Con el final del mandato de Mauricio Macri prácticamente decretado, el gobierno nacional buscaría acelerar el traspaso del Puerto de Buenos Aires a la órbita porteña para, así, evitar perder la posibilidad de entregarlo a manos de una sola empresa y habilitar un negociado inmobiliario de alta magnitud. Desde el PJ Nacional que conduce José Luis Gioja, alertaron que el Ejecutivo nacional pretende «transferir el Puerto de Buenos Aires a la órbita del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, administrada por su socio político Horacio Rodríguez Larreta».
El escándalo, que reveló El Destape hace dos meses, implica el achicamiento del puerto federal y más importante del país. Operado por tres empresas en la actualidad, se pasaría a solo una –según se propuso en un proyecto diseñado por la española Indra–, y las miradas se posaron sobre una firma de Singapur, país del que es cónsul Nicolás Caputo, el «hermano del alma» de Macri.
Pero eso no es todo, el Puerto achicado ya no se ubicará en el mismo sitio que ocupa hoy sino que se trasladará a una isla construida sobre el Río de la Plata. De hecho, la Administración General de Puertos, cuyo interventor es el militante macrista Gonzalo Mórtola, ya avanzó en la licitación de arena para comenzar a ganarle terreno al río.
Con el traslado, quedarán liberadas 27 hectáreas que destinarán a una terminal de cruceros, al negocio comercial y al desarrollo inmobiliario, en lo que será Puerto Madero II. El final de una serie de construcciones (Catalinas I y II, el Antepuerto y el Paseo del Bajo) que ya fueron adjudicadas a los amigos del poder Nicolás Caputo, Paolo Rocca y Eduardo Costantini.
Ante este panorama, el PJ Nacional remarcó que el proyecto de Cambiemos implica la venta de tierras públicas, pertenecientes a Nación –como las del Puerto–, para destinarlas a negocios inmobiliarios sin que pase por el Congreso Nacional.
Por eso, desde el PJ instaron «al gobierno nacional a abstenerse de vender cualquier terreno que a la fecha pertenezca a la jurisdicción del Puerto de Buenos Aires, toda vez que ello constituiría un grave delito». Incluso, remarcaron que la transferencia del Puerto a la ciudad de Buenos Aires sería «un grave error» porque se perdería parte de la esencia del sistema federal y el desarrollo equitativo de las economías.
El negociado macrista comenzó hace tiempo. Como contó El Destape, el diseño del achicamiento y el traslado del puerto empezó a diseñarse a fines de 2016 y el proyecto inmobiliario se terminó de cranear en 2017. Con 27 hectáreas liberadas, esas tierras codiciadas se destinarán al mundo inmobiliario.
Por código urbanístico porteño, el diseño debe contemplar un 65% de terrenos públicos, entendidos como calles y parques, y un 35% destinado al sector privado, lo que implica casi 150 mil metros cuadrados para el negocio inmobiliario y comercial. Esta superficie le asegura a los inversores una cantidad de 933.600 metros cuadrados construibles (incluye los pisos en altura) y casi 747 mil metros cuadrados destinables a la venta.
Para acceder al tentador negocio, los privados comprarán el metro cuadrado al Estado –son tierras nacionales– por US$ 1.300 y lo venderán, como piso, a US$ 4.250. De este modo, la inversión total para la compra de todo el polígono sería de U$S 1.214 millones y la venta alcanzaría, como mínimo, los U$S 3.081 millones. Como mínimo ya que, con el avance de las construcciones, el suelo irá ganando valor y las ganancias serán mayores.
Para esto, será muy valiosa la ley de blanqueo de capitales, aprobada en 2016, en la que se estipuló que no pagarán un impuesto especial por la declaración y repatriación de dólares que tenían en el exterior quienes destinen ese dinero a proyectos de infraestructura o inmobiliarios, entre otros puntos. Un negocio que cierra por todos lados.
