Por Gustavo Molina / Especial para El Ciudadano
“En un contexto de crisis, donde siete de cada 10 chicos son pobres; y tres de cada 10 chicos son indigentes, bajar la edad de punibilidad es un atentado a nuestro futuro. Para ser claros, estamos hablando de que aproximadamente ocho millones de niños son pobres. Por eso, el proyecto de reforma del régimen penal de la minoridad por parte del presidente Javier Milei y de los ministros Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich no es más que populismo penal que va contra la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que adhiere nuestro país y tienen rango constitucional. Si se quiere poner foco en la inseguridad, el Gobierno debe combatir la pobreza y la exclusión social, crear las condiciones favorables para que los padres de esos niños tengan una vida digna, y que esos niños tengan asegurados los cuatro platos de comida, salud y educación; no se combate la inseguridad con más cárceles; sino con condiciones favorables para que se desarrollen”. Quién habla es Rodrigo Morabito, juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca; profesor adjunto de Derecho Penal II de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca e integrante del Foro Penal Adolescente y Juvenil de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (JuFeJus).
Precisamente, entre hoy y mañana la JuFeJus realiza en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca el II Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, coordinado por el juez Morabito, donde disertarán Emilia María Valle, presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas; María Alejandra Di Pierro Pereiro, coordinadora del Programa Interamericano para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual, Trata y Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes. Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN-OEA) y Marisa Graham, defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes; entre otras autoridades y especialistas en Derecho Penal Juvenil.
Además, el juez Morabito, un cordobés afincado en Catamarca hace dos décadas, invitó especialmente a disertar a este II Congreso de la JuFeJus a Jimena Villareal, psicóloga y hermana de Sebastián Villareal, un muchacho asesinado en Córdoba en febrero pasado, en un caso estremecedor donde dos de sus homicidas son dos adolescentes de 14 y 17 años. Jimena, se opone a la baja de imputabilidad: “La solución no está en meter niños a la cárcel”, le dijo a Perfil cuando la Casa Rosada impulsó el proyecto de ley para de bajar la edad de imputabilidad a chicos desde los 13 años. Esa vez, la hermana de la víctima agregó que “el pibe roto que mató a mi hermano es víctima de todo este sistema”.
“Porcentajes insignificantes”
El juez Rodrigo Morabito detalló a El Ciudadano que “las tasas de participación de menores en hechos delictivos gravísimos es porcentualmente insignificante. En el mundo del delito en general, los hechos cometidos por niños, niñas y adolescentes no superan el 5%; y de los más graves en la escala penal, como son los homicidios o los delitos contra la integridad sexual; no superan el 1%. Dentro de ese universo de homicidios, que es un porcentaje mínimo, la mayoría de los casos se deben a disputas de territorialidad entre bandas y no todos son en contextos de inseguridad”.
Y agregó: “Los relevamientos a nivel nacional revelan que la mayoría de los casos de homicidios cometidos por menores de 18 años se dan en el Conurbano bonaerense, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Entonces no le encuentro sentido a este proyecto del Ejecutivo nacional de introducir una reforma a la Ley 22.278 del año 1980 para bajar la edad de punibilidad, por lo que ocurre en cuatro o cinco provincias; y sobre todo, cuando en el mundo de los delitos más graves, solo el 1% es cometido por chicos por debajo de la edad punible. Por caso, en Catamarca, yo trabajo en la Justicia hace 14 años y no tengo ni un solo caso de un homicidio cometido por un menor de 16 años”.
El magistrado sostuvo que “por supuesto que hay que modificar el sistema penal juvenil vigente, que incluso lleva la firma de un presidente de la dictadura, es necesario y fundamental, pero sin bajar la edad de punibilidad, ya que el propio Comité de los Derechos del Niño en la Observación General 24 ha resaltado como muy encomiable la decisión de los países que mantienen la edad en los 15 o 16 años”.
