El gobierno amplió ayer el temario legislativo de las sesiones extraordinarias y agregó, entre otros temas, un proyecto que establece sanciones para los integrantes de las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales o de la ciudad de Buenos Aires que incumplan sus tareas o abandonen sus actos de servicio.
Se trata de un texto presentado la semana pasada por el senador del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, que la Casa Rosada decidió impulsar luego de las rebeliones policiales que tuvieron lugar en gran parte del país.
Si bien el Poder Ejecutivo decidió incluir el proyecto en el período de extraordinarias –que por ahora está convocado hasta el 31 de diciembre–, no estaba previsto por el momento iniciar el tratamiento legislativo de la propuesta. Según trascendió, la discusión ocurrirá en febrero próximo y arrancará por la Cámara alta.
A extraordinarias
El gobierno publicó ayer la ampliación del temario de extraordinarias en el Boletín Oficial, en la que también se encuentra el Digesto Jurídico, la estatización de la universidad de Madres de Plaza de Mayo, la creación de otras dos casas de altos estudios y modificaciones a la ley de Tránsito, entre otras cuestiones.
En ese grupo de leyes, la iniciativa más resonante fue la que impulsa sanciones para los miembros de las fuerzas de seguridad, presentada por Fernández el pasado 11 de diciembre.
Multas y penas de cárcel
El proyecto reforma el artículo 252 del Código Penal y establece multas, inhabilitaciones y hasta penas de cárcel para los integrantes de las fuerzas que no cumplan con sus deberes o abandonen sus tareas.
“El miembro de una fuerza de seguridad nacional, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, o agencia estatal armada que tenga a cargo el cuidado de personas, que a sabiendas abandonare injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiere la prestación regular de la función o misión a la que reglamentariamente se encuentra obligado, será reprimido con pena de prisión de 1 a 3 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena”, señala el texto.
A la vez, establece que “si, en consecuencia del abandono u omisión tipificado en el párrafo precedente, se produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de 2 a 8 años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos”.
La iniciativa también fija que “el militar que abandonare su servicio, su destino o que desertare en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe, será penado con prisión de 1 a 6 años”.
“Si como consecuencia de su conducta resultare la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiese o dificultase la salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a 12 años. En cualquier caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito con pena más grave”, agrega al respecto. En tanto, el proyecto estipula que “será reprimido con multa de 750 a 12.000 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año el funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público”.
Redes sociales en la picota
La Legislatura entrerriana aprobó un proyecto de resolución, impulsado por el peronista Rubén Oscar Almará, mediante el cual se pide al Ejecutivo que restrinja el uso de medios electrónicos y redes sociales en situaciones de “conmoción social”, como ataques a comercios.
La iniciativa insta a tomar las medidas necesarias para “bloquear comentarios, expresiones e información de carácter delictivo que fomenten la apología del delito y la violencia, que promuevan el odio y la intolerancia, generen zozobra o desconozcan las autoridades legalmente constituidas”. Y sugiere que la provincia convoque a la Nación a “intervenir y emprender las acciones necesarias para exigir a las empresas proveedoras de servicios de internet el bloqueo de las redes sociales durante el tiempo necesario para restablecer el orden público”.
Once: comerciantes frenan a vándalos
El centro comercial de Once, en Capital Federal, fue escenario ayer de un intento de saqueo que derivó en corridas y detenidos, en medio de un operativo de la Policía Federal. Los disturbios se produjeron en la calle Sarmiento, entre Pueyrredón y Boulogne Sur Mer, cuando al parecer algunas personas intentaron ingresar a negocios y fueron enfrentadas por comerciantes, que se defendían con palos.
“Un grupo de pungas que trabaja en la zona se organizó para saquear, pero los comerciantes lo impidieron y cuando intervino la Policía fueron detenidos seis y trasladados a la Comisaría séptima”, aseguraron fuentes de la Policía Federal.
Según señalaron los comerciantes a la prensa, un grupo de jóvenes intentó saquear en Mitre y Pueyrredón, aunque su avance fue impedido por los comerciantes y luego por efectivos de la Policía Federal, que lograron detenerlos.
Uno de los efectivos que se encontraba en la zona afirmó que durante los incidentes un policía resultó herido.
