La Multisectorial por los Humedales de Rosario se reunió con la Defensoría del Pueblo de Santa Fe ante “la falta de respuesta del gobierno provincial” al pedido de informe sobre las obras planeadas para la región de los Bajos Submeridionales, en el noroeste del territorio santafesino. La presentación se hizo el pasado 23 de octubre y conformó el “primer documento” de la comisión de Legales de la Multisectorial, debut que por su importancia simbólica se resolvió acompañar con un reducida movilización de acompañamiento. La presentación se basa en un vasto andamiaje legal, en particular en el Acuerdo de Escazú, al que la Argentina ratificó el pasado 24 de septiembre: su nombre completo es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, y obliga a los Estados parte a atender con premura los pedidos en ese sentido. Por ello la requisitoria de la Multisectorial es insoslayable para la Casa Gris, y de ahí resolvieron acudir –primero– a la Defensoría.
La Multisectorial considera que hubo una “respuesta nula” por parte del Estado santafesino a la solicitud, y sus representantes se reunieron este viernes miembros de la Defensoría del Pueblo. El encuentro tuvo por objeto “acordar acciones conjuntas en pos de una respuesta a algo tan básico como el acceso a la información”.
La requisitoria formal de octubre se montó a partir de una docena de particulares miembros de la Multisectorial, quienes, con el patrocinio de dos de los abogados que la integran, Lucas Micheloud y Rafael Colombo, pidieron conocer la información sobre el convenio rubricado el 20 de febrero de 2018 entre las provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero “para la creación del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales”, con copia también del nuevo convenio firmado a principios del presente año; copia del Plan de Manejo de los Bajos Submeridionales “en el estado de avance en que se encuentre”; copia de “los documentos elaborados por el equipo interdisciplinario” creado por la ley 13.225, aprobada en 2011 –cuyo objeto es “la utilización racional y sustentable de los recursos naturales en el ámbito de los Bajos Submeridionales, protegiendo los humedales naturales y ecosistemas existentes”– y un detalle de las obras planificadas en ese marco, de los proyectos en los que se enmarcan, las jurisdicciones y reparticiones involucradas, las licitaciones en curso o aprobadas, las personas o empresas que se presentaron a ellas, y el financiamiento previsto.
También piden información relativa a los estudios de impacto ambiental sobre el o los proyectos en marcha o planificados, si se hicieron audiencias públicas sobre esas obras, y de los fondos aplicados o previstos para concretarlas.
Por último, la Multisectorial pide en detalle conocer si el Estado provincial “elaboró un Plan de Manejo del Fuego para el territorio comprendido por los Bajos Submeridionales, como así también aquellas áreas que se sitúen en sus límites o adyacencias” conforme a la ley nacional 26.815 (de creación del Sistema Federal de Manejo del Fuego); información sobre si existen “planes de restauración del suelo y reforestación de las áreas dañadas por los incendios” en la zona de los Bajos Submeridionales y en las adyacentes a ese Humedal y, finalmente, “información sobre si se realizó la correspondiente investigación sobre las causas que dieron origen al fuego en el norte de la provincia de Santa Fe y si se encontraron a los responsables” de provocar esos incendios.
En la presentación misma los letrados representantes de la Multisectorial formularon dos reservas. Una, la de “promover la pertinente acción judicial por la eventual falta de respuesta o ante una respuesta parcial”; y la segunda “de concurrir ante la Justicia en procura de una protección del medio vulnerado”, si la respuesta en sí daba cuenta de “una violación a la normativa de protección al medio ambiente”.
Por lo pronto, ahora se efectiviza la primera presentación para reclamar la concreción del pedido original.
Naturaleza muerta
Desconocidos para un vasto conjunto de habitantes de la provincia, los Bajos Submeridionales son un gigantesco pantanal que ocupa un área que extiende hacia tres provincias, y que en territorio santafesino fue intervenido a mediados de la década del 90 por el gobierno de Carlos Reutemann.
En ese marco, el colectivo que se formó originalmente como réplica a las quemas en el Alto Delta del Paraná –que desde el pasado 1º de enero a esta parte han sido las peores en la historia, devastando unas 350 mil hectáreas– también busca indagar si el Estado provincial tiene prevista alguna “acción reparatoria”, ya que, un cuarto de siglo después de obras hidráulicas entonces desaconsejadas por completo desde la Universidad Nacional del Litoral, ahora el humedal está sujeto también a quemas presuntamente intencionales.
La región conforma un área gigantesca de tierras bajas, con poca o nula pendiente, que durante meses por cada ciclo anual se convertían en un vergel. Son unos 8 millones de hectáreas, parte del norte de la provincia de Santa Fe, el sur de la provincia del Chaco y el sudeste de Santiago del Estero, dentro de la llamada cuña boscosa y la llanura chaqueña.
Durante las temporadas de sequía se pueden asemejar a un páramo con pocos cursos y espejos de agua, pero a poco de comenzar los períodos lluviosos se convertían en una exhibición multicolor de flora y fauna: yacarés, flamencos, patos, peces, irupés, camalotes, y más vegetación acuática eran sólo una parte de una interminable lista de especies que migran hacia allí o aprovechan las nuevas condiciones para su ciclo reproductivo.
Pero a mediados de los 90, presuntamente con el objeto de extender la frontera agropecuaria, se tendió una red de canales para desagotar. Las consecuencias fueron desastrosas: si bien se montó un sistema de esclusas para regular el flujo, fueron vandalizadas, y una extensa parte del Humedal se fue secando. Después del vaciamiento, apenas dos o tres años el suelo húmedo fue fértil. Todo se terminó cuando comenzaron a aflorar hacia la superficie otros componentes salitrosos, en un proceso de desertificación que llevó al gobierno de Hermes Binner (2007-2011) a analizar la factibilidad de una obra inversa: recrear la inmensa pileta para que se volviera a llenar.
Pero ahora, según marcó la Multisectorial, “lejos de avanzar en una restauración, se propone un proyecto de obras hídricas del que se tiene poco o nulo conocimiento”.
Además, “se desconoce la realización de informes de impacto ambiental o audiencias públicas que aseguren el derecho a la información y la participación ciudadana”.
“A la fecha se desconoce intención alguna de remediación, reforestación o acciones en pos de brindar atención y salvataje a la fauna afectada. El plazo que tiene el gobernador Omar Perotti para dar respuesta a este pedido vence este 2 de diciembre”, concluyó la organización.
