El Ciudadano
“Este plan debía contar con el apoyo de muchas personas, de personal policial, del cual acá hay sólo una parte, de profesionales, de una organización. Todo debió costar mucho dinero. Desde que Alvarado se enteró de la orden de captura en su contra por el homicidio de Lucio Maldonado el plan fue disfrazarse de mono, rociar la ciudad de balas y empezar a hacer un entramado de cuestiones para que sean imputadas estas dos personas”.
El textual se escuchó en boca del fiscal Matías Edery en la maratónica audiencia imputativa que tiene a Esteban Alvarado, cuatro policías y un civil acusados de integrar una asociación ilícita. El objetivo de esa organización era infiltrar las altas esferas de la Unidad fiscal de Gravedad Institucional, desviar la investigación por del caso del prestamista Maldonado e inculpar por el asesinato a un testigo de identidad reservada enemistado con Alvarado y a Leandro “Chulo” Olivera, vinculado a los Monos e imputado por la saga de balaceras ocurridas entre mayo y septiembre, dijeron los funcionarios del MPA.
Este lunes fue el turno de las defensas, luego de que los fiscales Edery y Luis Schiappa Pietra presentaran acusaciones agravadas que van de incumplimiento de deberes de funcionario, cohecho y tráfico de influencias el viernes pasado, tal como viene publicando El Ciudadano. Uno por uno los letrados expusieron argumentos con el objetivo de desligar a los imputados. Éstos a su vez hicieron descargos ante la jueza María Carrara: testimonios mezclados con llantos y pedidos desesperados.
La magistrada casi al anochecer resolvió aceptar el pedido de prisión preventiva por el plazo de ley presentado por la Fiscalía. Alvarado, Nicolas “El Fino” Ocampo, los policías Martín Rey, su hermano Marcelo, Jorgelina Chávez y Pablo Báncora permanecerán presos sospechados de ser parte de “la operación más grande que se vio en la provincia”, como definió un fiscal el complot que les atribuye.
El 2 de febrero Alvarado, alias Chunino o Rengo, o simplemente el Esteban, fue detenido en un camping de Embalse Río Tercero, Córdoba. Antes de que el personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) lo aprehendiera, arrojó su Iphone al fondo de un lago. Pero el aparato fue recuperado y la información fue extraída en una oficina de Nueva York. El contenido del teléfono abrió una caja de pandora: “Hay 4600 audios del teléfono, un manual de instrucciones de cómo dirigir una asociación ilícita”, dijo el fiscal Edery.
Este lunes los letrados Lucas Peirone y Claudio Tavella, que defienden a Alvarado, plantearon que toda evidencia sacada del celular es violatoria de derechos y pidieron la nulidad del proceso. “Esta defensa no pudo controlar nada, no notificaron de las pericias”, dijeron los abogados.
“Nunca tuve problemas con Maldonado”
Enfundado en chaleco antibalas y cercado por dos efectivos penitenciarios, el enigmático Alvarado apuntó contra el testigo reservado y además denunció presiones mediáticas y políticas en su contra. “Yo con el caso Maldonado aparezco en el allanamiento del día que caen a la casa quinta, siendo que el hermano de Lucio dio distintos nombres, tres o cuatro nombres, para que sigan las pruebas y nunca siguieron a nadie. Esperaron que llegue el día que apuntaron al campo y fueron, pidieron mi captura y me pusieron como investigado, siendo que yo con Maldonado nunca tuve ningún problema”. Y agregó: “Yo no pertenezco a ninguna asociación ilícita, ni como jefe ni organizador ni nada por el estilo. No conozco a ninguna de las personas, sólo a Ocampo, después a las otras personas –por los policías– no las conozco”.
“A nosotros nos vendieron carne podrida”
“Niego rotundamente todos los delitos que se me han imputado. Tengo casi 20 años de antigüedad en la fuerza. Desde el inicio de la PDI (Policía de Investigaciones) me convocaron para formar parte y pasé todos los filtros. Siempre me destaqué por mi responsabilidad y mi trabajo. Participé en allanamientos que desbarataron a la banda los Cerrajeros, los Rosarinos, la banda de los Gorditos, los Romero”. Así comenzó su descargo el comisario del área operativa de PDI Martín Rey, el primero de los efectivos acusados en declarar. “Me arruinaron mi carrera y mi vida”, se lamentó. En ese momento en la sala se escucharon llantos.
Rey junto con su hermano Marcelo están acusados de plantar pruebas a pedido de Alvarado. Todo con el objetivo de desviar la investigación en su contra, y en su lugar involucrar al testigo protegido y a Chulo Olivera. Las maniobras atribuidas van desde plantar el dato de una chapa patente duplicada en la investigación por la balacera desde un Volkswagen Up a la casa de una funcionaria judicial en Rioja al 500, y pergeñar el allanamiento de Rivero al 5200, donde se secuestraron celulares con conversaciones simuladas entre el propio Chulo y el testigo que mantiene enemistad con Alvarado.
De hablar pausado, el policía, que dijo ostentar una “carrera intachable”, poco a poco se fue quebrando y terminó contando que su esposa y madre de sus dos hijas perdió el trabajo a raíz de su detención: “El dueño del local donde trabaja tiene miedo que los Monos le tiren y la echó”.
El subcomisario Marcelo Rey, la inspectora Jorgelina Chávez y el funcionario de inteligencia Pablo Báncora también declararon. Los tres policías mostraron profundo pesar por las acusaciones en su contra y las negaron rotundamente. Y ninguno dejó de señalar que jamás tuvieron sanciones y que transitan por situaciones económicas que están lejos de ser holgadas. “Para mí esto es una película, una película irreproducible. No tengo nada que esconder”, dijo la inspectora que está acusada de pasar información reservada a Alvarado por medio de Báncora.
En todos los casos los defensores pidieron la libertad y, como medida subsidiaria, la prisión domiciliaria. Lo mismo para Nicolás “El Fino” Ocampo, a quien le atribuyen “una colaboración esencial” en la balacera de Rioja al 500. Los descargos no convencieron a la jueza de primera instancia Carrara, que inclinó la balanza a favor de la hipótesis fiscal al momento de resolver.
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