El próximo jueves el Senado provincial introducirá modificaciones a la ley electoral 12367 de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias fijando un piso de 3 por ciento de los votos válidos y afirmativos para que los partidos, alianzas o frentes electorales que se presenten en primarias puedan hacerlo en la general. Esta modificación es original del proyecto autoría del senador Alcides Calvo (PJ) y cuando pasó por la comisión de Asuntos Constitucionales sus colegas le sumaron un cambio en el artículo 2º que regula la integración de la lista a la hora de proclamar los candidatos a concejales y diputados provinciales, eliminando el sistema de reparto proporcional D’Hont como regla y reemplazándolo por el método que indique la carta orgánica de cada partido o el reglamento del Frente o Alianza que se trate.
Publicidad
Al mismo tiempo el Poder Ejecutivo está abriendo un debate (por ahora sin proyecto de ley) en torno a la ley de financiamiento de espacios publicitarios electorales o Ley Rubeo. En este caso la norma votada en 2012 copia el espíritu de una anterior sancionada en el Congreso de la Nación, pero presenta dificultades de instrumentación.
En el caso de Santa Fe prohíbe que los partidos o frentes contraten publicidad electoral por sí mismos. La Casa Gris, después de dos años de consultas con la Secretaría Nacional Electoral, que es el organismo que define y asigna los espacios publicitarios en los medios (no el Afsca como suele creerse), afirma que es impracticable en las actuales condiciones. “O levantamos la prohibición de contratar publicidad como establece el artículo1º de la ley o buscamos otra salida”, afirman en el Ministerio de Gobierno.
Sería muy largo de detallar aquí, pero la maraña de complicaciones que se presentan a simple vista resulta inasible. Además del costo para el Estado (en 2013 sólo para concejales y comisiones comunales se usaron 24 millones), resulta dificultoso garantizar espacios gratuitos para todos los candidatos, de todas las categorías electorales (gobernador, senador, diputados, intendente, concejales) en todos las radios y canales de cable de cada pueblo y ciudad, con la particularidad de que no todos tienen un canal local y entonces cada señal tendría que pasar la publicidad de los candidatos de su localidad, pero también de todas las demás a las que tiene llegada.
Piso de votos
Establecer un piso de votos tiene sentido para evitar la proliferación de listas, circunstancias que Santa Fe ya vivió con la ley de lemas y que por las circunstancias actuales, en las que el Estado imprime las boletas, garantiza espacio publicitario y además paga los votos, es muy factible que se profundice. Se dice que también fortalece a los partidos porque obtura el camino a los que para evitar la interna van por afuera.
En el fondo lo que hace es igualar la ley 12367 (reemplazó la ley de lemas por el sistema de primarias, abiertas obligatorias y simultáneas) con su similar de la Nación. La única diferencia entre el cambio que se promueve con la ley nacional es que ese 3% de piso que se quiere exigir acá es 1,5% a nivel nacional. La explicación es que en la provincia ya hay una ley, la 9280, que establece ese porcentaje mínimo para poder entrar en el reparto de cargos electivos, requisito que generó polémicas porque impidió el ingreso de Carlos del Frade en 2011 a la Cámara de Diputados y años antes de Elbio Martínez al Concejo de Rosario.
Integración de listas
La reforma del artículo 2º tiene más objetores. Hay quienes opinan que el cambio obstaculiza la participación de grupos minoritarios, que son los que resisten a quedar sujetos a la carta orgánica de los partidos a la hora de conformar la lista para la elección general, que por lo general son más desventajosas que el sistema D´Hont vigente hoy, y en no pocas ocasiones son modificadas por mayorías circunstanciales según las necesidades de la mayoría de turno. La carta orgánica del PJ establece el sistema D’Hont como método de integración de la lista. Por el contrario, para las elecciones de diputados nacionales en Santa Fe el Frente Amplio Progresista en 2011 adoptó como reglamento la carta orgánica de la UCR, que a causa del piso de votos que exige a la minoría dejó afuera de la lista que compitió en las generales al Germán Palo Oliver, que encabezaba la lista opositora a la de Hermes Binner y Mario Barletta, y que podría haber ingresado si la ley nacional mandase hacerlo por sistema D’Hont.
Cruces en el Frente Progresista
Esta polémica en torno a las modificaciones electorales generaron un cortocircuito de magnitud en la mesa chica del Frente Progresista después de que el tema y todas sus aristas debatidas y analizadas en la primera reunión que se hizo tras la finalización del Mundial aparecieran en medios de comunicación como un intento de sectores del socialismo y el radicalismo por modificar a su conveniencia la boleta única. El tema requirió que el gobernador y su ministro de Gobierno tuvieran que salir a negar que el Ejecutivo impulse esa reforma (ver aparte), al igual que distintos referentes de la UCR y el resto de los partidos que integran el FPCyS. También la oposición aprovechó el momento para dar por hecho que se estaba ante un intento de manipular la ley electoral.
En el Frente Progresista todas las miradas se posaron sobre Germán Palo Oliver, quien en esa reunión participaba por primera vez de la mesa chica en representación de Cauce, grupo que se opone a las reformas electorales en tratamiento.
A su vez Mario Barletta quedó en off side. El presidente de la UCR apadrinó la ampliación de sillas a sectores minoritarios del Frente que adhieren a la corriente interna de la cual él será el candidato a gobernador, entre ellos Cauce y el grupo de radicales de la UNR (cuyo representante ese día no estuvo presente).
El incidente mostró que la declamada institucionalización del Frente Progresista enfrenta dificultades instrumentales. Todo indica que la próxima reunión volverá a ser tan chica como era, o al menos alguna cara cambiará.
La boleta única, sin cambios
El gobierno provincial (gobernador y ministro de Gobierno) descartó de plano que se impulse la modificación de la ley de boleta única. El tema dio vueltas y se viene analizando desde el día posterior a las elecciones de 2011, cuando el partido que gobierna se quedó en minoría en ambas cámaras legislativas.
Si bien pegar los cuerpos de gobernador y diputados atentaría contra el espíritu de la boleta única, lo que ocurrió en 2011 fruto de la aplicación de la boleta única está a contramano del espíritu de la Constitución provincial de 1962. La Carta Magna no lo dice explícitamente, pero los constituyentes otorgaron una mayoría automática de 28 de las 50 bancas de diputados al ganador de la elección para garantizar un piso de gobernabilidad al Ejecutivo. Eso hizo que en 2011 el PJ se llevó 28 bancas, el FPCyS 15 y el PRO 7. Si ese reparto hubiera sido proporcional, el PJ se hubiera quedado con 21 bancas, el Frente con 20 y el PRO con 9. En tren de forzar interpretaciones se podría decir que la Constitución casi termina garantizando todo lo contrario de lo que pretendía.
Mientras había boleta sábana era imposible que un partido ganase la categoría gobernador y otro la de diputados. La boleta única lo hizo posible y, combinada con el mandato constitucional de mayoría automática, puso a la provincia en una situación más que compleja. De no ser por la capacidad de construir acuerdos que demostró el gobernador Bonfatti, del particular momento de dispersión que vive el justicialismo, suficientes recursos en el Estado y la confluencia de intereses y conveniencia de todos los actores, Santa Fe bien podría estar viviendo cuatro años de incendio institucional desde la mañana a la noche.
Más allá de las lógicas que pueda tener cada planteo, el gobierno rechazó impulsar la reforma a la boleta única. La balanza ya se inclinó tanto en el oficialismo como en la oposición por, frente al dilema, respetar el espíritu de la boleta única.
