Por: Pablo Moscatello
En la misma semana en la que comenzó a sentirse de a poco y con el correr de los días la llegada de camiones que arriman a los puertos de la región la importante cosecha de soja proyectada para esta temporada, hay un conflicto que estalló y que por ahora parece no encontrar solución. Los obreros estibadores, quienes conforman la Cooperativa de Servicios Portuarios y prestan su trabajo en las terminales Bunge, Cargill y Terminal 6 de Puerto General San Martín, continúan con el bloqueo de las empresas iniciado el martes pasado y el conflicto tiende a agudizarse.
Si bien para los habitantes de la zona metropolitana los trances del cordón industrial suelen resultarles ajenos, lo que hay en juego en este tipo de negociaciones son cifras millonarias. En el Gran Rosario están ubicados los puertos por donde sale el 90 por ciento de los granos del país, lo que no sólo llena de divisas a las propias empresas exportadoras, sino también al Estado nacional, para el que hoy lo que ingresa vía retenciones (especialmente por soja) es vital para poder financiarse. En concreto, según estima la Bolsa de Comercio de Rosario, el complejo facturará 22.300 millones de dólares, una cifra que será récord. Y lo misma cabe para el gobierno nacional, que piensa recaudar con dicho tributo 6.900 millones de dólares.
En tanto, lo particular de la actual negociación está relacionado con que no están del todo claro los porcentajes que se disputan patronales y trabajadores. Si bien desde el gremio reina el hermetismo en torno al incremento de las tarifas que la cooperativa cobra por prestar el servicio, por lo bajo voceros de las empresas afirman que el titular del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) en la zona y quien también está al frente de la cooperativa, Herme Juarez, está solicitando un aumento del ciento por ciento en dólares, algo que las multinacionales consideran inaceptable. Las patronales accederían ceder un 25 por ciento en moneda estadounidense, lo que representa un 40 por ciento en pesos.
En declaraciones a medios sanlorencinos, en la única afirmación que ha hecho pública sobre el conflicto en las últimas horas, Juárez intentó quitar dramatismo, buscó restarle importancia al reclamo y salió a desmentir algunas informaciones. “Cuando se habla del ciento por ciento es para que la otra parte ceda un poco más”, minimizó el empresario, que también ocupa la secretaría general del gremio. De acuerdo a los cálculos que hacen las terminales, cada centavo de incremento de la tarifa de estibaje le significa 500 mil dólares extras de recaudación anual para la cooperativa que administra Juárez.
El Ciudadano recorrió ayer la zona donde están instalados los piquetes, frente a las tres terminales portuarias, y el panorama era desolador. En la puerta de acceso a cada empresa reinaba el humo e incluso bien desde lejos podía observarse el fuego que ardía sobre las gomas. “Juárez va tener problemas si no dice cuál es el arreglo al que llega con la empresa por la tarifa que cobra la cooperativa por el servicio que presta. Él puede pedir lo que quiera, pero después va a tener que aumentarle a los compañeros en la misma proporción”, le dijo por lo bajo a este medio uno de los involucrados en la negociación.
Otra fuente confió que no sólo se está negociando tarifa y, por ende, salarios, sino que además “está el hecho de que son varias las contratistas que prestan el servicio de transporte y traslado interno en los puertos con maquinarias que están trabajando en las empresas de San Lorenzo y que cobran la mitad de la tarifa que tiene la cooperativa en Puerto San Martín por hacer el mismo trabajo. Está en juego eso también”. “Al estibaje el Supa lo tiene garantizado, pero para otras tareas internas se necesitan máquinas que la cooperativa no tiene. Y Juárez tiene miedo de perder ese negocio”, añadió la fuente.
Para comprender la magnitud del conflicto, en la mesa negociación del Supa y la Cámara de la Industrias Aceitera de la Republica Argentina (Ciara) también estuvo sentado en estos días intentando mediar en el conflicto nada más ni nada menos que el titular de la CGT, Hugo Moyano, y funcionarios del Ministerio de Planificación federal, que comanda Julio De Vido.
La presencia del pope sindical no es casual. Es que hace dos semanas se creó, para aunar fuerza en los reclamos gremiales en la zona, la Unión de Trabajadores de la Actividad Agroindustrial, del Transporte y de la Estiba en Puertos y Antepuertos, integrada por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, el Sindicato Unidos Portuario Argentino de Puerto San Martín, y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (Soea), convenio que suscribieron los titulares de los tres gremios: Hugo Moyano, Herme Juárez y Pablo Reguera. De ahí que por estas horas también el paro tenga la adhesión de una parte de los camioneros y todos los aceiteros, quienes decidieron solidarizarse con sus compañeros y paralizar totalmente las tres plantas.
