A pocos días de que finalizara el 2020, una noticia “sacudió” la agenda pública: tras veintidós días de huelga, en reunión paritaria, lxs trabajadorxs de la industria aceitera no sólo lograron sumar 10 por ciento de aumento salarial al 25 acordado en abril pasado sino el cobro (en enero y febrero) de una suma extraordinaria no remunerativa de aproximadamente $70 mil, un pago de $90 mil para quienes trabajaron durante la pandemia en calidad de “esenciales” (distribuidos en nueve cuotas mensuales) y un salario inicial de casi $94 mil a partir del 1° de enero de 2021.
Son, en efecto, magnitudes poco habituales incluso para el grueso de asalariadxs registradxs si se considera que en los últimos años los incrementos salariales han venido perdiendo contra la inflación y que el empleo “en negro” no sólo no descendió más allá de un rígido 30 por ciento sino que incluso aumentó como consecuencia de la pandemia del covid-19.
Fueron años, además, en los que las dirigencias sindicales fueron objeto de intentos de desprestigio público y en los que se siguieron consolidando manifestaciones precarias y precarizantes de empleo, con los repartidorxs de plataformas digitales, como ejemplo paradigmático.
Numerosas voces gremiales celebraron los resultados de estas negociaciones, atribuyéndolos a la “lucha sindical” y/o a la “unidad de lxs trabajadorxs”.
No obstante, aunque son variables sin duda relevantes e indispensables, es legítimo suponer que no fueron las únicas que contribuyeron a explicar ese desenlace. Si así fuese, seguramente muchas más organizaciones sindicales, con mayor cantidad de afiliados y en diferentes actividades económicas, obtendrían logros iguales o superiores al momento de acordar paritarias.
En consecuencia, la huelga realizada en diciembre por lxs trabajadorxs aceiterxs se presta para reflexionar sobre los diversos elementos que deben considerarse para analizar la realidad laboral y salarial del conjunto de trabajadorxs del país y, con ella, las desigualdades persistentes entre asalariadxs registradxs y no registradxs, entre quienes desarrollan actividades productivas de diferente relevancia estratégica, afiliadxs a sindicatos con diversas capacidades organizativas, dirigenciales y de confrontación.
Dicha reflexión puede llevarse a cabo problematizando los recursos de poder con que los sindicatos cuentan para tramitar los conflictos entre empleadxs y empleadorxs y para contribuir a mejorar las condiciones materiales de vida de buena parte de la población. Es preciso recordar que la categoría recursos de poder está asociada con los denominados
Estudios sobre la Revitalización Sindical y que ésta perspectiva teórica muchos sindicatos europeos han incorporado en sus programas de formación de dirigentes.
Márgenes de maniobra para defender los intereses de lxs trabajadorxs
Así, los Estudios sobre la Revitalización Sindical indagan sobre los márgenes de maniobra que tales estructuras pueden crear y/o disponer para defender con éxito los intereses de lxs trabajadorxs. Siguiendo la propuesta de Stephen Schmalz (2017), los recursos en cuestión son cuatro: a) recursos de poder estructural; b) de poder organizativo; c) de poder institucional y d) de poder social.
El poder estructural viene dado por la posición de lxs trabajadorxs en el proceso productivo y refiere a su capacidad para discontinuar o limitar los beneficios del capital.
Puede manifestarse vía acción directa en la toma de plantas/establecimientos, paralizando o ralentizando la producción o bien frenando la circulación de mercancías, acarreando en ambos casos altos costos para lxs empresarixs.
A su turno, el poder asociativo es el que resulta de la formación de una organización colectiva por parte de lxs trabajadorxs (Erik Olin Wright, 2000). No sustituye al poder estructural pero en oportunidades puede compensarlo.
Variables que dan cuenta de este poder son la cantidad, la cohesión y la participación activa de los afiliados de un sindicato, la presencia de dirigentes representativos y cuadros técnicos que nutran a la organización con información para elaborar diagnósticos y construir escenarios.
Poe su parte, el poder institucional refiere a la legislación y a las regulaciones surgidas de reivindicaciones, negociaciones y luchas del pasado que así como confieren derechos a lxs trabajadorxs, también limitan o encuadran su accionar dentro de un marco normativo.
