La inminente libertad del único policía preso por el homicidio de Jonatan Herrera indignó a familiares del joven asesinado en enero de 2015 y a organizaciones sociales que desde entonces reclaman justicia por el caso emblemático de gatillo fácil. Este martes un tribunal resolvió que no existen motivos para que el agente Ramiro Rafael Rosales continúe detenido ya que fue sentenciado a 6 años y medio de prisión y está pronto a cumplir los dos tercios de la pena. Esa condena por “homicidio culposo”, un delito mucho más leve al pretendido por la querella y la Fiscalía, no está firme ya que fue recusada ante la Corte Suprema de Justicia, la cual todavía no se expidió.
La pronta libertad del efectivo “es consecuencia de prácticas de policías, fiscales y jueces que no investigan adecuadamente estas graves violaciones a los derechos humanos, que no sólo consagran impunidad, sino que colaboran para generar las condiciones para que estas prácticas se sigan perpetuando en la provincia de Santa Fe”, expresaron en un comunicado desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional tras conocer la resolución judicial.
Cese de prisión
Este martes, el tribunal integrado por los jueces Juan Carlos Curto, Juan José Alarcón y Román Lanzón, falló a favor del policía Rosales y le dio lugar al pedido de su abogado, el defensor público Mariano Buffarini, quien había solicitado el cese de prisión.
Para conseguir la libertad, la defensa del agente planteó que su cliente fue condenado a 6 años y seis meses de prisión, y aunque la condena no esté firme, se encuentra detenido desde el 12 de enero de 2015 por lo que este mes cumple 4 años y 4 meses privado de la libertad, es decir, dos tercios de la sentencia.
Buffarini argumentó que “no hay peligro de fuga porque Rosales se encuentra próximo a obtener la libertad condicional” y agregó que ya goza de salidas familiares y laborales.
“Los informes no ponen ninguna objeción y ha tenido conducta ejemplar”, dijo para concluir que “el entorpecimiento probatorio es nulo porque ya se hizo el juicio”.
Pese a que el fiscal Luis Schiappa Pietra y la querella en representación de Jonatan Herrera se opusieron al pedido de Buffarini, los jueces Curto, Alarcón y Lanzón fallaron a favor del policía al que impusieron dos condiciones: deberá fijar domicilio y tendrá prohibido el contacto con la familia Herrera.
Curto dijo que la decisión del tribunal se basó en “el cumplimiento de los plazos procesales y la cuestión de peligrosidad procesal, (la cual) ha quedado diluida”. Por eso impuso a Rosales que constituya domicilio “del que no podrá mudarse sin previo aviso a la autoridad de control”; y el “impedimento de contacto por cualquier medio respecto de la parte querellante y sus familiares y de acercamiento en un radio de 200 metros respecto de sus domicilios y/o los lugares donde los mismos frecuenten”. De eso modo el policía recuperará la libertad el lunes 13 de mayo próximo.
Gatillo fácil
Jonatan Herrera tenía 23 años, un pequeño hijo y un trabajo. El 4 de enero de 2015 lavaba el auto en la puerta de su casa de pasaje Villar y Ayacucho. Escuchó tiros por bulevar Seguí. Un móvil del Comando Radioeléctrico seguía a un pibe acusado de robar una juguetería de zona sur. A la persecución se unieron otros móviles y algunos miembros de la entonces flamante Policía de Acción Táctica (PAT) que iban en un colectivo de la línea 133 y se bajaron a los tiros. Dispararon contra Jonatan a quien “confundieron” con el fugitivo pese a que estaba desarmado e intentó resguardarse detrás un árbol. Recibió tres balazos, uno de ellos salió del arma de Rosales. Desde entonces el caso Jonatan Herrera se convirtió en un emblema contra la violencia institucional y el gatillo fácil.
Ramiro Rosales fue policía por un mes. Era parte de la entonces flamante PAT que en 2015 tuvo su primera camada. Si bien fueron varios los efectivos que llegaron a juicio, sólo Rosales fue condenado por el homicidio. Uno de los proyectiles que impactó en la víctima y resultó fatal salió de su arma. En 2017 un tribunal entendió que era un hecho culposo y le dictó una condena mucho menor a la pretendida por la familia del joven asesinado.
Comunicado de repudio
La Multisectorial contra la Violencia Institucional, organización que acompañó a la familia Herrera en su pedido de justicia, emitió un comunicado en repudio de la resolución de los jueces, donde denuncian la inminente libertad de Rosales.
“Repudiamos esta resolución judicial ya que también implica una posible amenaza para la vida, la integridad y la tranquilidad de la familia de Jonatan que han sido sistemáticamente amenazados, amedrentados y hostigados por las fuerzas policiales desde el asesinato de su hijo”, expresaron. “Pero como la Justicia no sólo se construye en el Palacio de Tribunales, la tenaz lucha en la calle, en el barrio de su familia y de todas las organizaciones que acompañaron a el proceso de Memoria, Verdad y Justicia logró rebatir las versiones oficiales y hoy no quedan dudas, a Jonatan Herrera lo fusiló la policía y la Justicia con sus prácticas resultó cómplice”, concluyeron.
