Por Lucila De Ponti
Durante los próximos dos meses la Cámara de Diputados de la Nación (y especialmente quienes firmamos y apoyamos el proyecto de reconocimiento del derecho al aborto legal, seguro y gratuito impulsado por el movimiento de mujeres argentinas) estaremos frente a un desafío trascendente: el de sostener el escenario de debate que nutra de contundencia y visibilidad al bagaje de argumentos que justifican la conquista de un nuevo derecho, y la cristalización del mismo en la discusión y posterior votación de este proyecto de ley en el verdadero escenario donde se sellan con tinta de institucionalidad los derechos que la sociedad va construyendo en el llano.
Desde aquel pañuelazo del #19F a estos días se han derribado algunos mitos que cercaban la posibilidad de atravesar esta discusión. La mayor parte de la sociedad conoce o maneja algún grado de información con respecto al tema, es consciente de que una porción importante de las personas con capacidad de gestar han tomado la decisión de llevar a cabo un aborto, y hasta las encuestas dicen que entre un 40% y un 60% de la población aprueba la despenalización de esta práctica y la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar las condiciones de seguridad para realizarla.
Parece que al romper el tabú en torno a la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo la política (lxs politicxs) hubieran despertado a una realidad que se les escapaba o que elegían no mirar.
Sucede entonces que al poner sobre la mesa los datos de la realidad (cantidad de abortos anuales, cantidad de internaciones y muertes por abortos inseguros), la perspectiva del derecho y la vasta experiencia internacional que avala la meta de mejores estándares sanitarios en los países donde el aborto es legal, quienes hasta ayer sostenían una posición negadora frente a la posibilidad mínima de debatir hoy están aprendiendo que en Argentina hay una realidad sobre la cual es imperioso legislar y que hablar de eso no representa ningún pecado. Desde que el aborto dejó de ser un tema tabú hay cada día más voluntades que acuerdan en la necesidad de legislarlo.
El desafío que tenemos, entonces, es el de llevar estos argumentos al contexto de la institucionalidad que representa el debate parlamentario. Llevarlo a través de las mejores voces, que no son las nuestras, sino las de cientos de personas que durante tanto años han construido saber y conocimiento desde la práctica concreta, desde el estudio de la norma y la creación de nuevas normas posible que expresen la ampliación de derechos, desde el lugar de haber asumido la responsabilidad de hacerle frente a una realidad que efectivamente existe.
Sobre esas voces nos sostendremos, pero después sí es nuestra hora como legisladores. La de sentarse en la banca y apretar el botón en una fecha próxima que no trascienda el plazo acordado. Porque los argumentos existen y la premura también, así como también existe la convicción de conquistar este derecho y no permitir que quienes nunca fueron –ni tampoco son hoy– defensores de los derechos de las mujeres usen nuestra agenda de demandas como un cliché para evadir la atención pública de problemáticas igual de fundamentales para nuestro país. Quedará en la conciencia de cada legislador votar de acuerdo a las necesidades de la sociedad en un tema que exige la ampliación de derechos y la participación activa del Estado para intervenir en un asunto de salud pública, o en hacerlo siguiendo prejuicios o creencias personales que no deberían anteponerse al rol institucional que el voto popular nos ordena desempeñar. Una oportunidad se presentó y vamos a tomarla, sin dilaciones ni contratiempos innecesarios. En una fecha próxima, que no está muy lejos ni es imposible, que está por llegar, el día que decir aborto suene a legal.
* Diputada nacional del Movimiento Evita
