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El presidente anunció una querella criminal contra funcionarios macristas por la deuda con el FMI 

Durante su discurso explicó que impulsó esta medida "para determinar quiénes fueron los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia", en referencia al multimillonario crédito otorgado durante 2018 sin autorización del Congreso

El presidente Alberto Fernández anunció durante su discurso al inaugurar las sesiones ordinarias ante la asamblea legislativa, que impulsará la apertura de una «querella criminal» destinada a determinar delitos en el endeudamiento multimillonario que asumió el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional sin autorización del Congreso de la Nación.

Fernández sostuvo que instruyó «para que se inicie una querella criminal para determinar quiénes fueron los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia», en alusión a la toma de deuda durante 2018.

En su discurso el mandatario también dedicó una mención al organismo multilateral y deslizó: «A una Argentina en absoluto default el Fondo Monetario le otorgó un crédito de 55.000 millones de dólares, el más alto de su historia».

En ese sentido, detalló: «De esa cifra se desembolsaron 44.000 millones de dólares que solo se usaron para facilitar la salida de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces».

Respecto al crédito, explicó que debe ser pagado en cuatro años: en 2022 hay que abonar 18.092 millones de dólares; en 2023, el monto asciende a 19.186 millones y en 2024 el pago de la deuda se cancela abonando 4.921 millones de dólares.

«Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo haya posibilitado la mas asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejantes créditos haya sido resueltas entre gallos y medianoche sin intervenciones judiciales y técnicas previas con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso nacional no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado», manifestó.

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