En consonancia con lo sostenido por Morabito, a mediados de agosto, se conoció el informe que elaboró la Base General de Datos (BGD) de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde señala que “en el primer semestre de 2024, 907 niños, niños y adolescentes tuvieron causas penales iniciadas en la Justicia Nacional de Menores, lo que representa un descenso del 8% en comparación con igual período de 2023”.
El informe al que tuvo acceso El Ciudadano registra la información sobre el universo de personas menores de 18 años que transitan por alguna de las instancias judiciales previstas en el Régimen Penal de la Minoridad (Decreto Ley 22.278), tanto en el ámbito del fuero nacional de menores como en el fuero federal: “El 90% de los 907 niños, niñas y adolescentes con causas penales en la Justicia Nacional de Menores son varones, y el 84% de esas causas corresponden a delitos contra la propiedad, principalmente distintos tipos de robos (ocho de cada diez). Asimismo, de todos los delitos contra la propiedad registrados, un 38% fueron en grado de tentativa”, revela el informe de la Corte Suprema.
En cuanto a la edad de los niños, niñas y adolescentes involucrados en los delitos, el informe de la Corte Suprema señala que “el 60,1% tenía 16 o 17 años al momento del hecho; un 38% entre 13 y 15, y un 1,9% 12 años o menos. Comparado con el mismo período de 2023, se observa una reducción en la cantidad de menores de 16 años involucrados”.
“Acá tenemos dos datos que son para destacar –señala Morabito a El Ciudadano-; por un lado, casi nueve de cada 10 hechos son delitos contra la propiedad, como robos y hurtos; no hechos gravísimos como los homicidios; y de ese universo, casi cuatro de cada 10, fueron en grado de tentativa, no llegaron a cometerse. Y el otro dato es que sólo en el 40% de esos hechos participaron chicos, adolescentes y niños de entre 12 y 15 años de edad. Y volvemos a lo que hablábamos al principio, en este contexto de crisis, donde siete de cada 10 chicos son pobres; y tres de cada 10 chicos son indigentes, ¿la salida es bajar la edad de punibilidad o brindarles herramientas a esos chicos para que no caigan en las redes delictuales organizadas por adultos?”.
Los peligros de la institucionalización
“En este II Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, además de debatir acerca de la inconstitucionalidad de la baja de la edad de punibilidad; también vamos a hablar sobre los peligros de la institucionalización temprana de niños y adolescentes. No lo dicen sólo los abogados o los juristas, también lo afirman los estudios de neurociencias, encerrar penalmente a niños de 12 y 13 años; no es una solución, es un problema: a esa edad, los niños no entienden de Derecho; no entienden la finalidad del castigo; pero tampoco entienden lo que han hecho”; grafica Morabito.
El juez advierte que “la institucionalización desde corta edad y posteriormente la cárcel, puede generar en esas personas una falta de empatía hacia los demás; que termina creando asesinos. Un caso es Roberto Carmona”, en referencia al múltiple asesino cordobés, condenado recientemente a prisión perpetua por el asesinato de un taxista; mientras gozaba de una visita a su pareja en Córdoba, desde una cárcel chaqueña.
“El delito no es un problema jurídico sino social. Con un Estado ausente, donde se niegan alimentos almacenados a los más necesitados; donde en los últimos nueve meses se multiplicaron los comedores populares y los asistentes a esos comedores son chicos de pobreza extrema o indigencia; y como publicó UNICEF, más de un millón de niños argentinos se va a dormir sin cenar; a este Estado ausente no se le ocurre mejor idea que intentar llevarle una falsa tranquilidad a la sociedad a través del sistema punitivo: ‘Vamos a encerrar a todos aquellos que delinquen’. Sin embargo, esos chicos tienen una historia de vida; viven en la pobreza o pobreza extrema; son consumidores, tal vez crónicos; o tienen problemas de consumo problemático de estupefacientes; víctimas de violencia doméstica y violencia del sistema; maltratados, discriminados. Entonces, muchas veces, esos chicos no gozan de derechos humanos básicos como salud, alimentación, educación, entonces, los llevan a cometer delitos en muchas ocasiones. Entonces, es más fácil castigar que garantizar derechos”, finalizó Morabito.
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