El gobierno nacional dispuso por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este miércoles la creación de un organismo que se encargará de la licitación y adjudicación del dragado y señalización del corredor fluvial Hidrovía, en el río Paraná. El detalle sobresaliente es que esa agencia tendrá sede en la ciudad de Rosario. hasta que se definan los nuevos operadores del dragado y señalización, el organismo será el encargado de cobrar los canon, con el consiguiente manejo de la información sobre el transporte en el corredor fluvial por el que se exporta más de dos tercios de la producción del país.
El Ente Nacional de Control de la Vía Navegable estará bajo la órbita del Ministerio de Transporte, y será un organismo descentralizado con autarquía administrativa, funcional y económico-financiera, además de personería jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado.
Vencida la concesión del mantenimiento de la Hidrovía, varias veces prorrogada desde 1995, cuando se privatizó la navegación por el Paraná-De la Plata, desde el 13 de septiembre próximo será el Ente quien cobre el peaje por, al menos, los próximos 12 meses, a cuenta y orden del actual concesionario Hidrovía SA. El organismo tendrá a cargo, a la vez, la confección de los pliegos para la licitación nacional e internacional que derivará en los nuevos operadores del corredor. Está prevista para septiembre de 2022.
El Ente estará conducido por un consejo directivo que presidirá un funcionario nombrado por el jefe del Estado nacional. Lo secundarán un vicepresidente primero y dos vocales propuestos por el Ministerio de Transporte, un vicepresidente segundo y un vocal designados por la cartera del Interior, y un vicepresidente tercero y un vocal designados por Desarrollo Productivo. A ellos se le suman siete vocales, representantes de cada una de las provincias signatarias del Acuerdo Federal Hidrovía: las que tienen frente fluvial sobre el Paraná-Río de La Plata (Santa Fe, Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Misiones).
Lo que viene
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El DNU 556/2021, ya publicado en el Boletín Oficial, establece que la misión del Ente será «velar por la calidad y adecuada prestación de los servicios, la debida protección de los usuarios y las usuarias, el resguardo de los bienes de dominio público y privado del Estado Nacional y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y marcos contractuales y regulatorios».
El organismo también realizará «auditoría, control, inspección, regulación y seguimiento de las materias administrativas, ambientales primarias, económico-financieras, legales, determinación y/o modificación de traza, tarifarias y técnicas de los contratos de concesión de obra pública y otros que pudieran realizarse para el desarrollo de trabajos de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y balizamiento, de dragado y redragado, control hidrológico y/o de actividades complementarias a aquellos».
Un cambio respecto de la concesión todavía vigente por las sucesivas prórrogas, y que tiene como operadores a la empresa belga Jan De Nul (dragado) y a la argentina Emepa (balizamiento), del empresario radical Gabriel Romero, es que ahora el Ente podrá concentrar la información que, hasta el momento, sólo manejaban los privados. Es que el Ente será el encargado de cobrar las tarifas –un de las más caras del mundo– a cuenta de los concesionarios del mantenimiento del corredor en vez de ser estos, directamente, quienes perciba ese canon y detenten la información sobre los movimientos de mercaderías.
El corredor fluvial sobre el Paraná es la vía de salida al exterior de más de dos tercios de la producción agroindustrial del país a lo largo de sus 1.635 kilómetros, y está bajo la lupa por varias cuestiones: maniobras de triangulación en las exportaciones para eludir impuestos, tráficos ilegales, sobredragados, impactos ambientales, afectación de recursos naturales y otras que exceden el negocio de los poderosos consorcios exportadores de materias primas y derivados.
Democratización del corredor
El Ente tendrá incumbencia sobre la vía navegable troncal comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, y la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, de acuerdo con el texto oficial. Pero podrán sumarse otras áreas a propuesta del Ejecutivo.
El DNU es consecuencia de la conformación del Consejo Federal Hidrovía, hace un año.
«A través del Ente, se obtendrá una mayor participación de las provincias y del Estado Nacional en la formulación de políticas para la vía navegable», aseguró en un comunicado la cartera de Transporte.
El texto agrega que el futuro Administrador o Administradora General del organismo presentará a la Jefatura de Gabinete el proyecto de estructura organizativa del organismo con un plazo límite de 90 días.
En apoyo técnico de las funciones del Ente, se creará también una Comisión Asesora no vinculante, integrada «ad honorem» por representantes de universidades públicas, usuarios y sindicatos, y de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Agricultura, Ganadería y Pesca, Medio Ambiente, Seguridad y Obras Públicas.
«Proceso de federalización»
«La creación de este ente es la inclusión de todos los actores del tema Hidrovía y estamos haciendo un proceso de federalización del tema Hidrovía. Los gobernadores hacía años ven pasar los buques y no tienen poder de decisión de lo que pasa», dijo al respecto el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.
En declaraciones a radio Continental, el funcionario señaló que «la idea es que el tema no quede sólo en manos de un Ministerio de Transporte, sino que participen otros ministerios como Producción e Interior».
Puntualizó que «el proceso de 26 años de concesión de la Hidrovía está finalizando y necesita adaptarse a los tiempos que corren. Hay que tener una mirada integral de la vía navegable que no sea sólo sacar materia prima».
«Este ente va a diseñar los pliegos de licitaciones a futuro y tomar la gestión de las vías navegables con participación federal y democrática. La estatización sería que los trabajos de obra pública no fueran licitados pero el ente va a hacer los pliegos para la licitación y esto no es una estatización, se va a llamar a licitación para la obra pública. Pero sí se le da un rol central al Estado en el control».
Remarcó en ese sentido que «el Estado dejó de tener información de lo que sucedía en la vía navegable y sin información no se puede tomar decisiones. La importancia de las vías navegables es estratégica, ya que por ahí sale el 80% de las exportaciones nacionales».
Finalmente, destacó «la decisión del Presidente de llevar adelante este proceso de federalización de las vías navegables», a la que definió como «fundamental», y sostuvo que «por primera vez en 26 años los gobernadores de las vías ribereñas serán escuchados y van a poder decidir».
