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El policía que enfrentó a la dictadura y tuvo su premio

A 34 de ser expulsado por desafiar a la represión, Alberto Cola fue reincorporado a la fuerza santafesina.

Por: Luciano Couso.

El lunes pasado, ya con 60 años a cuesta, Alberto Juan Cola volvió a colocarse el uniforme de policía de la provincia de Santa Fe. La última vez que lo había vestido fue en el lejano 1976, cuando tenía apenas 25 años. Tuvo que dejar de usarlo por la fuerza, que en aquél entonces reemplazó a la razón: la dictadura lo dio de baja de su cargo de oficial principal de la Unidad Regional XVII, de San Lorenzo, por negarse a avalar procedimientos de represión ilegal, el modus operandi corriente que instauró el Terrorismo de Estado hasta 1983. El lunes pasado, a través de decreto 528/11 firmado por el gobernador Hermes Binner, Cola recuperó su rango de policía y su uniforme azul, mientras escribe un libro que titulará “El valor de la democracia”. “Es un triunfo de la verdad y la justicia, fue una lucha muy larga”, sintetizó ante este diario sobre su tortuoso derrotero.

Para gambetear la colimba, que en aquella época se hacía a los 20 años, Alberto Cola decidió inscribirse en la escuela de oficiales de la Policía santafesina. “La persona que hacía un año de instrucción como oficial, no hacía el servicio militar. Aproveché esa oportunidad”, contó ayer a El Ciudadano, desde su hogar de San Lorenzo.

“No era que tenía una gran vocación, pero cuando me recibí comprendí que la Policía, como cualquier profesión, es noble: la degradan o la enaltecen los que la hacen. Siempre me manejé con valores y convicciones, pero era muy difícil”, completó.

¿Qué valores manejaba –y maneja aún ahora– Alberto Cola, que tantos problemas le trajeron en el pasado? Los “principios democráticos, la vigencia de los derechos humanos fundamentales, el respeto por la vida”, enumera en un texto que envió a este diario y que fue disparador de la posterior entrevista.

“En aquella época era todo corrupto, y cuando vino la lucha antisubversiva, mejor habría que decir el Terrorismo de Estado, era muy difícil manejarse”, recuerda ahora el oficial subinspector reincorporado. “Yo no quería aceptar órdenes anticonstitucionales. En aquella época venían miembros del Ejército y traían a gente detenida, decían: «Vamos a ingresar a esta persona pero no hay que darle entrada en el libro de guardia». Yo decía que no, me tienen que decir a disposición de quién está”, contó Cola sobre los conocidos métodos de la represión ilegal, que por convicción decidió enfrentar en soledad.

“Tuve choques con personas del Ejército, (a la gente que detenían) la interrogaban, la torturaban”, comentó. También colisionó con sus propios camaradas de la fuerza de seguridad. Según contó a El Ciudadano, durante los procedimientos los policías decían: “«Ya que van a estar varios años adentro (los secuestrados), llevate la cocina, la heladera»” de la casa que allanaban. Pero ahí estaba Alberto Cola, con su irrefrenable apego a la ley y su casi irresponsable inocencia: “Y yo les decía que no”.

“Así se fue deteriorando la relación con mi jefe, después me pasaron a una comisaría en Roldán, me sacaron de la Unidad Regional XXVII. En la UR XXVII no hubo tanta represión ilegal, todo estaba bajo el control de la Policía de Rosario”, señaló. Por aquel entonces la Policía rosarina estaba el mando del ex comandante de Gendarmería Agustín Feced, ya fallecido, quien lideraba las patotas que ejecutaban la represión ilegal de los opositores políticos, que eran todos los opositores a la dictadura.

El resultado de la actitud de Cola frente al crimen organizado desde el Estado fue el esperado: “Cuando me tocaba el ascenso a fin de año, yo tenía el promedio más alto de la provincia en mi jerarquía, no me dieron el ascenso y me dieron la baja”.

Indisolublemente aferrado a sus principios, el oficial no se quedó de brazos cruzados ante tanta injusticia. Viajó hasta los tribunales ordinarios de Rosario –“entonces no había tribunales en San Lorenzo”, recordó– y presentó una denuncia “por calumnias e injurias contra el gobernador de facto de la provincia”.

Pero eso no es todo. “Cometí el error de denunciar al gobernador de la provincia y mandarle una carta al presidente de facto”, advierte ahora. En aquel momento carecía de un dato del que ahora dispone: “Uno no sabía que las órdenes de exterminio emanaban de Videla”.

“Pasaron unos días, me llamaron desde el juzgado para ratificar la denuncia. Cuando fui allá un secretario me dijo si ratificaba lo dicho”, añadió.

Y se produjo el siguiente diálogo, rememorado 34 años después.

–Usted sabe el riesgo que corre, puede pasar cualquier cosa–, le advirtió el funcionario judicial.

–Quiero que haya justicia–, repuso el oficial cesanteado, en el que creía que era el lugar indicado para su búsqueda, el Palacio de Justicia.

Cola tuvo pronta respuesta a su carta dirigida a Videla, aunque no fue la que él aguardaba. “A los dos días me detuvieron”, contó ayer. “En ese momento yo estaba de día vendiendo máquinas de escribir en una empresa de San Lorenzo, y a la noche trabajaba de mozo en una pizzería de Rivadavia y San Martín, un lugar muy céntrico de San Lorenzo, que ya no está más. Vinieron ahí cuando estaba trabajando, hicieron la detención en forma espectacular, vinieron cuatro, me golpearon, me pusieron la capucha delante de la gente”, detalló.

“Me llevaron a diversos lugares, no sé a qué lugares, pero después aparecí en el Servicio de Informes (de la policía de Rosario, el centro clandestino de detenciones que funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo), ahí estuve 14 días, hasta que me pusieron a disposición del Poder Ejecutivo de la Nación, y estuvo en Coronda detenido sin causa judicial 18 meses”, narró.

Tras abandonar la reclusión, estuvo “en una especie de libertad vigilada”. “Tenía que presentarme cada seis meses a la Jefatura de Rosario”, contó Alberto Cola. Ese fue su increíble periplo durante la última dictadura.

Tres décadas y media después es querellante en los Tribunales Federales de Rosario en una causa por violación a los derechos humanos que se tramita en el juzgado Nº4 de Martín Bailaque. Y, a través de la prórroga de la ley reparatoria 9.528 para la administración pública de 1983 –a la que entonces no se acogió por pedido de su esposa– ahora pudo recuperar su empleo estatal en la Policía de Santa Fe.

“Yo siempre mantuve mis convicciones y mis principios, no me arrepiento de nada”, dice ahora Alberto Juan Cola. “Pasé muy mal estos años, esto deja secuelas”, lamenta.

En un texto que él mismo escribió para difundir su historia, porque también se dedicó al periodismo, expresa sus deseos: “Hoy, a los 60 años, sé que tengo que aportar lo mejor de mí para tener un mundo mejor. No tengo ningún resentimiento contra nadie. Quiero justicia, igualdad, fraternidad, libertad seguridad social, trabajo, viviendas dignas para todos, educación, salud, respeto por nuestros pueblos originarios, profundizar nuestras raíces culturales y lograr hermandad con nuestros hermanos indoamericanos”.

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