«Se han producido cambios que redefinen el panorama audiovisual. Esto expresa la necesidad de incluir la aparición de fenómenos nuevos, que ocupan un lugar importante en las producciones. La necesidad es de que sea una ley inclusiva y que integre las diversas modalidades», dijo a la agencia de noticias Télam Graciela Maglie, referente de Argentores, entidad que representa a los guionistas y que participa de la elaboración del texto que ya está publicado en http://espacioaudiovisualnacional.org.
Hace 27 años, el Parlamento sancionó la reforma de la Ley de Cine de la década del 50, que fue modelo para varias leyes en otros países y puntal para la explosión que vivió el séptimo arte en los últimos tiempos, con presencia en los principales festivales del mundo, en los Oscar y generando miles de puestos de trabajo.
«La ley del 94 fue excelente para ese momento. Los puntos principales son defender la producción nacional a través de la cuota de pantalla a las plataformas, y que contribuyan a realizar más obras audiovisuales nacionales», comentó el productor Hernán Findling, representante de la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (Apima).
La norma vigente creó el Fondo de Fomento que le dio autarquía económica al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), cuyos recursos devienen del 10 por ciento del precio de las entradas de cine y de otro canon que pagan al Enacom los canales de televisión. Un punto a destacar es que, de sancionarse un nueva ley, el usuario no debería pagar ni un centavo más porque el aporte se desprende del IVA.
Sin embargo, la caída en la taquilla y la recaudación, que llegaron a su punto más bajo con el cierre de las salas por la pandemia, sumieron a la industria audiovisual en una crisis de suma gravedad.
Otro punto importante es la denominada cuota de pantalla, es decir la cantidad de producción nacional que debe proyectarse y emitirse. «Esto es para que no terminemos sin poder ver nuestras propias imágenes. Hoy las plataformas no están reguladas en lo absoluto, si producen nacional, es por que les conviene en el negocio, pero no tiene regulación», dijo por su parte Carlos Jaureguialzo, de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC).
Hace 15 días, Francia anunció que el 20 por ciento de la facturación de las plataformas de contenidos streaming en territorio galo deberá ser destinado a producciones locales. Este es uno de los objetivos que tiene el anteproyecto, aunque, como aclararon las entidades, el texto está abierto.
«Esto es un punto de partida. Hay distintas miradas –explicó Martín Desalvo, de PCI–. Queremos una masa critica en el sector que aporte a una ley lo mas abierta posible».
En ese sentido, Findling sostuvo que es necesario que el proyecto llegue al Congreso con el apoyo de todo el sector audiovisual y que por ese motivo se mantienen reuniones con entidades e individuos de todo el país para que el texto se enriquezca y, con consenso, pueda tener el apoyo político necesario.
Más allá del aspecto económico, también se prevén algunos cambios en el funcionamiento del Incaa, que pasaría a llamarse Inaa (Instituto Nacional de Artes Audiovisuales), aunque también este punto puede ser debatido.
«Hablamos que el gobierno del Incaa tenga un directorio. Proponemos cambios en la política del instituto. Otra es que lo federal tenga una injerencia más grande y que se tenga en cuenta la paridad de género y las minorías, algo que deben tener las leyes modernas», dijo Jaureguialzo.
«El instituto –señaló Findling– hoy funciona, pero casi nunca estuvo activo el Consejo Asesor, que debería ser un órgano de cogobierno. Debe ser un directorio adentro del Incaa y que cogobierne, además del Consejo Federal. En ambos espacios van a estar representadas las provincias».
Además, uno de los históricos reclamos de Argentores, y que cambia en el nuevo texto, es la nula representación de los guionistas en la ley del 94. «Aspiramos a tener un lugar en el Consejo Asesor (en la nueva ley sería Consejo Directivo) del Incaa para definir políticas de fomento que tengan que ver con nuestra actividad y a que exista de forma implícita el fomento a la escritura. Creo que es obvio que sin guion no hay proyecto», expresó Findling.
«Hay voluntad política. La vemos. Se tiene que pensar al audiovisual en su complejidad, en el mediano y largo plazo. Nosotros estamos haciendo ese trabajo y lo que queremos es que salga no por mayoría sino por unanimidad, como la del 94», sostuvo Desalvo.
«Se lo hemos alcanzado al Enacom –comentó Jaureguialzo–, al Ministerio de Cultura y a varios legisladores. Estuvimos un año laburando, en silencio. Cuando empezábamos a escribir este borrador, tuvimos una reunión con (el ministro de Cultura, Tristán) Bauer y (el presidente del Incaa, Luis) Puenzo, y Bauer nos dijo: «Hay que hacer una nueva ley»».
Findling es de la misma opinión: «Ya hubo charlas con legisladores y tuvieron buena recepción, Veremos quién lo tomará como bandera. Puede ser un proyecto que rompa la grieta. Nadie lo tomó como algo negativo, porque básicamente es más trabajo y un ingreso muy valedero de divisas».
«No nos pusimos una fecha para presentarlo, pero sí creemos que sería bueno que salga pronto –dijo Desalvo–. Se tomará el tiempo que se tenga que tomar. Tenemos que ser serios y darle el tiempo que se merezca».
