Según un estudio elaborado por la Universidad de Avellaneda (Undav), la relación entre el costo de los servicios públicos y el salario mínimo pasó de 6% en 2015 a 23,5% en 2018. De este modo, la Argentina se transformó en el país sudamericano que registró el mayor aumento de los servicios públicos en relación al salario mínimo en los últimos tres años.
Además de señalar que con la liberación de las tarifas se registró una “notable transferencia de recursos” de las familias a las empresas, la Undav destacó que el supuesto ahorro logrado mediante la supresión de los subsidios en las tarifas no resultó en un mejoramiento de las cuentas fiscales, debido a la merma de otros recursos, como la baja de retenciones a las exportaciones, a la minería y a las grandes empresas, producto de la reforma impositiva sancionada a fines de 2017.
Al estudiar la evolución del peso de los principales servicios públicos (energía eléctrica, gas de red y agua potable) sobre el salario mínimo, se encuentra un incremento acumulado de 17,5 puntos porcentuales en los últimos tres años, con lo que pasa del 6% que representaba en diciembre de 2015 al actual 23,5%.
“La inflación mantiene su ritmo de avance incesante, a más de dos años de la «normalización económica» impulsada por los representantes del establishment”, explicaron en el informe y destacaron que “el nuevo aumento de servicios del hogar genera una pérdida en la capacidad de consumo de toda la sociedad”.
“El punto es que estos aumentos tienen una influencia directa en las familias y otra indirecta. La directa es el mayor monto monetario que tendrán que destinar a estas partidas. Y, en forma indirecta, por su influencia en las diferentes cadenas de producción que utilizan estos bienes o servicios como insumos”, agregaron.
Aumentos, uno por uno
Asimismo, indicó que desde inicios de 2016 se aplicaron incrementos acumulados promedio del 2.057% en gas natural, de 1.491% en energía eléctrica y de casi 1.000% en el servicio de agua potable.
En materia de transporte, se observaron ajustes del 677% en peajes, 375% en el boleto del tren, 332% en colectivos de corta distancia y un 177% en subtes, para el acumulado trianual.
Transferencia de ingresos
“En última instancia, la política tarifaria permite reducir los gastos estatales en subsidios, pero al no poner un tope en los precios que las distribuidoras determinan para los usuarios finales, implica que las ganancias en dólares de dichas compañías terminen siendo soportadas tanto por toda la cadena productiva argentina como por las familias”, explicó el informe.
Subsidios y PBI
Para la Undav, en términos agregados, la previsión presupuestaria marca una disminución del peso de los subsidios económicos en 2018: según la nueva Ley de Presupuesto, se pasará de un peso del 2,2% sobre el PBI en 2018 a un 1,6% para el próximo año.
