos encuentros hoy para conciliar una postura con los bloques dialoguistas.
Cómo queda el proyecto
Tras esa decisión del gobierno se abrió una nueva etapa de diálogo para lograr la sanción de esta iniciativa, cuyo debate estará centrado en la delegación de facultades al Poder Ejecutivo y las privatizaciones.
En tanto, fuentes parlamentarias adelantaron que en las últimas horas trascendió la posibilidad de que el oficialismo acepte quitar del proyecto la declaración de cuatro de las 11 emergencias contempladas por el gobierno: Previsional, de Salud, Energética y Tarifaria, a propuesta de los bloques más dialoguistas.
Con relación a las normas delegadas, se podría eliminar del artículo 3° el párrafo que establecía que «las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así se lo disponga en forma expresa».
También se podría excluir del Capítulo I, de «reorganización administrativa», las facultades de disolución del artículo 5° a las empresas públicas, universidades, y entidades del inciso c del artículo 8 de la Ley 24.156 (Inta, Conicet).
De esos artículos se podrían quitar además las facultades para el Ejecutivo de modificar asignaciones específicas y la facultad delegada amplia que figuraba en el artículo 13°, vinculada a la competencia.
Asimismo, se analiza la posibilidad de sacar el artículo sobre la transferencia de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) al Tesoro Nacional, que figuraba en el artículo 194 del proyecto.
Por otra parte, se podrían retirar las modificaciones al Código Civil incluidas en la ley, en conceptos de fondo como mora o teoría de la imprevisión, pero quedarían firmes las referidas a divorcios, sucesiones y contratos comerciales.
Según las fuentes, otra de las cuestiones que se podrían suprimir de la redacción del texto son todas las reformas del sistema electoral, incluida la del financiamiento de los partidos políticos, que había despertado controversias.
De todos modos, el dictamen mantiene su propuesta para regular la protesta, al establecer que se prohíbe el corte del tránsito y de rutas, y se establece que se deberá pedir autorización para cualquier manifestación mayor de 30 personas en un espacio público, en lugar de las tres personas que establecía la iniciativa original.
También se mantiene la propuesta de permitir la legitima defensa cuando una persona fuera atacada en un caso de agresión ilegítima.
De esta manera, la ley se reduciría a 386 artículos, 278 menos que el original anunciado el 20 de diciembre pasado.
Por tratarse de la primera sesión que afrontará LLA en la Cámara de Diputados, y por la cantidad de temáticas que incluye la ley, el oficialismo debe aceitar la estrategia para conseguir, primero, los 129 votos que necesita para habilitar el quórum, y luego para lograr los respaldos para sancionar artículos clave de la ley.
