El Senado comenzará a discutir este viernes en comisión un proyecto de ley propuesto desde el Frente de Todos para investigar presuntas irregularidades en la relación crediticia entre el Banco Nación y la empresa cerealera Vicentin, cuya intervención fue anunciada por el presidente Alberto Fernández.
La titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun, convocó para el viernes a las 14 a una reunión por videoconferencia e incluyó en el temario un proyecto de ley del senador Oscar Parrilli, que propuso crear una comisión bicameral para investigar supuestos ilícitos en Vicentin.
Parrilli presentó el 30 de abril pasado un proyecto de ley que propone crear una comisión bicameral investigadora de presuntas irregularidades que pudieron haber existido en la relación crediticia entre el Banco Nación y la compañía cerealera.
En caso de aprobarse su creación, la comisión bicameral estará integrada por legisladores de ambas cámaras para determinar si el Banco Nación cumplió los procedimientos correspondientes para los otorgamientos de los préstamos y sus refinanciaciones y si actuó en cumplimiento de la normativa vigente por el Banco Central.
En el segundo artículo, dispone que se dilucide también si el Banco Central, en su condición de organismo regulador, «ha efectuado el control correspondiente en el marco de sus funciones regladas».
La iniciativa hace hincapié en la denuncia por defraudación contra el Estado nacional que se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10 y que involucra a Guido Sandleris, quien fue presidente del Banco Central de la República Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri.
La Bicameral propuesta por el senador oficialista debería investigar la posible «defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida en los últimos cuatro años».
Entre sus facultades, Parrilli propuso conocer «si existieron movimientos de fondos entre empresas vinculadas efectuando posibles maniobras espurias a efectos de ocultar y/o simular la verdadera realidad económica, de provocar el déficit económico y financiero que ocasionaron el proceso concursal».
También abogó por «la detección de posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control».
La Comisión «deberá indagar si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país y/o en el exterior, ejecutadas por los directivos y/o responsables, si evadieron tributos y otros compromisos fiscales, dejando de ingresar a las arcas estatales, ya sea a nivel nacional, provincial y/o municipal, montos correspondientes a sus obligaciones tributarias».
Parrilli aclaró que se busca comprobar «si han efectuado giros o movimientos financieros a sus vinculadas en el país y/o en el exterior, afectando dolosamente los ingresos públicos».
En la reunión convocada para este viernes, los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales también discutirán proyectos de senadoras del oficialismo que otorgan jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de los derechos humanos de las personas mayores, adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) el 15 de junio de 2015 y aprobada por ley 27.360.
