La entrada en vigencia ayer del Nuevo Código Civil y Comercial que reemplaza al que originalmente redactara Dalmacio Vélez Sarsfield hace un siglo y medio impacta en dos frentes desde el punto de vista de su implementación. Por un lado en el Poder Judicial, donde los jueces debieron capacitarse y ponerse al día para aplicar los cambios. Por el otro en el Poder Ejecutivo, de quien dependen organismos administrativos que llevan a la práctica las disposiciones que surgen del Código.
En el caso de Santa Fe, los organismos más involucrados dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, cuyo titular, Juan Lewis, contó a El Ciudadano cómo se prepararon y qué cambia en el Registro Civil, Registro de la Propiedad Inmueble y el Ruaga, de guarda con fines adoptivos.
—¿Cómo impacta en los organismos del Poder Ejecutivo la entrada en vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial?
—El impacto es muy importante en el Registro de la Propiedad, donde hay que generar canales nuevos para atender todos estos derechos reales que aparecen; también en el Ruaga, que pasa a tener casi la exclusividad en la registración de las guardas para adopción, ya que no se permite más el sistema de guarda directa por escritura. Pero sin dudas en lo que tiene más impacto es en el Registro Civil.
—¿Específicamente en qué?
—Cambian muchas cuestiones en caso de matrimonio. Por ejemplo lo que es el régimen patrimonial: si la pareja optara por cambiar el régimen actual (el nuevo Código establece la posibilidad de separación de bienes como opción a la de bienes gananciales actual), eso hay que inscribirlo en el Registro Civil. También desde ahora el Registro inscribe las uniones convivenciales; interviene en el régimen para los casos de discapacidad; hay modificaciones en materia de nombres… Para todo eso hay que generar nuevas rutinas de trabajo, circuitos administrativos, nuevas responsabilidades, nuevos formularios…
—Y capacitar personal…
—Exacto, porque como toda nueva ley, en los primeros momentos de vigencia va a dar lugar a muchas dudas y vacilaciones, y en esos momentos el operador tiene que tener criterio para desentrañar el sentido de la norma, y poder resolver las situaciones complejas que se le presenten.
—¿En qué consistió la capacitación?
—Primero nos contactamos con directores del Registro Civil de otras provincias para acordar líneas de trabajo comunes a la hora de implementar las transformaciones. Con ese panorama, trabajamos en el diseño de los nuevos circuitos administrativos. Por ejemplo, cómo vamos a inscribir estas nuevas exigencias del Código, cómo vamos a registrar las uniones convivenciales… Desde cómo hacer los formularios, dónde inscribirlos, con qué mecanismos se dará a publicidad. Toda esa labor se hizo en conjunto con abogados y empleados del propio Registro que aportaron compromiso y experiencia.
—¿Cómo siguió el proceso?
—Aclaro que necesitamos hacer ese trabajo de una manera moderna que permita progresivamente ir informatizando. Si bien el Registro Civil está avanzando en materia de digitalización, tenemos que prever el resguardo adecuado de la información y la celeridad cuando se la requiera. El paso siguiente fue iniciar una tarea de capacitación de dimensión provincial, con encuentros periódicos con empleados del Registro de todas las localidades para ir compenetrándolos con las nuevas normas.
—¿Será necesario abrir nuevas oficinas?
—De momento no creo que haga falta. Con el paso del tiempo la experiencia puede demostrar la necesidad de abrir alguna nueva sección para atender estos nuevos institutos, pero con la estructura actual estamos en condiciones de arrancar.
—Los Registros Civil y de la Propiedad y el Ruaga son de las provincias, pero el Código es nacional. ¿Qué colaboración hubo de la Nación en este proceso de implementación?
—La Nación hizo un trabajo intenso y muy importante con la difusión de la norma. No ocurrió lo mismo en lo que tiene que ver con el diseño de los circuitos administrativos, pero eso porque es lo que compete a cada provincia.
—¿Cree que el Poder Judicial necesita adecuar su estructura para trabajar con las exigencias del nuevo Código o alcanza con que los jueces lo aprendan y lo apliquen?
—No es menor asegurarse que los jueces conozcan el nuevo Código. De hecho, ese aspecto ya se considera a la hora de los concursos de cargos o ascensos, el Poder Judicial se aseguró eso. Lo trabajamos en conjunto con la Escuela de Capacitación Judicial, con cursos tanto para operadores calificados del Poder Ejecutivo como para operadores judiciales.
—¿Se necesitará crear más juzgados, o desdoblar actuales?
—Lo que está vigente está pensado para otra normativa. A mi juicio el nuevo Código no trae nada que implique la necesidad ineludible de reformar alguna estructura. Al menos en los primeros momentos.