Osvaldo Pellin (*)
Sospecho que la política del presidente Alberto Fernández respecto del Poder Judicial es la total independencia de los poderes, o sea la del respeto a la no intervención del PEN (Poder Ejecutivo Nacional) en el Poder Judicial. Y sólo lo sospecho porque aún no se ha explicitado públicamente, aunque es fácil reconocer que se ha practicado, pese a que es fruto de una voluntad en un contexto que pide a gritos una intervención. La política no podrá ser la consecuencia reactiva a las intervenciones alevosas de Mauricio Macri en el Poder Judicial que sucedieron durante todo su mandato. Pero tampoco la de dejar impunes sus consecuencias, con la pasividad de la cosa juzgada, gestadas en trámites fraudulentos.
Porque circunstancias a reparar quedan. Por nombrar un par de ellas, la circunstancia de que aún hay presos políticos en la Argentina y la situación de alto riesgo que pende sobre la humanidad de Cristina Fernández de ir a parar con sus huesos a la cárcel mediante el método del lawfare. En ese sentido está claro que Comodoro Py prueba la tolerancia que la actual administración manifiesta ante estos lamentables hechos y sigue operando en base a armados judiciales hechos en el pasado, totalmente ilegales, de modo que se ha convertido en un miembro más del poder real del llamado “círculo rojo” en la Argentina.
La otra circunstancia a mencionar es la impunidad de la que goza y se solaza Macri, su ex ministro de Justicia Germán Garavano, y otros de sus amigos. Sus ilícitos más renombrados no avanzan en la investigación hasta dar la impresión que son hechos que esperan desaparecer de la memoria colectiva, para que el archivo los acune en algún lugar donde seguirán soñando el sueño de los justos.
La llegada del Frente de Todos implicó una esperanza en que los hechos mencionados iban a tener durante este gobierno un punto de conclusión y de reparación. Pero hasta hoy no ha sido así.
Sabemos lo que significa la ausencia de justicia para la reproducción de ilícitos. Si la Justicia no interviene, las situaciones indeseables más temprano que tarde se repetirán.
El juzgamiento de las Juntas de gobierno de la dictadura –juntas militares– permitió comprobar que ante tan duro enemigo las instituciones de la República fueron capaces, en democracia, de actuar imparcialmente y hacer justicia ante una larga lista de crímenes de lesa humanidad.
Por eso es que no pueden quedar ahora firmes, fallos que se sustentan en maniobras de lawfare (1) por el hecho que los representantes formales del Poder Judicial son los mismos que están involucrados en ausencia de imparcialidad judicial y en mirada complaciente con los armados de lawfare. Eso no es hacer justicia, eso lisa y llanamente es hacer trizas las expectativas en los valores de la justicia.
Así, hoy tenemos a Milagro Sala en prisión y a Amado Boudou teniendo que cumplir una condena por un hecho que lo muestra inocente, mientras la prueba en su contra fue un testimonio hecho por un individuo que recibió prebendas para dar una falsa prueba incriminatoria.
No queremos que Alberto Fernández se involucre en presiones inaceptables sobre jueces y magistrados vinculados en esos hechos, queremos una comisión valedera que devele la verdad de lo que inculpan a los presos políticos.
Solicitar la revisión de esos expedientes, donde probablemente encontremos que los culpables verdaderos son, en primer lugar, aquellos que urdieron maniobras delictivas con una Justicia cómplice, con el fin de sancionar y marginar a quienes consideraban eran sus enemigos políticos.
(1) Lawfare: palabra que alude a los actos articulados desde la triple alianza entre cierto sector del Poder Judicial, algunos medios periodísticos y los servicios de inteligencia, en subordinación a la Casa Rosada.
(*) Médico. Ex diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, afiliado después al Partido Socialista y colaborador de Guillermo Estévez Boero. De vaconfirma.com.ar
