Las tareas previas y posteriores a la ejecución del ex concejal y pastor evangélico Eduardo Trasante, cometido el 14 de julio pasado en su casa de San Nicolás al 3836, evidencian una especie de pasamanos en cuanto a la división de tareas para gestionar la compra del Peugeot 308 robado y que fue utilizado para cometer el crimen. Este jueves, los fiscales Matías Edery y Gastón Ávila imputaron a tres jóvenes por el vínculo que los une con ese vehículo. “Es una prueba compleja; la evidencia gira en torno a que todos tienen un vínculo con el vehículo que se utilizó en el hecho. Lo adquirieron y después lo descartaron. La investigación es mucho más grande; tenemos un montón de otros elementos que estamos analizando. Es un grupo de criminalidad organizada muy grande que estuvo detrás de esto. Es un hecho muy grave”, dijeron los fiscales al término de una audiencia que se dilató por problemas técnicos.
La hipótesis fiscal, avalada por el juez de primera instancia Hernán Postma, quien dictó la prisión efectiva por el plazo de ley para los tres imputados, está sustentada en mensajes recuperados de teléfonos secuestrados, registro de cámaras y testimonios.
Los fiscales no abundaron en el móvil del crimen ni tampoco en la audiencia hubo menciones a posibles autores materiales. Sí ofrecieron una detallada hipótesis sobre los movimientos del 308 utilizado para cometer el asesinato del ex concejal. De las gestiones para obtener el vehículo, para la acusación, «se desprende la participación necesaria” de los imputados en el homicidio. Se trata de Julio Andrés Rodríguez Granthon, alias Peruano, de 27 años, quien está preso en el pabellón 9 de la cárcel de Piñero, cercano a Los Monos y pronto a juicio por tráfico de drogas; Facundo Sebastián L., de 22, y Alejo “Patón” L., de 22, quien fuera vecino del pastor evangélico en el barrio de Villa Moreno. “Todos y cada uno de los acusados han hecho un aporte fundamental”, dijo el fiscal Edery.
Los roles
Al Peruano Rodríguez Granthon lo acusaron de realizar, desde su celda, las gestiones para conseguir el 308 utilizado para cometer el crimen, definido por los fiscales como “un plan criminal” que comenzó el 11 de julio pasado.
Para ello, según la Fiscalía, el Peruano se comunicó por mensaje de voz de Whatsapp con Brian Nahuel “Buba” A. –ya imputado en la causa– para pedirle el auto: “Le manifestó que se lo entregue a una persona de su confianza que se iba a comunicar con él y que luego le iba a pagar”.
Allí, para la hipótesis fiscal, entra Facundo Sebastián L., quien “siguiendo las indicaciones del Peruano Rodríguez Granthon y en base a la información que le proporcionó a éste último Isaías Zenón (compañero de pabellón del Peruano), se comunicó en nombre del Extranjero el 11 de julio a las 21.19 con Buba para que éste le entregara el 308 que había sido robado un día antes en zona sudoeste.
Esa noche a las 22.30, Facundo L. pasó a buscar el 308 por Rouillón y Cisneros de Rosario.
A las 20 de 14 de julio, cuando la ciudad estaba conmocionada por el crimen del pastor y según los fiscales, Facundo L. pasó a buscar, junto a dos vecinos –no imputados en la causa– el auto “caliente”.
“En primer lugar buscaron la llave en calle Moreno 3910 donde vive Patón. Al día siguiente el vehículo apareció abandonado en Uriburu y Barcalá, a unas cuatro cuadras de donde vive Facundo L.
Hasta allí, el periplo del 308, que también fue la base de la imputación de los otros dos acusados que tiene el legajo de la ejecución del ex concejal de Ciudad Futura: Brian Nahuel “Buba” A., de 19, y Maximiliano Aníbal “Archi” G., de 23, por encubrimiento y homicidio calificado.
Polémica por el cartel
Pero en la causa asomó un elemento polémico por las imágenes que el 13 de agosto pasado fueron secuestradas del teléfono del apodado Patón. Del aparato los peritos extrajeron fotografías del frente del domicilio de Trasante y una imagen de un cartel escrito a mano que dice de un lado “x violador”, y del otro que tiene la leyenda “nunca más vas a violar a una mujer”´.
Y finalmente una última imagen donde se ve el frente del domicilio de Trasante y tiene hecho un círculo de color celeste que rodea la puerta de ingreso a la vivienda.
La difusión de estas postales ameritaron una crítica de la querella a cargo de las abogadas Gabriela Durruty y Jesica Pellegrini, en representación de la viuda de Trasante Carolina Leones, que por lo demás avaló la investigación.
Para el fiscal Ávila, “es información objetiva; la realidad es que el teléfono celular tenía una seguidilla de fotos que venían en ese orden. Nosotros expusimos fue la evidencia objetiva que tenía la Fiscalía respecto de la evidencia de esta persona que puede abrir o no nuevas líneas de investigaciones”.
Sobre los carteles de la polémica Edery expuso: “Sin duda vamos a tener que abrir una nueva de investigación a partir de esos carteles; lo que si tenemos bastante claro que a la fecha no hay ninguna evidencia que hable de un crimen institucional o por la participación política que supo tener en el pasado el señor Trasante”.
La investigación
Por otro lado, Edery y Ávila mencionaron testimonios a base de rumores en Villa Moreno que señalan que “Patón alardeaba que había matado a Trasante”. Claro que la investigación aún no tiene autores materiales imputados.
Las defensas de los imputados a cargo de María Pascuali, Ezequiel Torres y Fausto Yrure, brindaron detallados argumentos de lo que –entendieron– es “orfandad probatoria” en la acusación: Yrure habló de “baches gigantescos en la investigación”.
Yrure cuestionó que la Fiscalía dé por acreditado que la voz recuperada en audios de teléfonos secuestrados sea la de su cliente. Torres argumentó sobre la acusación de una promesa remuneratoria sin que hubiera información acerca de indicios siquiera sobre el monto o pagos realizados, mientras que Pascuali remarcó que la causa posee una serie de versiones o rumores de terceros que la acusación no presentó indicios para probarlos.
El juez que presidió la audiencia Hernán Posta, sin embargo, valoró y tuvo por acreditada la hipótesis fiscal y dio el visto bueno al pedido de prisión preventiva por el plazo de ley para los tres imputados por los delitos de homicidio doblemente calificado por precio o promesa remuneratorio y por el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego en calidad de partícipe necesario. Además de esa calificación, a Patón y Facundo L. sumaron el delito de encubrimiento.