Siguiendo nuevamente a Schmalz, esta dualidad hace que las conducciones sindicales puedan tener que enfrentarse a la disyuntiva de priorizar los mandatos de las bases o bien atemperar sus reclamos procurando defender sus intereses a través del juego institucional del que se participa, para no quedar excluidos del mismo.
Por último, el poder social surge de la articulación sindical con otros actores (partidos políticos, movimientos sociales, medios de comunicación) que colaboran en el marco de coyunturas de conflictividad.
Se trata de un poder que en buena medida depende no sólo de la capacidad sindical para construir tal arco de solidaridades con distintos grupos sociales sino también de su capacidad para ofrecer a la opinión pública una narración convincente sobre determinada situación problemática.
Los eficaces recursos de poder estructural
En el caso de lxs trabajadorxs aceiteros, los recursos de poder estructural fueron determinantes para resolver en favor de sus intereses el conflicto planteado durante casi todo diciembre.
La mayor demanda de commodities (soja y maíz, entre otros) observada en los últimos años en el mercado mundial y la subsiguiente tendencia al alza de sus precios, contribuyeron a expandir el complejo oleaginoso doméstico, asumiendo lxs trabajadorxs aceiterxs un rol medular en el control de la exportación de granos y sus derivados procesados.
Este hecho, les confiere una posición privilegiada para negociar condiciones laborales y salariales con sus empleadorxs. De lxs trabajadorxs aceiterxs depende el ingreso al país de buena parte de la oferta de dólares necesaria para asegurar importaciones y gobernar el tipo de cambio.
Abierto el conflicto, estos recursos se potenciaron con aquellos derivados del poder asociativo: si bien el número de trabajadorxs aceiterxs es relativamente menor al que pueden contar otras actividades (camionerxs, metalúrgicxs, bancarixs, empleadxs de comercio, entre otros), el mantenimiento de la acción colectiva a lo largo de tres semanas paralizando las terminales portuarias (e imponiendo altos costos para los buques de ultramar anclados en el río Paraná) difícilmente podría haberse concretado en ausencia de una fuerte cohesión interna de las bases y de dirigentes con capacidad para conducirlas y para negociar tanto con empleadorxs como con autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Incluso la articulación –propia del poder social– entre trabajadorxs aceiterxs y recibidorxs de granos (quienes se sumaron a la medida de fuerza), contribuyó a la escalada del enfrentamiento, a su mayor visibilización y a que se instalase públicamente la necesidad de su resolución en el corto plazo.
La importancia de interrumpir procesos productivos neurálgicos
Sin olvidar, con Maquiavelo, el lugar que en política ocupan virtud y fortuna, de lo expuesto pueden sacarse algunas conclusiones con respecto a las variables que, en Argentina, incidirían en el devenir de los conflictos entre trabajo y capital.
En un contexto de conflicto, lxs trabajadorxs tendrán mayores chances de éxito cuando, en el ejercicio de sus derechos laborales, interrumpan o amenacen interrumpir procesos productivos neurálgicos para la estabilidad cambiaria y la balanza comercial del país.
Quienes dispongan de este poder estructural, podrán negociar, como se apuntó, mejores acuerdos paritarios que aquellos cuya actividad económica no reporte, desde dichos puntos de vista, tal relevancia.
Esta situación parecería ser así incluso para sindicatos con relativamente bajo caudal de afiliados y reducida capacidad de movilización, poco comparables a históricos “pesos pesados” como la UOM o Smata, por dar algunos ejemplos al azar.
No se niegan las bondades ni la conveniencia de que los sindicatos desarrollen recursos de poder asociativo, institucional y social; no obstante, en coyunturas de conflictividad parecerían ocupar un segundo plano o no ser suficientes para compensar las posibilidades que confieren los recursos de poder estructural.
De cara a las negociaciones paritarias que se abrirán en los próximos meses, es deseable que estas líneas contribuyan a internalizar el amplio abanico de factores que intervienen para dar cuenta de la disparidad de acuerdos que puedan alcanzarse.
** Proyecto de investigación “Mercado de trabajo y relaciones laborales en la provincia de Santa Fe: cambios y continuidades en el período 2011-2017 Facultad de Ciencia Política y RRII (UNR)
