Distintas Universidades Nacionales que trabajan en cárceles de todo el país emitieron este miércoles un comunicado conjunto para expresar su “profunda preocupación” por la situación que se vive dentro de los penales respecto a la pandemia Covid-19. Sólo en Santa Fe la crisis penitenciaria dejó en estos días un saldo de al menos cinco muertos y siete heridos en el marco de reclamos simultáneos. Las personas privadas de la libertad exigían medidas básicas de seguridad por parte de los empleados para evitar contagios, además de elementos de higiene y comida, ya que al suspenderles la entrega de paquetes hasta una nueva organización se agravaron las condiciones de detención, ya degradadas por la sobrepoblación y el hacinamiento.
“En el actual contexto nacional de emergencia sanitaria, que involucra importantes y necesarias medidas de prevención frente a la pandemia, la situación impacta de forma particularmente grave en las cárceles dependientes de los servicios penitenciarios provinciales y federal”, reza el comunicado emitido por la Mesa Interuniversitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro que integran programas y proyectos de distintas universidades del país.
“A una situación generalizada y, en los últimos años, cada vez más grave, de hacinamiento, superpoblación y deficiencias importantes en el acceso a derechos como la alimentación, la higiene y la salud, se suman hoy profundas dificultades para garantizar las condiciones necesarias para prevenir una enfermedad viral altamente contagiosa como el Covid-19”, agrega.
Los académicos destacaron que se está ante una situación de “urgencia” a partir de datos relevados por sus propios vínculos con la población penal y destacaron que la situación desencadenó en los últimos días además de vínculos de solidaridad dentro de las cárceles, “protestas y represiones” entre las que incluyen los cinco homicidios del lunes en penales santafesinos.
“En virtud de prevenir posibles escenarios de conflicto en los que la salud y la vida de la población privada de la libertad y del personal penitenciario puedan correr peligro, queremos hacer un llamado a las distintas autoridades nacionales y provinciales a que tomen acciones inmediatas”, dijeron en el texto para referirse a aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.
Al respecto proponen cinco recomendaciones:
–Impulsar medidas judiciales y procedimientos ejecutivos para la reducción de la superpoblación y el hacinamiento a través de mecanismos que permitan a las poblaciones de riesgo y a quienes ya acceden a salidas transitorias o regímenes de semilibertad transitar la emergencia sanitaria fuera de las cárceles. Diseñar y aplicar a su vez otros tipos de medidas que atenúen la prisionización y reduzcan la superpoblación y el hacinamiento, limitando por ejemplo las prisiones preventivas y permitiendo libertades anticipadas en casos de delitos no violentos.
–Garantizar rápidamente las condiciones de prevención del Covid-19 en las unidades penales, en favor tanto de los detenidos como del personal penitenciario. En tal sentido, debe garantizarse la provisión de insumos sanitarios de prevención, de higiene y de limpieza, y controlar que efectivamente lleguen a quienes están destinados, y aplicar protocolos de ingreso y circulación interna.
–Prestar especial atención al abordaje integral de la salud de los detenidos siguiendo las recomendaciones de profesionales y especialistas del campo de la medicina y la salud mental, sobre las medidas a adoptar para situaciones de confinamiento masivo. Deben recibir especial atención aquellas personas que son calificadas como población de riesgo (mujeres embarazadas, pacientes inmuno deprimidos, mayores de 60 años y con patologías preexistentes), sobre todo teniendo en cuenta que son las propias condiciones de encierro las que mayormente provocan o intensifican enfermedades (como HIV y tuberculosis) y afectan la salud mental de la población encarcelada.
–Proveer de alimentos adecuados e insumos para la higiene personal y la limpieza de los espacios por parte de los servicios penitenciarios y arbitrar los medios para que los familiares acerquen mercadería atendiendo al cumplimiento de las medidas de aislamiento obligatorio como la asignación de turnos, evitar las filas largas y disponer de todos los instrumentos de salubridad para el contacto personal. En tal sentido considerar los medios y permisos de circulación necesarios a través de las instituciones correspondientes para que los familiares puedan llegar a las unidades penales.
–Propiciar los canales de comunicación –telefónicos y virtuales– de los detenidos con sus familiares y círculo afectivo de manera de contribuir a mantener el contacto en esta situación excepcional de emergencia sanitaria y aislamiento social.
