El senador Lisandro Enrico conoce a Maximiliano Pullaro desde su época de estudiante universitario en Rosario, cuando él iniciaba la carrera de Derecho y el gobernador electo transitaba los estudios de Ciencias Políticas. También los une la militancia en la juventud radical de aquella época y la pertenencia al departamento General López. Por esa relación tan estrecha es que suena como número puesto para el Ministerio de Infraestructura y es uno de los que articula el proceso de transición abierto con la administración actual.
De cara a un fin de año complicado en materia económica, donde los índices inflacionarios tienen tendencia alcista y la actividad económica tiende a resentirse, en el marco de un Estado que pierde la solidez financiera que supo tener en años anteriores, los enviados de Pullaro a la mesa de transición ponen el acento en no comprometer recursos extra para un año que puede resultar complicado para el complejo equilibrio entre recursos y gastos.
En diálogo con El Ciudadano, Enrico explicó el contexto que vislumbra para los próximos meses: «Tenemos un panorama complicado nacional, y obviamente impacta en Santa Fe, donde hay un escenario de déficit entre los ingresos y los gastos corrientes desde el mes de mayo. Después hay una deuda flotante que está, siempre estuvo, pero hay que pagarla, y un diciembre en el que tenés sueldos, aguinaldos y una pauta salarial que se viene actualizando por inflación. La viene copiando con delay de un mes, pero la tenés que pagar. Eso es una realidad. Y después tenés un mes de enero, donde hay una caída de la recaudación, históricamente, donde la gente se va de vacaciones, hay menor actividad comercial y menores ingresos. Y eso hasta febrero, marzo, no se regulariza. Es una realidad».
El jueves pasado se realizó la segunda reunión general entre los representantes del gobierno entrante y el saliente, de la que participó Enrico. «La información es un tema que tiene que ir fluyendo, se reclamó, se pidió, y también la van dando. No es que tenemos toda la información sobre la mesa, pero va apareciendo y eso nos permite ir viendo algunas situaciones. En base a esa información, vamos viendo lo que tenemos que ir preparando», explicó sobre el proceso que finalizará el día de la asunción de Pullaro, el 10 de diciembre.
Entre los puntos que se acordaron figura la prórroga en la presentación del Presupuesto 2024 hasta el 15 de noviembre, por encima de los plazos previstos en la Constitución. En cuanto a las obras públicas, el representante de Pullaro pidió no avanzar en aquellas que comprometan a la futura administración, pero dio vía libre para «no demorarse» en las obras previstas para prevenir inundaciones.
Sobre el proceso de transición en general, explicó: «Hay buen clima, es constructiva, es colaborativa, no hay chicanas. Obviamente por ahí tenemos contrapuntos en algunas cuestiones, como cuando aparecen decretos en el Boletín Oficial con designaciones en planta, fuera de lo que son los acuerdos paritarios. Esas son cuestiones que nosotros ya dijimos que hacemos una reserva de no legitimarlo una vez que ingresemos».
Sobre el proceso que derivó en la situación actual de retracción de ingresos en la provincia, y su relación con la obra pública, explicó: «El año pasado, antes de la sequía, con los bonos cobrados por parte del Estado, el gobierno tenía un panorama distinto, con menor nivel de inflación, alta pero previsible, y encaró una serie de obras, pero después se encontró en diciembre con sequía, caída de la recaudación, la inflación, que pensaban que iba a ser 4% en febrero fue 7% y empezó a acelerar. Aumentó la inflación, aumentó la demanda salarial, y cuando aumenta la inflación también aumenta cualquier costo de obra pública. Ahí se desestructuró todo el esquema de gobierno. Por eso cayó la recaudación, aumentaron los gastos de personal y los costos de las obras y de los insumos». Y ejemplificó: «Vialidad venía certificando el año pasado, cuando empezó a cobrar los bonos para hacer obra pública, entre 6.000 y 7.000 millones de pesos por mes, certificando obras para pagarle a los contratistas. En el mes de abril bajó abruptamente a 1.700 millones. Entonces, eso te da la pauta de cómo mermó el ingreso».
Enrico también asumió el diálogo con la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, área en la que, aunque no fue confirmado oficialmente, aparece como el responsable del futuro gobierno. El actual senador por el departamento General López rescata el «buen nivel de diálogo y la cordialidad en el trato» con la funcionaria del área, a quien sí le pidió «para la pelota» en áreas «que son autónomas» como Vialidad y Vivienda. También explicó que en el plan del actual gobierno no está la autopista Rosario-Santa Fe, algo que considera «importante» y prioritario.
Enrico también aclaró el aspecto normativo en el que enmarca el proceso de transición: «Acá hay un tema legal. La ley de Responsabilidad Fiscal te marca un plazo: seis meses antes de la entrega de un gobierno la administración saliente no puede tomar medidas por fuera de lo que es el giro normal de una administración. Es decir, medidas que impliquen comprometer a la nueva administración. Entonces, si estás nombrando gente para un cargo vitalicio de alto costo, que no son acuerdos de los empleados que vienen contratados y pasan a planta, todo lo que va por fuera de eso, no. O si quieren adjudicar rápidamente una obra, bueno, esperemos a ver si realmente esa es la prioridad de gobierno, o son otras las necesidades más urgentes. Estas cuestiones las hablamos, pero siempre en un buen clima».
Por último, Enrico señaló que le parece «bueno mostrarle a la sociedad un clima respetuoso entre un gobierno que se va y uno que entra», pero advirtió: «Eso no quiere decir que nosotros cuando asumamos como gestión no le digamos a la sociedad santafesina cuál es el estado de las cuentas públicas. Esto es lo que nos encontramos. El estado financiero, el estado de los compromisos, la deuda flotante, etc».