El procurador interino Eduardo Casal dictaminó este martes que no es “competencia originaria” de la Corte Suprema de Justicia entender en el pedido que realizó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para dar «validez legal» a eventuales sesiones remotas del Congreso en medio de la pandemia de coronavirus. Si bien no es vinculante, la opinión del Procurador implica un enfoque jurídico que la Corte puede adoptar o no en su decisión final, que se espera para los próximos días.
“En virtud de lo expuesto, dada la índole taxativa de la competencia prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional y su imposibilidad de ser extendida, por persona o poder alguno, según el criterio adoptado por el Tribunal en el precedente reiterado en «Sojo», entre muchos otros, opino que la cuestión planteada, aún en el marco de un proceso judicial, resultaría ajena a la competencia originaria de la Corte”, señaló Casal en la sección resolutiva del dictamen de 17 páginas.
Luego de que la vicepresidenta enviara un pedido de aval constitucional a la Corte Suprema, el máximo tribunal habilitó el viernes la feria judicial extraordinaria para analizar el pedido de constitucionalidad sobre una eventual sesión a distancia del Senado, y trasladó el pedido a la Procuración General de la Nación para que en un plazo de 48 horas emita un dictamen al respecto.
En su dictamen de este martes, el Procurador –que asumió el cargo luego de la renuncia de Alejandra Gils Carbó– citó el artículo 117 que señala que la Corte Suprema «ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente”.
Casal entendió que el Senado de la Nación no está incluido en la competencia originaria de la Corte y que “no se dan las circunstancias” legales, como la vía de apelación, que habilitan a entender en un expediente al máximo tribunal, entonces por tanto no corresponde que los ministros de la Corte dictaminen.
En cuanto al argumento de Fernández de Kirchner de buscar evitar con la declaración de certeza “maniobras de todo tipo –incluidas las judiciales– tendientes a impedir la aplicación de leyes que afecten intereses de grupos económicos”, Casal evaluó que el Poder Judicial debe “mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes”.
Según la mirada del jefe de los fiscales, una eventual declaración de certeza de la Corte representaría “indefectiblemente una intromisión en las atribuciones propias del Senado de la Nación de determinar, con sustento en la normativa aplicable, el modo en que puede sesionar en estas circunstancias extraordinarias que se presentan por la pandemia desatada”.
“Un inteligencia orientada hacía la judicialización de lo que deben decidir otros poderes pondría en serio riesgo tanto el ejercicio de las funciones que la Constitución asigna a cada uno de ellos como la autoridad de la propia Corte Suprema”, definió Casal en su escrito.
El oficialismo se sumó al pedido de Cristina
El Partido Justicialista (PJ) y el bloque de senadores del Frente de Todos (FdT) se sumaron este martes al pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Corte Suprema de Justicia para que dé aval legal a la realización de sesiones a distancia del Congreso mientras estén vigentes las restricciones para circular por la pandemia de coronavirus,
Los senadores del bloque del FdT, que conducen José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, y la conducción del PJ, a cargo de José Luis Gioja, enviaron un nuevo pedido a la Corte en el que adhirieron a la solicitud de Fernández de Kirchner para que sea el máximo tribunal el que avale las sesiones virtuales.
En el documento, al que accedió Télam, los representantes del Frente de Todos consideraron que «no es posible» sesionar de manera presencial por «los riesgos» que implicarían los traslados de una provincia a otra en medio de la cuarentena.
En la presentación, argumentaron como necesario sesionar de manera remota así como contar con un aval legal de la Corte para evitar que eventuales leyes emanadas de debates a distancia «nazcan amenazadas de ser anuladas en virtud de ulteriores presentaciones judiciales, que cuestionaran el método de reunión elegido».
El pedido de una declaración de certeza formulado por la vicepresidenta había motivado el rechazo de la bancada de Cambiemos, que consideró que la cuestión podía resolverse «mediante un acuerdo político» en el Congreso.
En el escrito enviado este martes por la mañana a la Corte, en representación del bloque del FdT y del PJ, los abogados Eduardo Wesselhoefft y Jorge Landau insistieron con la necesidad de que el máximo tribunal «despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez de sesionar mediante medios virtuales o remotos».
Los legisladores señalaron la imposibilidad de sesionar de manera presencial en un contexto en que Argentina y el mundo «se encuentran ante una situación excepcionalísima, que altera absolutamente el normal funcionamiento de las instituciones».
Consideraron que «es indudable» la existencia de «una situación de extrema gravedad institucional» y calificaron como «imperiosa e impostergable la necesidad de que el Congreso pueda sesionar».
Los senadores se sumaron al pedido de Cristina Kirchner, con el argumento de que «muchos pertenecen a grupos de riesgo, por lo que, en el hipotético caso de que se realizara una sesión presencial, podría estar plagada de ausencias, lo que alteraría las representaciones políticas».
«También se debe considerar que una eventual sesión presencial, implicaría el riesgo de que, luego de realizada la misma, los legisladores vuelvan a sus provincias transformados en involuntarios propagadores del virus en sus jurisdicciones», acotaron.
El radicalismo apoyó al procurador
Diputados nacionales de la UCR respaldaron este martes el dictamen del procurador general Casal. El presidente del bloque UCR y del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri (Córdoba) sostuvo a través de redes sociales: “Tal como era previsible el Procurador aconsejó desestimar el planteo de Cristina Kirchner sobre la legalidad de las sesiones virtuales».
«Como ya dije, se trata de una sobreactuación de la titular del Senado. Sólo el Legislativo puede establecer cómo sesionar”, apuntó Negri en su cuenta personal en Twitter.
Por su parte, el diputado radical Gustavo Menna (Chubut), vicepresidente 1° de la comisión de Asuntos Constitucionales, destacó: “Clarísimo el Procurador rechazando la acción de Cristina Fernández de Kirchner. No hay cuestión judicial. La potestad de decidir cuándo y cómo sesionar es del Senado. Y algo elemental para quien haya leído el artículo 117 de la Constitución: no hay competencia originaria de la Corte”.
Por su parte, la diputada Carla Carrizo (Ciudad de Buenos Aires) afirmó también por Twitter que “la Corte no puede intervenir en las decisiones del congreso» y juzgó que «a mes y medio de la emergencia, con 21 DNU y decenas de proyectos para aportar y debatir; no hay razones para que los legisladores no sesionen”.
