Por Federico Prieto *
Los llamados impuestos de afectación específica son aquellos en los que el monto recaudado se destina a un sector determinado. Generalmente surgen del mismo sector que lo recibe. Los hay para obras por las que aportan los vecinos beneficiados, impuestos a combustibles para la construcción de rutas o, como en este caso, impuestos a consumos culturales aplicados al fomento de producciones artísticas o acceso a bienes de ese tipo.
Según el artículo 75 de la Constitución, tienen que tener un plazo determinado de vigencia, generalmente prorrogado por el Congreso Nacional. A fines de 2017, el macrismo decidió adelantar la finalización de la asignación específica de algunos impuestos al 31 de diciembre de 2022, decisión que hubiera afectado gravemente el financiamiento de la cultura argentina. Después de mucho debate y movilización de las instituciones y los distintos colectivos artísticos, culturales, de medios comunitarios y legisladores nacionales, el senado sancionó la ley que prorroga por 50 años la vigencia de los mismos.
La ley 17.741 de 1968 creó un impuesto del 10 por ciento a las entradas de cine para fomentar la producción de películas. Allí comenzó un sistema de financiación virtuoso, que con nuevas leyes y mejoras y diversificación del mecanismo de recaudación, hoy permite sostener actividades culturales como la producción audiovisual, el teatro, la música, las bibliotecas populares, el sistema de radio y televisión pública y las radios comunitarias y populares.
En diciembre de 1973 se creó un fondo para el sostenimiento de las Bibliotecas Populares; en 1997 fue el turno de la Ley Nacional del Teatro; en 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reguló los porcentajes que deberán destinarse al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Instituto Nacional del Teatro (INT), Radio y Televisión Argentina (RTA), Instituto Nacional de Música (Inamu) y a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera, y de los Pueblos Originarios; en 2012 se consolidó el Inamu.
Con la vigencia de la ley votada por el macrismo, los impuestos se seguirían cobrando, pero su destino sería Rentas Generales de la Nación y no aquel para los que fueron creados. Los principales organismos de fomento de la cultura nacional perderían su autonomía y la sostenibilidad de la producción cultural en el país hubiera estado en grave riesgo.
Si no se hubiera votado la prórroga de estos impuestos, los principales perdedores hubiéramos sido todas y todos quienes habitamos la patria. Porque a diferencia de lo que quieren hacernos creer, el objetivo de esta ley no es financiar el trabajo de algunos pocos artistas porteños para producciones que no llegan al público. Muy lejos de eso, el sistema está pensado para que la cultura, el derecho al disfrute, al encuentro en torno a la producción y el conocimiento, como también a la formación artística y a la creación de manera federal e inclusiva, llegue a todo el pueblo en Argentina. Todos los que habitamos el país tenemos derecho a ser parte de los procesos culturales, cualquiera sea la forma y el lugar en el que nos vinculemos con ellos.
Somos parte de la cultura nacional como artistas, como trabajadores de la cultura, como espectadores, pero principalmente como productores de procesos simbólicos que forman parte de nuestras identidades.
Las políticas de los organismos involucrados alcanzan a todo el territorio argentino y no atienden sólo a proyectos de alto impacto comercial, sino que apoyan miles que sin la presencia del Estado serían inviables; porque a los que hacen negocios con la cultura no les interesan; son instituciones públicas que trabajan con perspectiva inclusiva en todo el país, ya que promueven la actividad de comunidades locales que no acceden a otros recursos y que no son convocados por los medios y la cultura comercial.
Finalmente es ley la extensión de asignaciones específicas para la cultura por los próximos 50 años
Con estos impuestos no sólo se financia la producción de proyectos artísticos, sino también distintas formas de formación profesional, instalación de equipamientos e infraestructura, como también la circulación, exhibición y llegada de bienes culturales a todos los habitantes del país.
Lo que quedó claro en los debates en ambas cámaras es que hay quienes decidieron sostener a estas instituciones que impulsan, fomentan y acompañan los procesos culturales de todo el país. Legisladores y legisladoras que lo hicieron en la comprensión de que la cultura, por su dimensión simbólica y creativa, es fundamental para la construcción de la comunidad en todo el territorio, para la recreación de las identidades locales, regionales y nacional y para el disfrute y la felicidad de todas las personas, de todas las edades, en todo nuestro país.
Quienes no votaron a favor de esto, argumentando sobre las supuestas ventajas del mercado como regulador de la producción artística, la comunicación, la formación y la lectura, lo hicieron porque saben la capacidad de transformación que tienen los procesos culturales cuando son apropiados por la comunidad. Los que votaron contra esta ley saben que un pueblo capaz de gozar con la belleza, es más exigente. Ellos son los que no quieren un país que discuta, que sea capaz de asumir la alegría como un derecho y a partir de ahí cuestionar a los poderes dominantes. Un pueblo que canta, baila y lee es un pueblo que sabe que merece ser feliz y puede reclamar sus derechos. Eso es lo que no quieren quienes se opusieron a extender la vigencia de los impuestos asignados para la cultura.
Por suerte, la mayoría de diputados y senadores votaron a favor del pueblo argentino. Con esta prórroga, argentinos y argentinas pueden disponer de herramientas para pensar la realidad de acuerdo a su presente, que es historia y futuro.
*Secretario de Gestión Cultural – Ministerio de Cultura de la Nación
