El proyecto de ley de reforma de la administración pública enviado al Congreso de la Nación en las últimas horas por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que incluye una fuerte reducción del financiamiento a las políticas de fomento al cine hoy en manos del Incaa, dispone el cierre definitivo del Instituto Nacional del Teatro (INT, creado en 1997 a partir de la Ley 24.800), lo que desfinanciaría la producción independiente en todo el país, al tiempo que también establece una modificación del sistema de asignación de recursos del Instituto Nacional de la Música (Inamu) y el cierre del Fondo Nacional de las Artes.
Estas reformas, que de inmediato recibieron el rechazo del colectivo artístico-cultural de todo el país, gremios y entidades intermedia, son parte del proyecto denominado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos enviado por el Poder Ejecutivo y que deberá tratarse en ambas cámaras en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación.
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El polémico proyecto postula la derogación de la referida Ley 24.800, de 1997, que regula la actividad teatral y garantiza «el apoyo del Estado». A partir de esa ley se creó el Instituto Nacional del Teatro, que funciona desde entonces con una dirección ejecutiva que es nombrada desde el Ministerio de Cultura de la Nación, hoy Secretaría, y un consejo integrado por referentes de todo el país que llegan allí por concurso.
La norma, de fomento y financiamiento de la actividad teatral con fondos del área de Cultura, creó el referido INT que, como también pasa con el Fondo Nacional de las Artes, desaparece en el nuevo texto postulado por el gobierno de Javier Milei.
De acuerdo con el proyecto a debatirse, «se procederá a la reasignación de los recursos humanos, presupuestarios y materiales» del área.
El proyecto de ley propone además la eliminación del financiamiento que el Incaa obtiene actualmente a través del Ente Nacional de Comunicaciones por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de sus principales fuentes de recursos.
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Si bien la iniciativa no suprime el propósito de fomento de la actividad cinematográfica, el nuevo texto postula que el Fondo de Fomento Cinematográfico se integrará «con un impuesto equivalente al diez por ciento aplicable sobre el precio básico de toda localidad o boleto entregado gratuita u onerosamente para presenciar espectáculos cinematográficos en todo el país, cualquiera sea el ámbito donde se realicen», como ya existe, y «con los recursos que defina el Presupuesto Nacional».
De este modo, de aprobarse el nuevo régimen, no subsistiría la garantía de financiamiento que hoy prevé la Ley 17.741 para sostener las políticas de fomento con el 25 por ciento «de las sumas efectivamente percibidas» por el Ente Nacional de Comunicaciones sobre los tributos de la Ley 26.522.
A la vez, el proyecto propone eliminar otra fuente de financiamiento que hoy surge de computar el diez por ciento del monto que se derive de la «venta o locación de todo tipo de videograma grabado».
Esta propuesta de reforma resulta particularmente importante para la comunidad cinematográfica, que venía discutiendo, justamente en el ámbito del Congreso de la Nación, un proyecto de ley para extender la base impositiva a las plataformas de streaming como sucede en la mayoría de los países del mundo donde se han popularizado este tipo de consumos hogareños.
Sin embargo, en el nuevo texto, que además modifica la estructura funcional del Incaa (reestructura las funciones de la Asamblea y el Consejo Asesor), no sólo no amplía la base de tributación sino que elimina esta fuente de financiamiento.
La llamada Ley de Cine se modificó en 1994 producto de una intensa deliberación entre los propios realizadores, productores y artistas. En ese momento el objetivo fue profundizar su autarquía y robustecer las políticas de fomento y subsidio.
También el proyecto de ley del Poder Ejecutivo avanza sobre el financiamiento del Inamu, creado en 2012 a través de la Ley 26.801.
Del mismo modo que con el Incaa, el proyecto propone la supresión del financiamiento fijo derivado de la carga impositiva prevista en el artículo 97 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El artículo 25 del texto propuesto dispone: «Los fondos destinados al Inamu serán propuestos y asignados por la Secretaría de Cultura de la Nación u organismo que en el futuro la reemplace, dentro del Presupuesto General de la Nación».
