El Plan de los 1.000 días, ideado para acompañar y proteger integralmente a las embarazadas, puérperas y primeros años de la infancia, se encamina a convertirse este martes en ley durante la sesión del Senado en la que también se tratará el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
La sesión especial convocada por la presidencia de la Cámara, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, se iniciará a las cuatro de la tarde y se prevé que finalice durante la madrugada de este miércoles, principalmente, por la controversia que gira en torno a la legalización del aborto.
La iniciativa de los 1.000 días obtuvo dictamen la semana pasada de las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda del Senado, en una única jornada de debate, por lo que se descuenta que será convertida en ley, tras haber recibido media sanción de Diputados el 11 de diciembre último.
De su análisis en comisión participó la directora de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud, Gabriela Bauer, quien postuló la necesidad de «construir ese Estado que termine con las desigualdades sociales» y que permita llegar «a esa mujer y a esos niños pequeños» que están impedidos de acceder al cuidado de su salud.
«Hasta ahora se han dado respuestas parciales y hay urgencias», sostuvo Bauer y advirtió que «cada niño o niña que muera por falta de oportunidades es responsabilidad del Estado».
Por su parte, el secretario de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Lerner explicó que el plan está destinado a personas gestantes y a niños de hasta 3 años y especificó que el seis por ciento de la población argentina corresponde a menores de esa edad.
La propuesta del Poder Ejecutivo «busca fortalecer las políticas públicas para que Argentina se ponga a tono con los altos estándares de la Convención Internacional de los Derechos del Niño».
El proyecto de ley nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido también como el Plan de los 1.000 días, establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.
Al mismo tiempo extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.
También se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.
De acuerdo con el texto, el programa también prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes, y la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.
Entre los insumos, se menciona la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez.
El proyecto busca afianzar el «derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad» para las niñas y niños con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años, para personas que cursen embarazos de alto riesgo o padezcan trombofilia, para mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género y para niñas y adolescentes embarazadas.
También se crea en el ámbito del Ministerio de Salud una Unidad de Coordinación Administrativa «para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y de sus hijos hasta los 3 años».
