El parlamento de Cataluña aprobó ayer una resolución sin precedentes declarando el lanzamiento de un proceso de secesión de España con el objetivo de proclamar una república independiente a más tardar en 2017. La respuesta de Madrid fue inmediata. En una hora, el jefe del gobierno español Mariano Rajoy anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional para invalidar el texto esta misma semana.
“Solicitaré la inmediata suspensión de esta iniciativa y de todos sus efectos”, aseguró Rajoy, quien el próximo 20 de diciembre se juega una nueva legislatura en el poder en unas elecciones legislativas donde la cuestión catalana se anticipa fundamental.
Por ello, el jefe de gobierno buscó el apoyo de los grandes partidos españoles que, en su gran mayoría, lo apoyaron a presentar este recurso para frenar las aspiraciones independentistas.
La resolución catalana, aprobada con 72 votos favorables sobre 135 diputados del parlamento regional, no tendrá efectos directos pero presenta el plan secesionista: iniciar “el proceso de creación del Estado catalán” que “no se supeditará a las decisiones del Estado español”.
“Nadie puede detener la voluntad de un pueblo que avanza decididamente hacia un futuro mejor. Ninguna querella, ninguna amenaza, ningún miedo”, aseguró el presidente en funciones Artur Mas, de la transversal coalición independentista Juntos por el Sí.
La resolución incluye también un llamamiento a renegociar la abultada deuda pública y a redactar la legislación para crear una administración tributaria independiente.
“Es el desafío más grande que hemos tenido en la democracia en los últimos 30 años”, aseguró la líder de la oposición, Inés Arrimadas, del partido centroliberal Ciudadanos.
“Tiene tan poco sentido que no han sido capaces de convencer a una mayoría de catalanes”, añadió.
Los independentistas solo obtuvieron un 48 por ciento de los sufragios de las elecciones, presentadas como un plebiscito sobre la secesión ante la oposición del gobierno español de Mariano Rajoy a conceder un referéndum en esta región mediterránea.
Esta negativa llevó al gobierno de Mas a impulsar el 9 de noviembre de 2014, justo hace un año, una consulta simbólica en la que 1,9 millones de personas se posicionaron por la independencia a pesar de que la votación fue prohibida por el Tribunal Constitucional.
En la resolución aprobada ayer, los independentistas advierten que durante este proceso, que quieren culminar en 2017 con un referéndum para aprobar la nueva constitución catalana, tampoco se supeditarán a sus sentencias.
De todas maneras, seis semanas después de los comicios, la región sigue sin gobierno por el rechazo de la CUP a apoyar como presidente al liberal Artur Mas. Si no hay acuerdo antes del 9 de enero próximo, deberán convocarse unas nuevas elecciones y la secesión podría quedarse en mero proyecto.
