Los jueces de la sala II de la Cámara Federal de La Plata que anuló el tarifazo en boletas de gas, rechazaron el pedido del gobierno para suspender los efectos del amparo, por lo que no se podrán aplicar los aumentos hasta que la Corte Suprema resuelva la cuestión de fondo.
Una semana atrás, el tribunal platense hizo lugar a un amparo iniciado por una entidad de usuarios y anuló el ajuste en las boletas de gas, pero el gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte y pidió la suspensión de los efectos de la medida.
Sin embargo, los magistrados desecharon el pedido del gobierno y ratificaron la resolución judicial que obliga a las empresas distribuidoras a mantener las tarifas vigentes hasta marzo pasado, en el marco de un amparo iniciado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis).
Con el amparo colectivo, esa entidad pidió que deje sin efecto las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía de la Nación y que se retrotraiga la situación tarifaria a la existente previamente.
De este modo, no tendrán validez los aumentos decididos por el ministerio que comanda Juan José Aranguren, a los que se decidió poner un tope del 400 por ciento en el caso de usuarios residenciales y del 500 por ciento para los comercios.
“No hacer lugar”
En su resolución, los jueces decidieron: “No hacer lugar a la petición de los demandados para que se otorgue carácter suspensivo a la mera interposición del recurso extraordinario”.
“La mera interposición del recurso extraordinario por el Estado nacional no afecta la fuerza de la sentencia definitiva de esta Cámara, ni suspende su ejecutoriedad, tal como lo ha sostenido esta Sala en los múltiples caso”, indicaron en la resolución los jueces Leopoldo Schiffrin, César Álvarez y Olga Calitri.
Además, consideró que corresponde ordenar al Estado nacional que convoque a una audiencia pública en el marco del trámite que precedió a las resoluciones 28/2016 y 31/2016, a fin de garantizar los derechos de usuarios del servicio público de gas natural y, de esta forma, posibilitar la participación ciudadana consagrada constitucionalmente.
En el pronunciamiento, los jueces señalaron que el pedido de suspensión de la resolución originaria fue firmado por el ministro de Energía, Aranguren; María Valeria Mogliani, directora general de Asuntos Jurídicos de esa cartera, con el patrocinio letrado de la subprocuradora del Tesoro de la Nación, Susana Elena Vega.
Macri no escuchó el ruido de las cacerolas
El presidente Mauricio Macri evitó referirse ayer a las protestas por el aumento de tarifas, al encabezar el lanzamiento del plan nacional de Juventud en el barrio porteño de Villa Devoto. Acompañado por algunos ministros de su gabinete, el mandatario no se pronunció respecto “ruidazo” que se realizó el jueves por la noche en distintos puntos del país para repudiar los incrementos en las tarifas de los servicios de luz, gas y agua.
Por su lado, el diputado nacional por Cambiemos Pablo Tonelli criticó el “cacerolazo” y consideró que esa protesta “no hace falta” porque el gobierno “está abierto al diálogo”.
En tanto, el diputado por el Peronismo para la Victoria bonaerense Fernando Navarro justificó la protesta contra el “tarifazo”, por entender que “es un saqueo institucional al bolsillo”.
