Un relevamiento de la Secretaría de Derechos Humanos mostró que en el país hay 604 casos de empresarios despojados de sus compañías por el accionar represor de la última dictadura militar y por ello, en noviembre pasado, el gobierno formalizó la creación de una Unidad Especial sobre delitos económicos.
La metodología, que denunció Lidia Papaleo para explicar cómo los diarios Clarín y La Nación se quedaron con Papel Prensa, es similar a la que sufrieron los dueños de empresas apropiadas: secuestro, amenaza, y firma de cesión de propiedades o acciones a empresas fantasma y venta final a empresas monopólicas o vaciamiento.
El relevamiento, publicado por el diario Tiempo Argentino, pone como ejemplos a Federico y Miguel Gutheim, padre e hijo, dueños de la algodonera Sadeco, que fueron secuestrados en 1976 y forzados a firmar acuerdos económicos con Hong Kong.
Por este caso, el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz cumple prisión domiciliaria.
En tanto, Carlos, Alejandro y Rodolfo Iaccarino eran empresarios lácteos que fueron secuestrados y torturados hasta que –obligados– vendieron sus campos de 25 mil hectáreas en Santiago del Estero y su avión privado, cuyo valor ronda los 120 millones de dólares.
A cambio, la familia recibió tres documentos valuados en alrededor de 300 mil dólares y las escrituras de 28 hectáreas de la cancha de golf del Sierras Hotel de Alta Gracia, que actualmente se encuentra en manos del Alta Gracia Golf Club y que aún reclaman los Iaccarino.
Por su parte, Daniel Paskvan, empresario agrícola, perdió durante la dictadura sus fábricas de Roque Pérez y Lobos, y las acciones de otra empresa en Santa Fe.
El principal objetivo de la Unidad Especial será recabar “de organismos oficiales y no oficiales nacionales e internacionales” toda la información para obtener pruebas de posibles víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica y, de ese modo, crear un registro con sus datos.
Además, el nuevo organismo deberá coordinar las posibles acciones legales y asistir a los requerimientos efectuados por las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal en las causas o en las investigaciones conexas.
Según la resolución 3216/2010, la Unidad Especial también deberá organizar una base de datos con los antecedentes y evolución de cada caso y diseñar estrategias de comunicación para que las víctimas conozcan al organismo y brinden información para identificar a los posibles autores, coautores, cómplices y encubridores y partícipes de los delitos.
En el gobierno descontaron que la primera acción del organismo será lanzar una campaña de difusión.
En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo advirtió que “entre el universo de las graves violaciones a los derechos humanos causadas por el terrorismo de Estado revisten especial importancia aquéllas que tuvieron motivaciones económicas”.
“La apropiación de bienes de personas detenidas, asesinadas y desaparecidas, la apropiación de empresas vía el desapoderamiento de capital accionario de sus titulares a punta de pistola, las quiebras de entidades o la creación de monopolios como el del papel de diarios a fin de favorecer a determinados grupos periodísticos a cambio de silencio, son sólo algunas de las muestras de las aberraciones cometidas”, aseveró.
