El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como Pami, identificó una red de desvíos en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en distintos puntos del país, con patrones de sobrefacturación, prestaciones fantasma, circuitos cerrados y cobros indebidos a afiliados.
Los relevamientos, realizados mediante cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales, apuntan a una repetición de las maniobras en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja.
La auditoría identificó al menos cinco modalidades de desvío, siendo la más extendida la sobrefacturación de anteojos. Según el informe, los prestadores recetaban lentes de baja graduación pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros: «Un módulo real tiene un valor de $4.941, mientras que los módulos facturados llegaron a $27.204».
A esto se suman las «prestaciones fantasma», consistentes en consultas y estudios nunca realizados, donde «hasta el 50% de las órdenes carecía de respaldo clínico».
El esquema también incluyó circuitos cerrados con conflictos de interés y el cobro indebido a los jubilados por lentes que debían ser gratuitos. Los auditores relevaron casos donde se ofrecían productos fuera de cobertura a precios exorbitantes, llegando a detectar pagos de «hasta USD 1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos».
En Santiago del Estero, se confirmaron 606 casos de sobrefacturación con un perjuicio de $10,4 millones, confirmándose un vínculo familiar directo entre el médico derivante y el titular de la óptica.
En Entre Ríos, la situación fue descrita por los auditores como una «facturación sin sustento médico real», tras hallar 613 casos de sobrefacturación y recetas emitidas sin dioptrías.
En Rafaela también
Estas maniobras fueron detectadas dentro de un proceso de investigación más amplio sobre el sistema OME que ya cuenta con al menos seis causas judiciales activas.
Uno de los expedientes más avanzados radica en Rafaela, Santa Fe, donde se pidió el juicio oral para un médico y una farmacéutica por confeccionar 636 prescripciones apócrifas. El fraude se constató al rastrear las direcciones IP de las recetas electrónicas, las cuales «correspondían a computadoras ubicadas en el domicilio comercial de la farmacia».
Otros hallazgos incluyeron volúmenes de atención imposibles, como un cardiólogo que registró 689 órdenes en un solo día, lo que equivaldría a jornadas de hasta «108,7 horas diarias».
En medio del desfinanciamiento
La información sobre el fraude en las prestaciones oftalmológicas fue presentado por las autoridades del Pami como un avance en la transparencia y un argumento en torno a las críticas por los recortes en la obra social implementados por la gestión de Javier Milei.
Detrás del hecho puntual, lo que persiste son los recortes de fondos para prestaciones, pagos atrasados y salarios de profesionales deprimidos.
En los últimos meses se eliminó el programa de medicamentos esenciales gratuitos, que garantizaba la cobertura del 100% con la sola receta del médico. Muchos de esos medicamentos pasaron a tener coberturas parciales del 50 al 80%, trasladando costos a los jubilados.
Otros quedaron sujetos al llamado subsidio social, mediante un sistema con engorrosos requisitos. Quienes perciban más de 1,5 haberes mínimos ($570.429) quedan excluidos de la cobertura total. La jubilación mínima apenas alcanza los $380.286, a lo que se suma un bono congelado de $70.000, mientras la Canasta Básica de la Tercera Edad ya trepó a $1.824.682.
También avanzaron recortes sobre otras prestaciones esenciales, como la internación domiciliaria, con la eliminación del módulo de cuidador a domicilio que traslada tareas de cuidado sobre familias que muchas veces no pueden sostenerlas.
Otra crisis explotó con el conflicto de los médicos de cabecera. La Resolución 1107/2026 modificó el esquema de honorarios y, según denuncian los profesionales, implica una reducción de más del 50%.
Este nuevo esquema, aplicado de forma retroactiva al mes de abril, establece el pago en $2.100 mensuales por afiliado en todo concepto. La medida provocó un paro de 72 horas impulsado por médicos de cabecera por ser una cifra incompatible con cualquier atención de calidad.
A esto se suma el cuadro de desfinanciamiento del sistema prestacional. Prestadores denuncian deudas millonarias del Pami con clínicas, sanatorios y proveedores, mientras continúan problemas en insumos, prestaciones y crecen las alertas por amenazas de cierre o vaciamiento de establecimientos, hospitales y policlínicos de la obras social, como ocurre en Rosario y Hurlingham.
El ministro de Salud, Mario Lugones, llegó a decir que el problema con la obra social es que las personas «viven más».
