Por Fundación Pueblos del Sur
fundacion@pueblosdelsur.org / Especial para El Ciudadano
Según fuentes periodísticas el gobernador Miguel Lifschitz admitió que fue “demasiado ingenuo” al confiar en que el gobierno de Mauricio Macri cumpliría con el fallo de la Corte Suprema de Justicia (que ordenaba pagar la deuda histórica que Nación mantiene con la provincia de Santa Fe por los fondos de coparticipación que fueron indebidamente descontados).
Habría que ver desde dónde se evalúa la confianza, porque dejando fuera las muchas promesas de campaña que fueron indiscutiblemente falsas (como por ejemplo bajar la inflación, la pobreza, no devaluar, etc., etc., etc.), por lo demás, nada hay para asombrarse. Como pasa, por ejemplo con el tema de los derechos humanos. Coherencia hay; el actual presidente dijo desde siempre que cuando él asumiera se iba a acabar “el curro de los derechos humanos”.
Por eso no podía generar sorpresa la guerra que desde diciembre de 2015 se desató contra Gils Carbó, en la que el nuevo Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Garavano, aseguró que ellos darían continuidad a los juicios iniciados, lejos de explicar con qué políticas de Estado o con qué presupuesto lo harían.
Por el contrario, los primeros meses de 2016 la política de despidos masivos desarticuló áreas clave de derechos humanos abocadas desde 2003 a las causas de lesa humanidad en distintos organismos del Estado. A las tensiones en el Ministerio de Justicia, se sumó el desmantelamiento de la subgerencia de Derechos Humanos del Banco Central encargada, entre otros temas, de investigar la complicidad del sistema bancario y financiero durante la dictadura. Y durante ese mismo período se desactivaron dos de las tres áreas de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad: la coordinación de huellas y el Grupo Especial de asistencia judicial para casos de apropiación de niños en dictadura. La única área que en ese tiempo había quedado en pie en ese ministerio estuvo a cargo de asistir a la Justicia en la investigación de documentos de Prefectura, Gendarmería y Policía pero pasó a depender directamente de Pablo Noceti, jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, ex socio del defensor de Leopoldo Galtieri que alguna vez describió los juicios por crímenes de Estado como “legalización de una venganza”.
Disolver es la tarea
Con siete votos sobre 10, el directorio del Banco Central disolvió formalmente la Subgerencia de Derechos Humanos, nombre que era lo único que quedaba en pie después de los despidos de sus trabajadores, en febrero. Y el Ministerio de Seguridad despidió a los coordinadores del equipo de trabajo en los archivos de Gendarmería y Policía Federal, en el marco de un proceso en el que el Ministerio de Modernización aceptó la disolución de la Dirección Nacional de Derechos Humanos de esa cartera, con un cambio de nombre y de funciones que desactiva las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad. Copias de la reconstrucción de los reglamentos internos de las fuerzas de seguridad y un censo de contenidos de los archivos que permitieron entender estructuras y responsabilidades en aspectos centrales como “los vuelos de la muerte”, fueron a parar literalmente a contenedores de basura.
Para tomar nota: Entre quienes votaron a favor estuvieron su presidente y su vice, Federico Sturzenegger y Lucas Llach, entre otros. En contra se pronunciaron los directores Pedro Biscay, Juan Cuattromo y Germán Feldman. El área creada durante la gestión de Alejandro Vanoli había permitido analizar documentación generada por la entidad durante la dictadura. “Se perdió una herramienta fundamental que contribuía con la tarea de mantener vivo el compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, pilares esenciales de nuestra democracia”, escribió Biscay: “Mientras nuestro país está pronto a iniciar un nuevo ciclo salvaje de endeudamiento externo, los cómplices civiles del golpe, que además son los cómplices empresarios del endeudamiento externo, permanecen libres de juicio y castigo. La disolución de la Oficina de Derechos Humanos contribuye a su impunidad”. Además, Modernización aprobó un cambio en el nombre del área que pasaría a llamarse Auditoría ética sobre las Fuerzas de Seguridad, que altera funciones y objetivos del sector.
Multinacional cómplice
En ese marco, quedaba como inocuo (o bizarro) lo ocurrido en Santa Fe en abril del mismo año (2016). A una semana de la emblemática conmemoración de los 40 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, que abrió la etapa política más tenebrosa de la Argentina, el Senado santafesino sancionó el mensaje impulsado por el ex gobernador Antonio Bonfatti por el cual se creaba el Archivo Provincial de la Memoria, en el cual decía que era una ley que le daba marco a todas las políticas destinadas a la construcción de la memoria colectiva, que garantizaba la continuidad de las mismas a través del tiempo y de los distintos gobiernos. Habrá que ver cómo sigue esta historia. Por lo pronto, como vestigio de una época diferente, la próxima semana (después del 10 de diciembre) se conocerá una sentencia muy importante en la materia. El debate oral y público sobre los secuestros y las torturas sufridas por obreros de Ford durante la última dictadura cívico militar llegó a su fin y la semana próxima las víctimas que sobrevivieron décadas sin justicia, así como las familias de aquellas que no lograron llegar hasta hoy, sabrán si el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condena a Pedro Müller, gerente de Manufactura y virtual número dos de la planta que la automotriz todavía tiene en General Pacheco, y a Héctor Sibilla, ex jefe de seguridad. También aguardará una nueva condena el represor del Ejército Santiago Riveros.
Debido al rol como “civiles” que Müller y Sibilla jugaron, esta sentencia es trascendente también para toda la sociedad porque es la primera vez que directivos de una multinacional son juzgados y están a punto de ser condenados por la implicancia directa de la empresa en los secuestros y las torturas que sufrieron 24 trabajadores de la fábrica durante la última dictadura. La abogada dijo que “el juicio ya está ganado sea cual sea el resultado. Que los responsables reconozcan la complicidad civil de una empresa multinacional de la envergadura de Ford con el plan sistemático es un aporte para la historia colectiva de este país”. Ante el desarme y el achique del Estado en esta materia, se desconoce la factibilidad de futuras investigaciones y juicios que esclarezcan la participación de civiles en el proceso de vulneración de derechos (por la fuerza) más grande de nuestro país, porque la pérdida de documentación y de tantos años de trabajo puede ser, al decir de los propios implicados, casi imposible. No obstante, si de algo sirve, ya sabremos que para el futuro tenemos que aprender a tomar más en serio las promesas y discursos de los que pretenden conducir los destinos de la Patria, para pedirles cuentas durante el ejercicio de los mandatos de aquellas cuestiones que fueron, ya sea para hacer como para no hacer, eje de campaña electoral.
