El Proyecto de Ley de Presupuesto 2025 asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos 9.090.909.091 pesos y al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos 909.090.909 pesos, que es apenas al 2,5% de lo que debiera destinarse según la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos sancionada en 2007 .
En su artículo 31, la Ley de Bosques estipula que el Fondo estará integrado por partidas presupuestarias que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional. Ese 0,3% para 2025 debiera ser de 352.664.245.606 pesos. El Fondo también debería recibir el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina, puso en foco el impacto de la desfinanciación : “Según el ordenamiento territorial de bosques nativos, Argentina cuenta con más de 53 millones de hectáreas de bosques en toda su extensión, que no pueden cuidarse con un presupuesto de 9.090 millones de pesos al año. En definitiva, estamos pensando que 170 pesos alcanzan para cuidar una hectárea de bosque un año completo, un aproximado de 15 pesos por mes por hectárea«.
Si bien al principio la Ley de Bosques fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación en la Argentina, que se estabilizó en 2019, en los últimos años volvió a incrementarse, en gran medida producto de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales. Los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose en zonas donde está prohibida la deforestación, en las cuales se avanza con el cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales. Las áreas deforestadas ilegalmente y las que se han quemado no están siendo restauradas como indica la ley, y la ausencia de un registro nacional de infractores limita las posibilidades de articular esta información con políticas públicas que impulsen la disuasión y sanción de los responsables.
Los bosques nativos son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales: contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, facilitan la regulación hídrica, son hábitat de miles de especies, dan sustento a la vida de las comunidades locales y contribuyen a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Son proveedores de materias primas, alimentos, agua potable, medicinas y sirven como reguladores de eventos extremos como inundaciones, la erosión y la calidad del aire. Además, son hábitat de muchas especies y funcionan como “amortiguadores” de agentes patógenos como virus y bacterias que pueden afectar al ser humano. La pérdida de bosques ocasiona graves consecuencias sociales, ambientales y económicas, muchas veces, irreversibles, que atentan contra la salud y el bienestar de las personas y de muchas otras especies.
“Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos argentinos es una obligación legal y una oportunidad para el verdadero desarrollo económico y social de las diversas jurisdicciones del país y de las personas que en ellas habitan», señaló Jaramillo.
Una ley con problemas recurrentes
Aunque desde la sanción de la ley las partidas presupuestarias en general han aumentado en valores absolutos, no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece. Desde 2014, recibe menos del 10% de lo que corresponde. Los aumentos en valores absolutos no permiten aún una reducción significativa de la brecha entre lo que asigna y lo que la propia ley indica que debería asignarse año a año para la protección y manejo sustentable de nuestros bosques.
Los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), tanto en su elaboración como actualización, han sido y continúan siendo procesos lentos y con deficiencias que incluyen el incumplimiento de estándares determinados por la Ley, como, por ejemplo: fallas en la participación ciudadana requerida, retrasos de tiempos y falta de progresividad en la protección de los bosques.
Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: la ley establece que se deben adoptar metas cuantitativas para la protección de bosques nativos y formas de medir su progreso y logro. Durante el 2022 el consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), emitió una resolución por la cual cada jurisdicción debe desarrollar Planes Estratégicos Provinciales de Bosques Nativos y sus respectivos Planes Estratégicos Anuales actualizados para acceder a las asignaciones presupuestarias anuales. Estos planes han sido presentados, resta ahora analizar si cuentan con metas e indicadores que permitan evaluar su impacto a corto, mediano y largo plazo.
La deforestación ilegal persiste a pesar de la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación. Alrededor del 76% de la deforestación ocurra en zonas prohibidas por la ley (amarillas, rojas y sin categoría). Esto evidencia la falta de control y fiscalización en terreno, y las sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes que se reflejan en la ausencia de un registro nacional de infractores actualizado.
